Resumen del debate: Vivienda -VOX: "De nada sirve construir 5 casas si entran cada día 2.000 personas»

Vox reduce la crisis de la vivienda a una resta: construcción menos entradas​

El portavoz de Vivienda de Vox en el Congreso, Carlos Hernández Quero, resumió su diagnóstico de la crisis residencial en una frase que ha circulado con rapidez: «De nada sirve construir 5 casas si entran cada día 2.000 personas». La sentencia, que el partido presenta como receta única, reduce el problema a dos variables —construcción y remigración— y descarta cualquier otra fórmula. El planteamiento ha encontrado eco entre quienes sostienen que la escalada de la demanda por la inmigración masiva explica por sí sola el precio, y ha abierto una discusión sobre si la oferta y la demanda son dos hojas de la misma tijera.

La tijera de Marshall: oferta y demanda cortan a la vez

La cita del diputado no es un análisis técnico, sino una consigna. Y como consigna funciona: condensa en dos líneas un malestar difuso. Hay quien la defiende sin matices —«el problema deriva exclusivamente de la brutal escalada de la demanda provocada por la inmigración masiva», se afirma— y quien la rebaja a eslogan. La referencia al economista Alfred Marshall, traída a colación en la conversación, recuerda que preguntar si el precio lo fija la oferta o la demanda es como preguntar qué hoja de la tijera corta el papel. Aquí, se argumenta, cortan las dos, solo que una lleva desde 2008 sin afilar. La crisis financiera dejó un sector de la construcción que no se ha recuperado del todo, y esa carencia estructural de oferta se suma a cualquier presión demográfica.

¿Basta con construir más vivienda para bajar el precio?

No, si se atiende a quienes señalan el desajuste territorial. El problema no es solo cuántas casas hay, sino dónde están. Hay muchas viviendas vacías en España, pero no en los sitios donde hace falta: Madrid y Barcelona concentran cada vez más demanda porque concentran el trabajo, y sin descentralizar el tejido productivo, se advierte, acabarán siendo megaurbes de diez millones de habitantes con la gente apelotonada. Construir cinco casas al día en el sitio equivocado no mueve el precio del alquiler en el sitio correcto. La receta de Vox, en este punto, se queda corta incluso para sus propios defensores: la construcción masiva exige suelo, y la liberalización del suelo es una bandera que el partido enarbola pero que choca con la burocracia municipal y autonómica.

La remigración como condición: ¿es viable deportar a quienes no cotizan?

La segunda pata de la propuesta —la remigración— es la más discutida. Se pregunta abiertamente si un partido con patrocinadores tendría los votos para deportar a todos los extranjeros que no aportan activamente a las arcas del Estado. La duda no es retórica: afecta a la viabilidad política de la medida. Frente a la deportación masiva, surge una alternativa menos drástica: eliminar los alicientes que permiten permanecer sin trabajar y sin contribuir, en lugar de expulsar a nadie salvo a criminales. El debate, sin embargo, no se cierra ahí. Hay quien recuerda que tampoco hacen falta trabajadores extranjeros dispuestos a cobrar una miseria y en muchos casos en negro, lo que introduce una objeción económica: la inmigración también compite a la baja en el mercado laboral y presiona los salarios, lo que a su vez afecta a la capacidad de acceso a la vivienda.

El colapso como resultado de políticas públicas, no de un accidente

La conversación deriva hacia la responsabilidad política. Se sostiene que ayuntamientos que se manifestaron con pancartas de bienvenida a refugiados —en Madrid, Barcelona, Valencia o Zaragoza— metieron millones de personas sin haber construido antes las viviendas donde iban a residir, provocando un colapso residencial. Y que después, los mismos consistorios consentían acampadas para protestar contra el desastre que ellos habían provocado. La acusación de financiación externa de los organizadores circula sin prueba alguna, y conviene tratarla como lo que es: una sospecha sin verificar. Lo que sí queda es la crítica a la clase política que primero fomentó la llegada y luego se rasgó las vestiduras por sus consecuencias.

La receta alternativa: topar, trabar y okupar

Frente a la construcción y la remigración, se ironiza con la receta opuesta: legalizar la okupación, topar los alquileres y poner más trabas burocráticas a la construcción, un sector considerado poco afín. La burla apunta al gobierno, pero también a una parte del electorado que aplaude medidas que, según sus críticos, agravan la escasez. La liberalización del suelo y la construcción pública y privada masiva, junto con la impermeabilización de fronteras, es la propuesta que se lanza como alternativa completa. El problema es que ninguna de esas medidas produce resultados a corto plazo, y el precio de la vivienda ya está en máximos en las zonas tensionadas.

El punto exacto donde el análisis se atasca

La discusión no llega a un acuerdo sobre el peso relativo de cada factor. La inmigración es un hecho demográfico; la falta de construcción, un hecho económico; la concentración territorial, un hecho laboral. Los tres se retroalimentan y ninguno se resuelve con una sola palanca. La frase del diputado tiene gancho porque simplifica, pero la política de vivienda no admite una resta de dos cifras. Mientras tanto, el precio sigue subiendo y la construcción no despega. Nadie cuadra del todo cuánto hay de cada cosa.