HOOOR
Madmaxista
En contra de lo que se dice aqui de que todos los politicos son una hez, y que todos estan corrompidos por el ladrillismo, hay ejemplos, generalmente en la izquierda (en la izquierda, no en el psoe) que demuestran lo contrario. Esto es lo que dice Salvador Mila, (ICV los comunistas en cataluña) exconsejero de vivienda en la generalitat hoy en el periodico:
"Todo el mundo sabía que esto tenía que ocurrir: las cuotas de las hipotecas sobre la vivienda se han encarecido un 18% en un año --un aumento de más de 100 euros de media al mes--, y los intereses variables seguirán subiendo, en tanto que los salarios (descontada la inflación) no crecen e incluso disminuyen en términos reales. Miles de familias ven cada vez más difícil llegar a fin de mes y empiezan a encenderse las alarmas: si no intervienen con decisión las instancias públicas, pero también la sociedad civil y el sector financiero, podemos pasar del problema de acceso a la vivienda al problema de los desalojados de la vivienda o de los entrampados en refinanciaciones de usura.
Los intereses inicialmente bajos --pero variables, según la letra pequeña-- y los plazos de amortización de por vida de las hipotecas que ofrecen las entidades de crédito, han alimentado el boom inmobiliario y de construcción, pero también el incremento de precios en el mercado de la vivienda llamado libre (?). La evidencia de que el aumento de los precios de los pisos se está frenando de forma inversamente proporcional a cómo suben los intereses de las hipotecas confirma lo que muchos hace años que decimos: los precios de la vivienda libre los determina la capacidad de compra --mejor dicho, de amortización del crédito-- de los compradores, y no el precio del suelo, ni los costes de construcción, ni los impuestos...
¿Qué puede hacerse para abordar de forma efectiva el primer problema que preocupa a los ciudadanos: el de la vivienda y ahora el de las amortizaciones de las hipotecas? La respuesta clásica nos dice que hay que disponer de más suelo urbanizado, con reservas legales para construir en él viviendas con protección, incrementar las ayudas a la promoción de suelo y viviendas protegidas por todo el territorio, facilitar créditos a interés limitado, etcétera. Y, en efecto, hay mucho que hacer en este ámbito, si tenemos en cuenta que en los últimos años de gobierno de CiU, hasta el 2003, se dejaron de construir viviendas de protección oficial y se llegó a una situación en la que menos del 6% del total de viviendas iniciadas tenían alguna medida de ayuda, y solo las promovían cooperativas y sociedades municipales... CiU confió la solución de los problemas del acceso a la vivienda al mercado, y así nos ha ido.
Hace poco más de dos años que desde el Govern catalanista y de izquierdas de la Generalitat se ha intentado dar un giro a la situación modificando la legislación urbanística para que todos los planes parciales y de mejora urbana tengan reservas de un mínimo del 30% de viviendas con protección y se ha incrementado el presupuesto para políticas de vivienda un 124,6% del 2003 al 2006, llegando al 151,4%.
Se han promovido o concedido ayudas para 35.000 nuevas viviendas protegidas, al tiempo que se ha impulsado el programa de nuevo suelo residencial estratégicamente distribuido en las ciudades pequeñas y medianas de Catalunya que debe permitir construir en los próximos años 50.000 nuevas viviendas protegidas. A esto hay que sumarle las ayudas concedidas para la adquisición de suelo residencial para construir más viviendas con protección.
PERO, volviendo al tema de las hipotecas, es cierto que la Generalitat no puede influir en el mercado hipotecario, ni en la política fiscal del Gobierno del Estado, ni en los tipos de interés o en la política financiera de bancos y cajas, si no es a través de convenios como los que últimamente ha firmado la Generalitat con las cajas catalanas con tal de ofrecer créditos a tipo fijo para la adquisición de viviendas protegidas a colectivos más necesitados.
Para que las políticas públicas de vivienda protegida tengan éxito y no se vean interferidas o contaminadas por la presión del mercado inmobiliario de renta libre, hay que deflacionar el sector de la vivienda y el inmobiliario en general, para quitarle atracción especulativa, y poner el acento más en los aspectos de valor de uso que en los de inversión especulativa, sin ir en detrimento de los valores de ahorro e inversión patrimonial a largo plazo, que son legí- timos y positivos para las familias. Cuanto menos diferencial exista entre el aumento de precios de la vivienda en renta libre y de la vivienda con protección oficial, más fácil será lograr estos objetivos, más flexible será el mercado secundario de vivienda protegida y menos presión habrá para reducir los plazos de protección oficial.
Nuestros legisladores y las autoridades financieras deberían ir pensando en medidas para limitar los créditos hipotecarios a un porcentaje del 80% como máximo del precio de la vivienda o a un importe máximo por metro cuadrado, se- gún zonas urbanas, así como limitar el plazo máximo de amortización de los créditos por vivienda a 25 años, como mucho. También hay que legislar para garantizar y facilitar la transformación o migración de los créditos con interés variable a intereses fijos o indexados al interés de las letras del tesoro, sin costes de cancelación ni apertura. Medidas como estas y la ampliación y variedad de oferta de viviendas con protección oficial ayudarían a frenar drásticamente el aumento del precio de la vivienda.
TAMBIÉN habría que pensar en regular por ley que las entidades financieras --cajas y bancos-- no sean arte y parte en el mercado inmobiliario especulativo. Es decir, que las cajas y los bancos no deberían financiar operaciones de promoción de inmuebles de renta libre en las que intervengan empresas promotoras-constructoras cuyo capital controlan, ni participar o promover empresas de "refinanciación con segundas hipotecas". Por contra, deberían recuperar, como prioridad de su obra social, la promoción y la financiación de viviendas protegidas en régimen de alquiler."
