Plaentxiator
Madmaxista
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Manuel Álvarez está resignado. Sabe que no puede hacer mucho. El BOE acaba de publicar que el Ministerio de Medio Ambiente expropiará forzosamente la finca sobre la que se asienta su cámping en Candás. Y sabe que será indemnizado, pero que la perderá. "La vida es así", dice paseando por Perán, en la costa asturiana. El cámping Perlora está en un sitio privilegiado: una península de 12.000 metros cuadrados en el Cantábrico. El sitio es tan bello que ha sido el primero elegido por Medio Ambiente para aumentar la propiedad estatal en la costa y frenar la urbanización. Como él, otras 50 personas perderán sus fincas en un programa pionero de Medio Ambiente para blindar la costa ante el avance de las grúas.
"Yo veo que en algunas partes florecen los hoteles y las piscinas junto al mar y a mí me quitan esto. Aquí traía yo el ganado de mi padre cuando era pequeño. Entonces no valía nada. Y ahora que vale me lo expropian", explica tranquilamente Manuel, conocido como Lito, de 69 años, nariz de boxeador, pelo hacia atrás, jubilado. Bajo la lluvia se ve la playa de Candás.
El camping Perlora es uno de los primeros de la costa asturiana. Lito lo montó hace 39 años, a la vuelta del servicio militar en el Peñón de Alhucemas. Muestra las hojas amarillentas con los sellos franquistas que le dan permiso para la obra. "Yo tengo todos los permisos. Puede que fuera Franco, pero para mí es el Estado quien me autorizó esto y el que ahora me lo quita. Está todo en regla, no lo hice con engaños".
Ensanchar la franja
Aunque la Ley de Costas, de 1988, tenía limitados efectos retroactivos, una disposición adicional de la norma permite ensanchar la franja del dominio público incluyendo los terrenos adyacentes. La ley dice que es dominio público toda la zona a la que llega el agua: la playa, una ría o el acantilado; después vienen seis metros que tienen que estar libres para permitir el paso y después, una zona de protección en la que sólo están permitidos las zonas deportivas o cultivos. Esto si la zona no estaba urbanizada (o aprobada la urbanización) en 1988. Si ya estaba construido al aprobarse la ley (como en Perlora) los edificios en la playa pasaban a tener una concesión de 30 o 50 años y serán demolidos cuando acabe, y la zona de protección es de sólo 20 metros.
Hasta ahora, el ministerio se había limitado a expropiar concesiones y a demoler construcciones en el dominio público, en primera línea, pero ahora pasa a ensanchar la zona pública. El director general de Costas, José Fernández, explica que trabaja a la vez en proteger el dominio público y en ensancharlo porque "el litoral hay que blindarlo, está muy amenazado, por la urbanización y por la subida del nivel del mar por el calentamiento".
La disposición legal no había sido utilizada casi nunca, salvo un caso en Mallorca, según admite Fernández. La explicación es que bastante tarea tenía Medio Ambiente con controlar la zona pública, la primera línea de playa, como para ensancharla. Pero el departamento que dirige Cristina Narbona, que ha demolido 61 construcciones ilegales en la costa desde 2004, ha deslindado 855 kilómetros de costa y ha emprendido un plan de compras dotado con 20 millones para adquirir 50 fincas de las 122 seleccionadas inicialmente. En esas están Lito y otros cuatro propietarios en Galicia que ya han visto sus expedientes de expropiación iniciados. Medio Ambiente apuesta por la negociación, como en el bar que José Cabana tiene en la playa de Ber (A Coruña): "Hemos llegado a un acuerdo para que me compren la finca y el bar. Me llamaron y me pareció bien, pero no voy a decir cuánto me pagan", explica Cabana por teléfono.
En otros casos, será la expropiación, como en el caso de Lito. "No sé cuánto me darán. Ni me han llamado. Parece que lo quieren porque el terreno es bonito. He dado trabajo y traído turistas a Candás. Yo no tengo fuerzas para pleitear contra el Estado. Me machacarían", admite. La bella península de Perlora será pública.
Objetivo, ocho millones de m2
El plan de adquisición de suelo en el litoral no acaba de ponerse en marcha, pero se venía preparando desde hace tiempo. Medio Ambiente ha tasado 50 fincas en 60 millones de euros, con una superficie total de ocho millones de metros cuadrados (como 800 campos de fútbol) en segunda línea de playa.
Entre las fincas ya en expropiación se encuentran cuatro en Galicia y el camping Perlora, en Candás. En total, suman poco más de 20.000 metros cuadrados y algunas tienen obras previstas. El ministerio se ha propuesto expropiar aquellas zonas aún vírgenes y amenazadas, como el hotel del Algarrobico (Almería). "Aunque la Junta de Andalucía ha iniciado un procedimiento para derribarlo ejerciendo el derecho de tanteo, seguimos con la expropiación por si hace falta", explica el director general de Costas, José Fernández.
En los anuncios aparecidos en el BOE no se especifica por qué se expropia, algo que, según el abogado experto en costas José Ortega permitiría litigar a los dueños: "El Gobierno tiene que justificar seriamente que necesita ese terreno. Si no, se puede recurrir".
El ministerio intentará pactar el precio aunque la negociación comienza con el anuncio de expropiación. Si se llega a juicio el proceso se dilata y el precio suele bajar. Si logra los ocho millones de metros por 60 millones de euros habrá pagado 7,5 euros por metro cuadrado, una ganga.
