J
Josec
Guest
La insidia:
Dos diputados de ERC coordinan el encadenamiento de cinco militantes de
este partido ante la COPE
Los cinco jóvenes, ataviados con un buzo amarillo y caretas, han llegado
a las once en punto a bordo de un coche y se han encadenado en la fachada
del edificio donde tiene su sede la COPE en Madrid, en la calle Alfonso XI y
han pedido el cierre de esta emisora. Junto a ellos han llegado dos
diputados de ERC, Joan Tardá y Joan Puig acompañados de varios medios de
comunicación. El encadenamiento ha durado apenas media hora durante la que
han repartido folletos en los que figuraba el siguiente lema: "Contra la
emisora del repruebo". La policía ha disuelto finalmente la protesta que se ha
producido al mismo tiempo de que decenas de oyentes de COPE acudían a esta
emisora para expresarle su apoyo con su firma. En tan sólo 24 horas, más de
50.000 personas se han acercado a firmar en alguno de los libros que se han
habilitado en todas las emisoras o bien han utilizado la dirección:
buzondeloyente@cope.es. Los oyentes están mostrando su apoyo a la Cadena
COPE cuyas emisoras en Cataluña podrían ser cerradas por la Generalitat. En
este sentido, el miembro del PP catalán, Daniel Sirera, ha acusado al
portavoz de la Generalitat, Joaquím Nadal, de comportarse como un matón por
amenazar con no renovar la licencia de la COPE en Barcelona.
---
La solidaridad:
Miércoles, 30 de Noviembre de 2005
Nueve periodistas españoles piden al Parlamento Europeo que desactive la
Operación política contra la COPE
La Cadena COPE ha habilitado una dirección de correo para que los
oyentes se sumen a esta petición http://www.lamanana.com.es/
TEXTO ÍNTEGRO DE LA PETICIÓN Y SUS FIRMANTES:
La Cadena COPE ha habilitado una dirección de correo para que los
oyentes se sumen a esta petición. (Simplemente adjunte en el correo su
nombre, sus dos apellidos y el DNI. No se validarán las adhesiones que
lleguen incompletas)
Reproducimos a continuación el contenido íntegro de la petición al
Parlamento Europeo para que investigue la campaña de acoso a la Cadena COPE.
Al final del documento puede consultar los firmantes.
Los firmantes de esta petición, periodistas españoles, queremos llamar
la atención del Parlamento Europeo sobre la existencia de una operación
política en nuestro país destinada a desposeer a la segunda cadena de radio
más importante de España de todas sus emisoras en Cataluña. Esta iniciativa
contraviene los artículos 6 y 7 del Tratado de la Unión Europea, el artículo
10 del Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y el
artículo 11(2) de la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Si no se evita
a tiempo, miles de ciudadanos perderán su derecho a escuchar los programas
radiofónicos que libremente han sintonizado durante años. Las leyes europeas
establecen que "toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este
derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o
comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de
autoridades públicas".
La operación política que se ha puesto en marcha en España, si se
consuma, hará imposible el ejercicio de ese derecho fundamental en una
amplia zona geográfica de la Unión. Pedimos al Parlamento Europeo que llame
la atención sobre esta violación de los derechos de los ciudadanos cometida
por instituciones de un Estado miembro.
Este es el relato de los hechos:
En mayo de 1999, la Generalitat de Cataluña arrebató a la cadena COPE,
propiedad de la Conferencia Episcopal Española, todas sus frecuencias en FM
en Tarragona, Manresa y Barcelona.
El 16 de marzo de 2000, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
sentenció que, con aquella decisión, el gobierno catalán había vulnerado el
derecho fundamental de la libertad de expresión.
El 6 de septiembre de 2005, a pesar de todo, el gobierno de la
Generalitat acordó continuar con los procedimientos de readjudicación de las
emisoras que se vieron afectadas por la sentencia del 16 de marzo del 2000.
La decisión política de la Generalitat acredita el riesgo de que la
cadena COPE sea desposeída en Cataluña de las frecuencias de las que ha sido
titular desde la fecha de su adjudicación.
