El Gobierno exigirá más transparencia a las tasaciones inmobiliarias de los bancos

El Gobierno exigirá más transparencia a las tasaciones inmobiliarias de los bancos

El Gobierno quiere eliminar los rumores que planean sobre el mercado de la vivienda en relación con la labor que realizan las sociedades de tasación.

El sector financiero español ha sido acusado en muchas ocasiones de generar una sobrevaloración de los precios a través de su estrecha relación con las tasadoras, al tener un interés común en que el importe del piso tasado sea más alto que su valor de equilibrio de mercado.

Por otra parte, fuentes del sector financiero confirmaron que el Banco de España ya había manifestado la necesidad de regular la relación de las tasadoras con los bancos y cajas de ahorros, de cara a la entrada en vigor en 2007 del nuevo acuerdo de capital y gestión de riesgo Basilea II, que homogeneiza la supervisión de los bancos centrales.

Para ello, el Ejecutivo aprovechará la reforma de la Ley Hipotecaria, según confirmaron ayer fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda, una norma cuya entrada en vigor está prevista para el primer trimestre del próximo año. En concreto, el nuevo texto aumentará la “independencia, transparencia y profesionalidad” de la actuación de las entidades de tasación que, según Economía, pueden encontrar en algunas ocasiones “conflictos de intereses”, dada su relación directa, incluso de pertenencia, al grupo financiero que le encarga la tasación.

Para evitar los posibles conflictos, la modificación de la Ley Hipotecaria contempla la obligatoriedad de las sociedades de tasación de elaborar un reglamento interno que recoja las incompatibilidades entre los directivos y administradores de dichas empresas.
Además, las entidades financieras que encarguen servicios de tasación a una sociedad de su mismo grupo deberán también crear una Comisión Técnica que controle este tipo de operaciones.

Habrá, igualmente, un régimen de participaciones significativas para conocer la composición del accionariado, así como un listado de sanciones para las empresas que no cumplan la norma. El responsable de aplicar la sanción correspondiente será el Ministerio de Economía y Hacienda y la infracción muy grave conllevará una multa cuyo importe máximo alcanzará los 300.000 euros.

La modificación normativa también incluye la regulación de la denominada hipoteca inversa: aquella que solicitan las personas mayores para obtener recursos que complementen sus pensiones, poniendo la vivienda habitual como garantía del préstamo. La renta que perciban los titulares de este producto podrá cobrarse de una sola vez y estará exenta de tributación (incluso del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados), al tratarse de un crédito a cargo del valor de tasación de la vivienda hipotecada.

Este instrumento financiero, que ya están ofertando algunas entidades de crédito, tiene en España un alto potencial por el envejecimiento de la población, ya que el 87% de los mayores tiene casa en propiedad y el 81% está libre de cargas.

Una vez que se produzca el fallecimiento del titular, los herederos podrán vender la vivienda o pagar la deuda que ha generado la hipoteca inversa y recuperar el inmueble. La garantía que tendrá el banco para recuperar el dinero es la hipoteca de la casa, porque nunca podrá acudir a otro bien de los herederos para asegurar el pago de la deuda.

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