Los españoles cada vez se quejan más y se unen más para denunciar lo que consideran injusto. El informe del Defensor del Pueblo del 2005 constata que las reclamaciones han aumentado el 37,1% con respecto al 2004 y que las de carácter colectivo han supuesto un aumento notable del 75,1%, frente al leve descenso de las individuales.
El derecho constitucional a una vivienda digna es la segunda fuente de demandas de los españoles, según el informe presentado por el Defensor del Pueblo, que aplaude las medidas adoptadas por algunas legislaciones de distintas comunidades autonómicas. Múgica reclama además una política unitaria en todo el Estado, ya que la vivienda es un problema actualmente de tal magnitud para la sociedad española que puede ser considerado como un problema de Estado, indicó el Defensor del Pueblo.
Junto a las quejas contra los "agentes urbanizadores", Enrique Múgica destaca entre otros problemas e irregularidades dificultades de acceso a viviendas protegidas, percepción de sobreprecios por parte de los promotores privados, incumplimiento de los programas anuales de actuación, retrasos en la ejecución de actuaciones, burocratismo, contradicción entre las normas estatales y autonómicas y desconexión del régimen de vivienda protegida de las emergentes demandas sociales.
El derecho constitucional a una vivienda digna es la segunda fuente de demandas de los españoles, según el informe presentado por el Defensor del Pueblo, que aplaude las medidas adoptadas por algunas legislaciones de distintas comunidades autonómicas. Múgica reclama además una política unitaria en todo el Estado, ya que la vivienda es un problema actualmente de tal magnitud para la sociedad española que puede ser considerado como un problema de Estado, indicó el Defensor del Pueblo.
Junto a las quejas contra los "agentes urbanizadores", Enrique Múgica destaca entre otros problemas e irregularidades dificultades de acceso a viviendas protegidas, percepción de sobreprecios por parte de los promotores privados, incumplimiento de los programas anuales de actuación, retrasos en la ejecución de actuaciones, burocratismo, contradicción entre las normas estatales y autonómicas y desconexión del régimen de vivienda protegida de las emergentes demandas sociales.