Durante los últimos meses muchas voces han denunciado, en vano, el
propósito liberticida del gobierno catalán:
El 3 de octubre de 2005 la Junta Directiva de la Asociación Española de
Radiofusión Comercial remitió una carta al gobierno autonómico pidiendo que
respete definitivamente la propiedad de las emisoras en FM de la COPE en
Cataluña. "Cualquier otra solución distinta a la que proponemos -dice
textualmente la carta- conculcaría el derecho a la libertad de expresión".
El 24 de octubre de 2005, la Asociación Internacional de Radiodifusión,
que representa a más de 17.000 emisoras privadas de radio y televisión de
las tres Américas y Europa, se dirigió al Secretario de Comunicación de la
Generalitat recordándole que su criterio es el de "otorgar las concesiones a
quienes vienen ostentando su titularidad y posesión sin interrupción".
El 4 de noviembre de 2005, la Asociación Profesional Española de
Informadores de Prensa, Radio y Televisión hizo pública una nota en la que,
entre otras cosas, afirma que "la insidiosa e injusta campaña contra la COPE
vulnera totalmente los derechos de la libertad de expresión". Y añade:
"Nunca se había cometido tamaña tropelía sobre un medio de comunicación".
El 8 de noviembre de 2005, la Federación de Asociaciones de Radio y
Televisión, que aglutina a todos los medios audiovisuales privados de
España, emitió un comunicado para mostrar su respaldo a la cadena amenazada.
El comunicado considera que la no renovación de las licencias de la COPE en
Cataluña supondría "un ataque sin precedentes a la libertad de expresión".
Hasta ahora, ninguna de estas reclamaciones de las distintas
agrupaciones profesionales ha servido para que las autoridades catalanas
reconsideren su posición. Al contrario. Su beligerancia contra la COPE y sus
profesionales ha ido en aumento.
El ministro de Industria del Gobierno español, José Montilla, de quien
depende la regulación del espacio radioeléctrico, a pesar de su papel de
regulador, ha respondido a las críticas acusando a la cadena de radio de
"lanzar mensajes que incitan al repruebo, la división y la confrontación".
El propio Montilla calificó después al director del principal programa
informativo de la emisora, Federico Jiménez Losantos, y a otros periodistas
que salieron en su defensa, de "personas amorales de la derecha más extrema".
Se da la circunstancia de que Jiménez Losantos sufrió un atentado terrorista
en mayo de 1981, reivindicado por el grupo "Terra Lliure", por firmar un
manifiesto que defendía la igualdad de los derechos lingüísticos en
Cataluña. Tras el atentado, todos los firmantes del manifiesto y más de
14.000 profesores castellanohablantes decidieron abandonar Cataluña.
El 23 de noviembre de 2005, una delegación oficial del Gobierno catalán
viajó al Vaticano para presentar una queja formal por "los contenidos
anticatalanes" que difunde la cadena.
Teniendo en cuenta que quien gobierna en Cataluña es el mismo partido al
que pertenece el ministro Montilla, que tiene competencias sobre el
funcionamiento de los medios de comunicación y facultades administrativas en
el sector, la decisión de cercenar la libertad de expresión de la COPE se
antoja inminente. Ante este hecho, las instituciones europeas no pueden
permanecer inactivas.
Los firmantes de esta petición solicitamos que el Parlamento Europeo
investigue con carácter de urgencia los hechos denunciados, certifique su
veracidad y obre después en consecuencia.