Manuel Álvarez está resignado. Sabe que no puede hacer mucho. El BOE acaba de publicar que el Ministerio de Medio Ambiente expropiará forzosamente la finca sobre la que se asienta su cámping en Candás. Y sabe que será indemnizado, pero que la perderá. "La vida es así", dice paseando por Perán, en la costa asturiana. El cámping Perlora está en un sitio privilegiado: una península de 12.000 metros cuadrados en el Cantábrico. El sitio es tan bello que ha sido el primero elegido por Medio Ambiente para aumentar la propiedad estatal en la costa y frenar la urbanización. Como él, otras 50 personas perderán sus fincas en un programa pionero de Medio Ambiente para blindar la costa ante el avance de las grúas.
"Yo veo que en algunas partes florecen los hoteles y las piscinas junto al mar y a mí me quitan esto. Aquí traía yo el ganado de mi padre cuando era pequeño. Entonces no valía nada. Y ahora que vale me lo expropian", explica tranquilamente Manuel, conocido como Lito, de 69 años, nariz de boxeador, pelo hacia atrás, jubilado. Bajo la lluvia se ve la playa de Candás.
El camping Perlora es uno de los primeros de la costa asturiana. Lito lo montó hace 39 años, a la vuelta del servicio militar en el Peñón de Alhucemas. Muestra las hojas amarillentas con los sellos franquistas que le dan permiso para la obra. "Yo tengo todos los permisos. Puede que fuera Franco, pero para mí es el Estado quien me autorizó esto y el que ahora me lo quita. Está todo en regla, no lo hice con engaños".
Ensanchar la franja
Aunque la Ley de Costas, de 1988, tenía limitados efectos retroactivos, una disposición adicional de la norma permite ensanchar la franja del dominio público incluyendo los terrenos adyacentes. La ley dice que es dominio público toda la zona a la que llega el agua: la playa, una ría o el acantilado; después vienen seis metros que tienen que estar libres para permitir el paso y después, una zona de protección en la que sólo están permitidos las zonas deportivas o cultivos. Esto si la zona no estaba urbanizada (o aprobada la urbanización) en 1988. Si ya estaba construido al aprobarse la ley (como en Perlora) los edificios en la playa pasaban a tener una concesión de 30 o 50 años y serán demolidos cuando acabe, y la zona de protección es de sólo 20 metros.
Hasta ahora, el ministerio se había limitado a expropiar concesiones y a demoler construcciones en el dominio público, en primera línea, pero ahora pasa a ensanchar la zona pública. El director general de Costas, José Fernández, explica que trabaja a la vez en proteger el dominio público y en ensancharlo porque "el litoral hay que blindarlo, está muy amenazado, por la urbanización y por la subida del nivel del mar por el calentamiento".
La disposición legal no había sido utilizada casi nunca, salvo un caso en Mallorca, según admite Fernández. La explicación es que bastante tarea tenía Medio Ambiente con controlar la zona pública, la primera línea de playa, como para ensancharla. Pero el departamento que dirige Cristina Narbona, que ha demolido 61 construcciones ilegales en la costa desde 2004, ha deslindado 855 kilómetros de costa y ha emprendido un plan de compras dotado con 20 millones para adquirir 50 fincas de las 122 seleccionadas inicialmente. En esas están Lito y otros cuatro propietarios en Galicia que ya han visto sus expedientes de expropiación iniciados. Medio Ambiente apuesta por la negociación, como en el bar que José Cabana tiene en la playa de Ber (A Coruña): "Hemos llegado a un acuerdo para que me compren la finca y el bar. Me llamaron y me pareció bien, pero no voy a decir cuánto me pagan", explica Cabana por teléfono.
En otros casos, será la expropiación, como en el caso de Lito. "No sé cuánto me darán. Ni me han llamado. Parece que lo quieren porque el terreno es bonito. He dado trabajo y traído turistas a Candás. Yo no tengo fuerzas para pleitear contra el Estado. Me machacarían", admite. La bella península de Perlora será pública.
Objetivo, ocho millones de m2
El plan de adquisición de suelo en el litoral no acaba de ponerse en marcha, pero se venía preparando desde hace tiempo. Medio Ambiente ha tasado 50 fincas en 60 millones de euros, con una superficie total de ocho millones de metros cuadrados (como 800 campos de fútbol) en segunda línea de playa.
Entre las fincas ya en expropiación se encuentran cuatro en Galicia y el camping Perlora, en Candás. En total, suman poco más de 20.000 metros cuadrados y algunas tienen obras previstas. El ministerio se ha propuesto expropiar aquellas zonas aún vírgenes y amenazadas, como el hotel del Algarrobico (Almería). "Aunque la Junta de Andalucía ha iniciado un procedimiento para derribarlo ejerciendo el derecho de tanteo, seguimos con la expropiación por si hace falta", explica el director general de Costas, José Fernández.
En los anuncios aparecidos en el BOE no se especifica por qué se expropia, algo que, según el abogado experto en costas José Ortega permitiría litigar a los dueños: "El Gobierno tiene que justificar seriamente que necesita ese terreno. Si no, se puede recurrir".
El ministerio intentará pactar el precio aunque la negociación comienza con el anuncio de expropiación. Si se llega a juicio el proceso se dilata y el precio suele bajar. Si logra los ocho millones de metros por 60 millones de euros habrá pagado 7,5 euros por metro cuadrado, una ganga.
