Trujillo pretende usar un índice «ilegal» para actualizar las rentas
LA LAU SÓLO PERMITE UTILIZAR EL IPC GENERAL. LA MINISTRA QUIERE USAR UN DATO SUPERIOR
SORAYA DE LAS HERAS
Si sorprendente es que en los borradores de contratos previstos por el Ministerio no se haga una alusión, ni de pasada, a los tan mencionados seguros con los que Trujillo ha afirmado contará la Sociedad Pública del Alquiler (SPA), más sorprendente resulta todavía el hecho de que en esos documentos haya cláusulas que, directamente, van contra la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que es la normativa por la que se rigen los alquileres.
Es lo que ocurre, por ejemplo, con la estipulación séptima del contrato de arrendamiento. Hace referencia a la actualización de la renta y, según refleja textualmente el borrador, dice: «La renta podrá ser actualizada en la fecha en que se cumpla cada año de vigencia del contrato, aplicando a la renta en vigor la variación porcentual experimentada por el Índice de Precios de Consumo, sector viviendas en alquiler -publicado por el Instituto Nacional de Estadística- en el periodo de los doce meses anteriores a la fecha de cada actualización, tomando como mes de referencia para la primera y sucesivas actualizadas el que corresponda a la fecha de celebración del contrato. La cantidad que resulte de cada revisión se considera renta a todos los efectos».
Aplicación imperativa
Pues bien, este punto es incorrecto, según el artículo 18 de la LAU. «La actualización de la renta en los primeros cinco años de vigencia del contrato ha de hacerse en la forma dispuesta aplicando el Índice General Nacional del Sistema de Índices de Precios al Consumo. Lo dice el artículo 18 de la LAU y es de aplicación imperativa», señalan desde el despacho de abogados Echeandía & Alevito.
«El artículo 18 de la LAU es muy claro y no autoriza otros índices durante los primeros cinco años de alquiler. Otra cosa es lo que ocurra a partir del sexto año. Ahí sí pueden actualizarse las rentas con otros índices y eso deberá estar previsto en el contrato», dicen fuentes de Sanz Vinuesa & Asociados.
El citado artículo de la LAU no deja lugar a dudas -ver extracto en el gráfico adjunto-. Además, efectivamente, «a partir del sexto año de duración la actualización de la renta se regirá por lo estipulado al respecto por las partes y, en su defecto, por lo establecido en el apartado anterior», dice la ley textualmente.
Asimismo, según el artículo 6 de la misma norma, «son nulas, y se tendrán por no puestas, las estipulaciones que modifiquen en perjuicio del arrendatario o subarrendatario las normas del presente Título, salvo los casos en que la propia norma expresamente lo autorice».
Que la máxima autoridad de Vivienda en España desconozca la ley por la que se rigen los arrendamientos resulta cuanto menos chocante. Por otro lado, cabe destacar que, curiosamente, el índice que pretende usar el Ministerio es sensiblemente superior al IPC. En concreto, el Índice de Precios de Consumo General es de un 3,4%, mientras el Índice de Precios de la Vivienda en Alquiler se ha situado los últimos 12 meses en el 4,2%.
Más beneficios
Aunque la diferencia es sólo de un punto, la cantidad que puede obtener la SPA entre aplicar un indicador u otro para un renta mensual media de 600 euros es de 57,6 euros más al año por cada vivienda. Sólo hay que hacer cuentas.
Suponiendo que el índice fuera durante los cinco años de duración del contrato el mismo que en la actualidad -supuesto irreal porque todos los años experimenta, al igual que el IPC, un incremento-, la SPA obtendría 288 euros más en total por cada vivienda.
Además, los expertos consultados por este suplemento han señalado que los borradores que maneja el Ministerio excluyen supuestos que la Ley contempla, como el hecho de repercutir al inquilino mejoras efectuadas en la vivienda: «Según este borrador, no se puede repercutir al inquilino el gasto de una mejora realizada por el propietario, pero lo habitual es que, tal y como prevé la LAU, se le repercuta un determinado porcentaje», dicen.