FIRMANTES:
Pedro J. Ramírez, director del diario "El Mundo"
Antonio Mingote, miembro de la Real Academia de la Lengua
Alfonso Ussía, escritor y periodista
Javier Rubio, director de "Libertad Digital"
Tomás Cuesta, miembro fundador del diario "La Razón"
Melchor Miralles, director general de "El Mundo TV"
Amando de Miguel, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense
Cayetana Álvarez de Toledo, Doctora en Historia por la Universidad de Oxford
Luis Herrero-Tejedor, MEP y periodista
Dos diputados de ERC coordinan el encadenamiento de cinco militantes de
este partido ante la COPE
Los cinco jóvenes, ataviados con un buzo amarillo y caretas, han llegado
a las once en punto a bordo de un coche y se han encadenado en la fachada
del edificio donde tiene su sede la COPE en Madrid, en la calle Alfonso XI y
han pedido el cierre de esta emisora. Junto a ellos han llegado dos
diputados de ERC, Joan Tardá y Joan Puig acompañados de varios medios de
comunicación. El encadenamiento ha durado apenas media hora durante la que
han repartido folletos en los que figuraba el siguiente lema: "Contra la
emisora del repruebo". La policía ha disuelto finalmente la protesta que se ha
producido al mismo tiempo de que decenas de oyentes de COPE acudían a esta
emisora para expresarle su apoyo con su firma. En tan sólo 24 horas, más de
50.000 personas se han acercado a firmar en alguno de los libros que se han
habilitado en todas las emisoras o bien han utilizado la dirección:
buzondeloyente@cope.es. Los oyentes están mostrando su apoyo a la Cadena
COPE cuyas emisoras en Cataluña podrían ser cerradas por la Generalitat. En
este sentido, el miembro del PP catalán, Daniel Sirera, ha acusado al
portavoz de la Generalitat, Joaquím Nadal, de comportarse como un matón por
amenazar con no renovar la licencia de la COPE en Barcelona.
---
La solidaridad:
Miércoles, 30 de Noviembre de 2005
Nueve periodistas españoles piden al Parlamento Europeo que desactive la
Operación política contra la COPE
La Cadena COPE ha habilitado una dirección de correo para que los
oyentes se sumen a esta petición http://www.lamanana.com.es/
TEXTO ÍNTEGRO DE LA PETICIÓN Y SUS FIRMANTES:
La Cadena COPE ha habilitado una dirección de correo para que los
oyentes se sumen a esta petición. (Simplemente adjunte en el correo su
nombre, sus dos apellidos y el DNI. No se validarán las adhesiones que
lleguen incompletas)
Reproducimos a continuación el contenido íntegro de la petición al
Parlamento Europeo para que investigue la campaña de acoso a la Cadena COPE.
Al final del documento puede consultar los firmantes.
Los firmantes de esta petición, periodistas españoles, queremos llamar
la atención del Parlamento Europeo sobre la existencia de una operación
política en nuestro país destinada a desposeer a la segunda cadena de radio
más importante de España de todas sus emisoras en Cataluña. Esta iniciativa
contraviene los artículos 6 y 7 del Tratado de la Unión Europea, el artículo
10 del Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y el
artículo 11(2) de la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Si no se evita
a tiempo, miles de ciudadanos perderán su derecho a escuchar los programas
radiofónicos que libremente han sintonizado durante años. Las leyes europeas
establecen que "toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este
derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o
comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de
autoridades públicas".
La operación política que se ha puesto en marcha en España, si se
consuma, hará imposible el ejercicio de ese derecho fundamental en una
amplia zona geográfica de la Unión. Pedimos al Parlamento Europeo que llame
la atención sobre esta violación de los derechos de los ciudadanos cometida
por instituciones de un Estado miembro.
Este es el relato de los hechos:
En mayo de 1999, la Generalitat de Cataluña arrebató a la cadena COPE,
propiedad de la Conferencia Episcopal Española, todas sus frecuencias en FM
en Tarragona, Manresa y Barcelona.
El 16 de marzo de 2000, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
sentenció que, con aquella decisión, el gobierno catalán había vulnerado el
derecho fundamental de la libertad de expresión.
El 6 de septiembre de 2005, a pesar de todo, el gobierno de la
Generalitat acordó continuar con los procedimientos de readjudicación de las
emisoras que se vieron afectadas por la sentencia del 16 de marzo del 2000.
La decisión política de la Generalitat acredita el riesgo de que la
cadena COPE sea desposeída en Cataluña de las frecuencias de las que ha sido
titular desde la fecha de su adjudicación.