"Todo el mundo sabía que esto tenía que ocurrir: las cuotas de las hipotecas sobre la vivienda se han encarecido un 18% en un año --un aumento de más de 100 euros de media al mes--, y los intereses variables seguirán subiendo, en tanto que los salarios (descontada la inflación) no crecen e incluso disminuyen en términos reales. Miles de familias ven cada vez más difícil llegar a fin de mes y empiezan a encenderse las alarmas: si no intervienen con decisión las instancias públicas, pero también la sociedad civil y el sector financiero, podemos pasar del problema de acceso a la vivienda al problema de los desalojados de la vivienda o de los entrampados en refinanciaciones de usura.
Los intereses inicialmente bajos --pero variables, según la letra pequeña-- y los plazos de amortización de por vida de las hipotecas que ofrecen las entidades de crédito, han alimentado el boom inmobiliario y de construcción, pero también el incremento de precios en el mercado de la vivienda llamado libre (?). La evidencia de que el aumento de los precios de los pisos se está frenando de forma inversamente proporcional a cómo suben los intereses de las hipotecas confirma lo que muchos hace años que decimos: los precios de la vivienda libre los determina la capacidad de compra --mejor dicho, de amortización del crédito-- de los compradores, y no el precio del suelo, ni los costes de construcción, ni los impuestos...
¿Qué puede hacerse para abordar de forma efectiva el primer problema que preocupa a los ciudadanos: el de la vivienda y ahora el de las amortizaciones de las hipotecas? La respuesta clásica nos dice que hay que disponer de más suelo urbanizado, con reservas legales para construir en él viviendas con protección, incrementar las ayudas a la promoción de suelo y viviendas protegidas por todo el territorio, facilitar créditos a interés limitado, etcétera. Y, en efecto, hay mucho que hacer en este ámbito, si tenemos en cuenta que en los últimos años de gobierno de CiU, hasta el 2003, se dejaron de construir viviendas de protección oficial y se llegó a una situación en la que menos del 6% del total de viviendas iniciadas tenían alguna medida de ayuda, y solo las promovían cooperativas y sociedades municipales... CiU confió la solución de los problemas del acceso a la vivienda al mercado, y así nos ha ido.
Hace poco más de dos años que desde el Govern catalanista y de izquierdas de la Generalitat se ha intentado dar un giro a la situación modificando la legislación urbanística para que todos los planes parciales y de mejora urbana tengan reservas de un mínimo del 30% de viviendas con protección y se ha incrementado el presupuesto para políticas de vivienda un 124,6% del 2003 al 2006, llegando al 151,4%.
Se han promovido o concedido ayudas para 35.000 nuevas viviendas protegidas, al tiempo que se ha impulsado el programa de nuevo suelo residencial estratégicamente distribuido en las ciudades pequeñas y medianas de Catalunya que debe permitir construir en los próximos años 50.000 nuevas viviendas protegidas. A esto hay que sumarle las ayudas concedidas para la adquisición de suelo residencial para construir más viviendas con protección.
PERO, volviendo al tema de las hipotecas, es cierto que la Generalitat no puede influir en el mercado hipotecario, ni en la política fiscal del Gobierno del Estado, ni en los tipos de interés o en la política financiera de bancos y cajas, si no es a través de convenios como los que últimamente ha firmado la Generalitat con las cajas catalanas con tal de ofrecer créditos a tipo fijo para la adquisición de viviendas protegidas a colectivos más necesitados.
Para que las políticas públicas de vivienda protegida tengan éxito y no se vean interferidas o contaminadas por la presión del mercado inmobiliario de renta libre, hay que deflacionar el sector de la vivienda y el inmobiliario en general, para quitarle atracción especulativa, y poner el acento más en los aspectos de valor de uso que en los de inversión especulativa, sin ir en detrimento de los valores de ahorro e inversión patrimonial a largo plazo, que son legí- timos y positivos para las familias. Cuanto menos diferencial exista entre el aumento de precios de la vivienda en renta libre y de la vivienda con protección oficial, más fácil será lograr estos objetivos, más flexible será el mercado secundario de vivienda protegida y menos presión habrá para reducir los plazos de protección oficial.
Nuestros legisladores y las autoridades financieras deberían ir pensando en medidas para limitar los créditos hipotecarios a un porcentaje del 80% como máximo del precio de la vivienda o a un importe máximo por metro cuadrado, se- gún zonas urbanas, así como limitar el plazo máximo de amortización de los créditos por vivienda a 25 años, como mucho. También hay que legislar para garantizar y facilitar la transformación o migración de los créditos con interés variable a intereses fijos o indexados al interés de las letras del tesoro, sin costes de cancelación ni apertura. Medidas como estas y la ampliación y variedad de oferta de viviendas con protección oficial ayudarían a frenar drásticamente el aumento del precio de la vivienda.
TAMBIÉN habría que pensar en regular por ley que las entidades financieras --cajas y bancos-- no sean arte y parte en el mercado inmobiliario especulativo. Es decir, que las cajas y los bancos no deberían financiar operaciones de promoción de inmuebles de renta libre en las que intervengan empresas promotoras-constructoras cuyo capital controlan, ni participar o promover empresas de "refinanciación con segundas hipotecas". Por contra, deberían recuperar, como prioridad de su obra social, la promoción y la financiación de viviendas protegidas en régimen de alquiler."
