Resumen del debate: VOX ahora sí eleva el tono en contra de la inmi gración: repatriación, deportaciones y remigración. Pero me cuesta creerlo....

Vox condiciona la alternativa a repatriar y deportar​

Santiago Abascal ha puesto una condición de hierro a cualquier pacto futuro: quien quiera contar con Vox para una alternativa de gobierno tendrá que aceptar un proceso de «repatriación, deportaciones y remigración». Lo dijo en un mitin en Ibiza, el último acto de precampaña de la semana, y lo dijo con una precisión que no es casual: dentro de unos meses esa frase puede ser la primera cláusula de una negociación entre PP y Vox. La propuesta se presenta como la única forma de que «no quepa nadie más», y el propio líder de la derecha dura se apresuró a negar que sea racista.

Tres conceptos, tres colectivos

El discurso migratorio del partido lleva meses estructurado en tres palabras. Repatriar a quienes han entrado de forma irregular. Deportar a los extranjeros, con papeles o sin ellos, que cometan delitos. Y remigrar, el concepto más novedoso, a quienes hayan venido «a vivir de las ayudas sociales que no alcanzan a los españoles». Abascal insiste en que todo se hará «individualizadamente, caso por caso», y rechaza la imagen de gente caminando de vuelta por las carreteras: «No queremos poner a la gente en las carreteras a circular de vuelta a sus países», afirmó, entre aplausos.

El matiz de la remigración merece atención porque es el que más se ha ido perfilando. A quien vino a trabajar y hoy está desempleado se le daría «un tiempo» para buscar una oportunidad, manteniendo los derechos sociales adquiridos por cotización. Si no la encuentra, Vox plantea darle «esos derechos económicos pero para que pueda hacer algo en su propio país». La traducción práctica: una prestación de retorno, no una simple expulsión.

El coste real de ejecutar la promesa

Aquí es donde el discurso choca con la aritmética, según los cálculos que un participante del debate atribuye a fuentes sin especificar. Un retorno voluntario tutelado, con billete y ayuda de primer establecimiento, rondaría los 2.000-3.000 euros por persona. Una devolución forzosa en vuelo chárter se dispararía a decenas de miles de euros por aparato, y si sale a medio llenar el coste por pasajero superaría el millar sin despeinarse. Súmese el expediente completo: abogado de oficio, tasas, papeleo y, cuando hay retención, un CIE a 70-80 euros al día mientras el consulado correspondiente certifica la identidad. Meses de media.

Y el dato que, según esa misma fuente, de verdad duele: históricamente se ejecutaría menos del 30% de las órdenes de expulsión. El resto se quedaría con el papel en el bolsillo. Cualquier promesa de deportaciones masivas tropieza con ese porcentaje antes de llegar al primer vuelo.

Del escepticismo sobre la letra pequeña al ruido de fondo

La reacción no ha sido unánime ni siquiera entre quienes comparten el diagnóstico. Hay quien ve en el planteamiento un avance táctico: instalar el marco y dejar que el resto de partidos se mueva, con la vista puesta en lo que ocurre en otros países europeos. En el extremo opuesto, la desconfianza es total: los programas electorales no son vinculantes y lo prometido en campaña puede quedar en nada. La sospecha de fondo es que el gesto sirva para captar voto y no para gobernar.

Entre medias, el debate se ensucia con frecuencia. Aparecen propuestas de muros, referencias a nacionalidades concretas y comparaciones con lo que se atribuye a otros gobiernos europeos. Son afirmaciones que circulan sin verificación y que no resisten el contraste con los cálculos anteriores: el coste y la tasa de ejecución son el límite real de cualquier plan, lo diga quien lo diga.

La pregunta que queda abierta

Abascal ha atado su apoyo a una condición explícita y ha puesto cifras a la intención. Falta saber si esa condición es un programa de gobierno o un precio de salida para la negociación. La diferencia entre ambas cosas se mide en votos, en presupuestos y en el porcentaje de órdenes que de verdad se ejecutan.