Durante los últimos meses muchas voces han denunciado, en vano, el
propósito liberticida del gobierno catalán:
El 3 de octubre de 2005 la Junta Directiva de la Asociación Española de
Radiofusión Comercial remitió una carta al gobierno autonómico pidiendo que
respete definitivamente la propiedad de las emisoras en FM de la COPE en
Cataluña. "Cualquier otra solución distinta a la que proponemos -dice
textualmente la carta- conculcaría el derecho a la libertad de expresión".
El 24 de octubre de 2005, la Asociación Internacional de Radiodifusión,
que representa a más de 17.000 emisoras privadas de radio y televisión de
las tres Américas y Europa, se dirigió al Secretario de Comunicación de la
Generalitat recordándole que su criterio es el de "otorgar las concesiones a
quienes vienen ostentando su titularidad y posesión sin interrupción".
El 4 de noviembre de 2005, la Asociación Profesional Española de
Informadores de Prensa, Radio y Televisión hizo pública una nota en la que,
entre otras cosas, afirma que "la insidiosa e injusta campaña contra la COPE
vulnera totalmente los derechos de la libertad de expresión". Y añade:
"Nunca se había cometido tamaña tropelía sobre un medio de comunicación".
El 8 de noviembre de 2005, la Federación de Asociaciones de Radio y
Televisión, que aglutina a todos los medios audiovisuales privados de
España, emitió un comunicado para mostrar su respaldo a la cadena amenazada.
El comunicado considera que la no renovación de las licencias de la COPE en
Cataluña supondría "un ataque sin precedentes a la libertad de expresión".
Hasta ahora, ninguna de estas reclamaciones de las distintas
agrupaciones profesionales ha servido para que las autoridades catalanas
reconsideren su posición. Al contrario. Su beligerancia contra la COPE y sus
profesionales ha ido en aumento.
El ministro de Industria del Gobierno español, José Montilla, de quien
depende la regulación del espacio radioeléctrico, a pesar de su papel de
regulador, ha respondido a las críticas acusando a la cadena de radio de
"lanzar mensajes que incitan al repruebo, la división y la confrontación".
El propio Montilla calificó después al director del principal programa
informativo de la emisora, Federico Jiménez Losantos, y a otros periodistas
que salieron en su defensa, de "personas amorales de la derecha más extrema".
Se da la circunstancia de que Jiménez Losantos sufrió un atentado terrorista
en mayo de 1981, reivindicado por el grupo "Terra Lliure", por firmar un
manifiesto que defendía la igualdad de los derechos lingüísticos en
Cataluña. Tras el atentado, todos los firmantes del manifiesto y más de
14.000 profesores castellanohablantes decidieron abandonar Cataluña.
El 23 de noviembre de 2005, una delegación oficial del Gobierno catalán
viajó al Vaticano para presentar una queja formal por "los contenidos
anticatalanes" que difunde la cadena.
Teniendo en cuenta que quien gobierna en Cataluña es el mismo partido al
que pertenece el ministro Montilla, que tiene competencias sobre el
funcionamiento de los medios de comunicación y facultades administrativas en
el sector, la decisión de cercenar la libertad de expresión de la COPE se
antoja inminente. Ante este hecho, las instituciones europeas no pueden
permanecer inactivas.
Los firmantes de esta petición solicitamos que el Parlamento Europeo
investigue con carácter de urgencia los hechos denunciados, certifique su
veracidad y obre después en consecuencia.
FIRMANTES:
Pedro J. Ramírez, director del diario "El Mundo"
Antonio Mingote, miembro de la Real Academia de la Lengua
Alfonso Ussía, escritor y periodista
Javier Rubio, director de "Libertad Digital"
Tomás Cuesta, miembro fundador del diario "La Razón"
Melchor Miralles, director general de "El Mundo TV"
Amando de Miguel, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense
Cayetana Álvarez de Toledo, Doctora en Historia por la Universidad de Oxford
Luis Herrero-Tejedor, MEP y periodista
