dabuti
Nutriéndome con lágrimas de muy de derechas....
Hace 27 años nacieron los moscosos. El discreto ministro que los aprobó jamás pensó que su nobre acabaría entrando en el diccionario
21.12.10 - 19:30 -
PÍO GARCÍA |
moscoso
1. m. coloq. Día de permiso de libre disposición que tienen pactado ciertos colectivos de trabajadores y funcionarios.
21.12.10 - 19:30 -
PÍO GARCÍA |
Los hijos de Moscoso. El CorreoJavier Moscoso del Prado, ministro de Presidencia, ni siquiera firmó la Instrucción de 21 de diciembre de 1983, en la que se dictaban "normas sobre jornada y horario de trabajo, licencia y vacaciones del personal". Aquel documento se publicó en el BOE un día después y entró en vigor con el nuevo año, pero nadie reparó demasiado en él. Los españoles, según se desprende de las hemerotecas, estaban entretenidos con las aventuras de las comunidades autónomas, que estaban echando sus primeros dientes; con la irrupción de una nueva y misteriosa banda terrorista, llamada GAL, y, sobre todo, con la selección nacional de fútbol, que aprovechó ese mismo día para meterle doce goles a Malta y sellar así su insólita clasificación para la Eurocopa de Francia '84.
Sin embargo, aquella modesta Instrucción, rubricada por el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Francisco Ramos Fernández-Torrecilla, acababa de inaugurar uno de los privilegios más envidiados, discutidos y definitorios de los funcionarios españoles: el disfrute de los días de asuntos propios. De una manera tan callada y humilde, sin anuncios ni alharacas, habían nacido los moscosos: "A lo largo del año -rezaba el tercer punto del artículo siete-, los funcionarios tendrán derecho a disfrutar hasta seis días de licencia o permiso por asuntos particulares. Tales días no podrán acumularse en ningún caso a las vacaciones anuales retribuidas. Los funcionarios podrán distribuir dichos días a su conveniencia previa autorización".
Un ministro poco popular
Aunque ahora Javier Moscoso disfruta de hornacina propia en el santoral de los empleados públicos, en aquel tiempo su apellido no despertaba tantas simpatías. El fiscal, de 48 años, había entrado en el primer gobierno de Felipe González con la intención confesa de reformar toda la Administración: pretendía acabar con el pluriempleo de los funcionarios, regular sus horarios y que las populares "ventanillas" de los organismos abrieran también por las tardes. Pero, nada más pisar la lustrosa moqueta de su despacho, Moscoso se dio cuenta de que iba a tener mucho tajo por delante: "Aquí -recordaba años más tarde- me encontré con 192 señores que cobraban todos los meses y nadie sabía a qué se dedicaban; en su mayor parte eran funcionarios, pero nunca aparecían por el Ministerio. Los conserjes no conocían sus rostros. Hubo que localizarlos a través del único dato que poseíamos: el número de cuenta bancaria en el que se les ingresaba el sueldo del mes". Durante tres meses, el equipo de Moscoso se dedicó a identificar a los ausentes para lanzarles un ultimátum: o se pedían una excedencia o empezaban a cumplir de una vez su horario.
Peor aún: cuando el fiscal logroñés entró en el Gobierno, quiso conocer el número exacto de funcionarios que había en España. Nadie lo sabía. El ministro de Economía, Miguel Boyer, se llevó tal susto que exigió a todos los departamentos del Estado que le enviaran, mes a mes, una ficha detallada con el número de personas en nómina, la relación laboral, el sueldo y un parte razonado de altas y bajas. Javier Moscoso se aplicó a la tarea de meter en cintura a la Administración Pública, pero con suerte desigual: aprobó la Ley de Incompatibilidades, entonces muy sonada, y exigió que los funcionarios cumpliesen rígidamente su horario, de 8 a 3. A cambio, concedió el famoso "complemento de productividad" y aquellos seis días de "asuntos propios". Entonces, se justificó la medida para que los trabajadores no tuvieran que gastar vacaciones a la hora, por ejemplo, de realizar trámites, preparar exámenes o cuidar a hijos enfermos; pero algunos analistas supusieron que aquella dádiva era, sobre todo, una concesión para que los funcionarios aceptaran sin demasiado escándalo la pretendida reforma de la Administración.
Moscoso jamás fue un ministro popular. Una encuesta encargada a finales del año 84 lo calificaba como el miembro más oscuro del Gobierno: siete de cada diez ciudadanos se apuntaban al no sabe/no contesta a la hora de evaluar su gestión. Cuando dejó la poltrona, todo el mundo creyó que su nombre pronto se difuminaría entre las brumas del olvido; pero, poco a poco, los funcionarios empezaron a utilizar su apellido para definir esas extrañas y apetecibles libranzas. Su uso se ha extendido tanto que hasta la Real Academia Española ha decidido incluir la voz en el avance de la vigésimo tercera edición del diccionario. Quién se lo iba a decir al fiscal Moscoso, ese jurista discreto, casi gris, que había pasado por la política sin levantar pasiones.
