La UCO avala el relato de una narco sobre el plan contra la juez Biedma
La Guardia Civil ha dado credibilidad al testimonio de una mujer vinculada a un clan de narcotraficantes de Badajoz que asegura haber recibido el encargo de atentar contra la magistrada que instruía la causa del hermano del presidente del Gobierno. El informe de la Unidad Central Operativa, fechado el 6 de octubre, reconstruye una red de contactos entre un exjuez, un empresario, una exresponsable de comunicación del PSOE y una familia dedicada al tráfico de drogas. El objetivo, según los agentes, era «alterar el normal desarrollo del procedimiento judicial». La instrucción sigue abierta y ninguna de las personas citadas ha sido condenada.
Qué dice el informe de la UCO y a quién señala
El documento sostiene que el propósito declarado era «destruir el procedimiento del hermano». Los agentes han localizado una anotación en el teléfono de
Javier Pérez Dolset del 17 de agosto de 2024 que menciona a la «jueza del hermano» y remite a Luis Sáenz de Tejada. El origen de la pista está en una nota hallada en un cuaderno de
Leire Díez con la consigna «Jueza Badajoz. La celsa. Heroína & Gitano».
La mujer que responde a ese apodo, Cintia Rocho, declaró que dos individuos contactaron con ella para «quitar de en medio» a la magistrada. Según su versión, el exjuez le dijo que Biedma «era un puto grano en el culo y que había que eliminarla», y añadió una frase que la UCO recoge literal: «a palos aprende el burro». El informe califica estas actuaciones de «actos preparatorios» y subraya que la finalidad del escrito es «meramente expositiva y remisoria».
Las reuniones, el grupo de viajes y el canal de Facebook
El empresario Joaquín Parra, expresidente del club de fútbol local, declaró el 5 de octubre que Dolset le pidió contactos en la provincia y que mantuvieron dos encuentros en su domicilio de Tarifa. A uno de ellos acudió ya Leire Díez. El 23 de agosto de 2024 se creó un grupo llamado «Vacaciones y viajes» con esas cuatro personas.
En paralelo, Sáenz de Tejada habría contactado con miembros del clan a raíz de comentarios publicados en el canal de Facebook «Independencia judicial de Badajoz». El 17 de diciembre de 2024, Rocho recibió un mensaje de un perfil llamado José García Fernández, cuya identidad nunca conoció, en el que se hablaba de «hacer una limpieza» en los juzgados de la ciudad. El exjuez difundía además vídeos contra Biedma en su canal de YouTube, grabaciones que la propia magistrada ya citó en su escrito ante la Audiencia Nacional.
El calendario judicial que viene
Biedma declara como perjudicada ante el juez
Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional. El informe llega un día antes de esa comparecencia, un detalle de calendario que no pasa desapercibido. En paralelo, Hazte Oír ha denunciado por prevaricación ante el Supremo a Conde-Pumpido y a otros seis magistrados del Constitucional por la amnistía de la malversación, un frente que alimenta la sensación de choque institucional.
La defensa del exjuez sostiene que en sus encuentros nunca se planteó «causar daño físico a persona alguna». Parra, por su parte, negó haber oído nada sobre atentar contra la jueza, aunque admitió vigilancias de personas defendidas por Sáenz de Tejada.
Por qué la credibilidad policial no es una sentencia
Que la UCO dé credibilidad a un testimonio no equivale a una condena. La causa sigue en instrucción y las imputaciones, si llegan, tendrán que sostenerse ante un tribunal. La diferencia entre un informe policial y una sentencia firme es la misma que entre un indicio y una prueba: enorme.
Aun así, el material dibuja un patrón incómodo. Una trama que mezcla cloacas, narcos y un procedimiento judicial que afecta a la familia del presidente. Si algo de esto se confirma, el daño institucional será difícil de exagerar. Si no, quedará otro expediente más para la hemeroteca de acusaciones sin cerrar.