Resumen del debate: ÚLTIMA HORA | El Consejo de Ministros aprobará mañana los decretos de vivienda para que los vote la Diputación Permanente

El Gobierno sortea al Congreso con decretos de vivienda exprés​

El Consejo de Ministros aprobará mañana dos decretos de vivienda y los llevará directamente a la Diputación Permanente, evitando el debate en el pleno del Congreso. La maniobra, confirmada por el Ejecutivo, ha encendido todas las alarmas: se acusa al Gobierno de vaciar de contenido la soberanía parlamentaria y de legislar por decreto lo que hace tres días tumbó el propio Parlamento. La oposición habla abiertamente de «cagarse en el Parlamento de la nación» y advierte de que la medida no solo tendrá consecuencias electorales.

El artículo 39.1 de la LOREG se ha convertido en el nuevo campo de batalla. Según se ha difundido, el censo para las elecciones del 29-N es el cerrado a 1 de agosto, antes de que el Supremo paralizara la llamada ley de nietos. Eso significa que cientos de miles de personas que podrían haber votado por correo desde el extranjero quedarán fuera. La oposición denuncia un pucherazo en toda regla y exige que se paralicen esos votos antes de que se mezclen con el escrutinio presencial.

¿Qué son los decretos de vivienda y por qué se tramitan así?​

Los dos decretos, cuyo contenido concreto no ha trascendido, buscan supuestamente ampliar el parque de vivienda asequible y limitar los alquileres. Pero el cómo es lo que ha desatado la tormenta. La Diputación Permanente es un órgano que solo puede legislar en casos de extrema necesidad y urgencia, y su uso para aprobar medidas que el Congreso rechazó hace apenas unos días se considera un fraude de ley. «No se puede decretar contra la decisión de hace tres días de un Parlamento Soberano», resume un análisis que circula por los foros económicos.

El Gobierno defiende que la urgencia lo justifica. La oposición responde que la urgencia es política: se trata de aprobar antes de las elecciones lo que no se pudo aprobar antes por falta de apoyos. Y de paso, forzar a los partidos a retratarse en la Diputación Permanente, donde cada voto queda registrado y podrá usarse en campaña.

El censo electoral y el voto de los nietos: la treta del 29-N​

La fecha de las elecciones no es casual. El censo cerrado a 1 de agosto excluye a los nietos de emigrantes españoles que podrían haberse acogido a la ley de nietos si el Supremo no la hubiera paralizado. La oposición sostiene que el Gobierno ha diseñado el calendario para que esos votos, tradicionalmente favorables al PSOE, no lleguen a tiempo. «Ojo a la treta», advierten desde las redes. «El censo para el 29-N es el cerrado a 1 de agosto, antes de que el Supremo paralizara la ley de nietos».

El debate sobre el voto CERA y el voto por correo se ha avivado. Hay quien sostiene que el voto CERA nunca ha superado los 230.000 votantes y que, si se superase esa cifra, el Tribunal Supremo podría ordenar un escrutinio separado. Otros, en cambio, temen que el daño ya esté hecho: «El CERA se cuenta aparte y con días de distancia, así que el daño no es igual que con el voto postal que se mezcla con el presencial».

El impacto en el mercado del alquiler: menos oferta, precios récord​

Mientras el Gobierno aprueba decretos, los propietarios ya están reaccionando. «Los caseros empiezan a retirar sus pisos del mercado: la venta está en precios récord y el alquiler en riesgos máximos», titulaba un medio económico. La consecuencia es inmediata: menos oferta de alquiler, más presión sobre los precios y más dificultades para los inquilinos. «La única opción ahora mismo es que la enfermera recién licenciada comparta litera con Freddi», ironiza un comentario.

El cálculo es sencillo: si el riesgo de alquilar sube, los propietarios venden. Y si venden, el mercado de alquiler se contrae. Los que defienden los decretos argumentan que la medida protege a los inquilinos frente a abusos. Los que los critican sostienen que el efecto será el contrario: menos pisos disponibles y alquileres más caros. La experiencia internacional, dicen, avala esta segunda tesis.

El trasfondo político: elecciones, pucherazos y desconfianza institucional​

La sombra del fraude electoral planea sobre todo el debate. Se cuestiona hasta la empresa que cuenta los votos: «No veo que habléis de Indra, que es la empresa que cuenta los votos, puesta a dedo por el traidor, con antecedentes por fraude electoral y pucherazos». La desconfianza es total. «Lo que importa no es a quién se vota, es quién cuenta los votos», resume otro mensaje.

El Gobierno, mientras tanto, apela a la movilización: «Frente a sus áticos, sus recortes y su servilismo a las élites, nuestro compromiso con la gente: vivienda asequible, servicios públicos y derechos sociales». El mensaje es claro: se presentan como los defensores de los inquilinos frente a los rentistas. La oposición responde que son ellos los que están okupando las instituciones.

¿Qué puede pasar ahora?​

El escenario es incierto. La Diputación Permanente podría aprobar los decretos con los votos del Gobierno y sus socios, pero el PNV ya ha insinuado que podría abstenerse. Si los decretos salen adelante, el Gobierno habrá conseguido su objetivo, pero a un coste político enorme. Si no salen, será una humillación en vísperas electorales. En cualquier caso, el daño a la imagen de las instituciones está hecho. Y el 29-N, los españoles tendrán la última palabra. O eso dicen.

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Datos clave:

• Censo electoral para el 29-N: cerrado a 1 de agosto, antes de la paralización de la ley de nietos.
• Voto CERA: nunca ha superado los 230.000 votantes.
• Los propietarios están retirando pisos del mercado: venta en precios récord, alquiler en riesgos máximos.
• La Diputación Permanente solo puede legislar en casos de extrema necesidad y urgencia.