El ciudadano que exige sin papeles: la guerra diaria de las ventanillas
Cualquiera que haya pasado por una oficina pública reconoce la escena. Un ciudadano llega a Tráfico, a una notaría o al ayuntamiento; exige un trámite; y cuando le piden el DNI, el permiso o la tarjeta de inspección, la respuesta no es “claro”, sino un bufido. Hay quien incluso discute la necesidad de identificarse, como si la normativa fuera un capricho del funcionario. La paradoja: cuanto menos preparado llega el usuario, más altanero suele mostrarse.
El ciudadano que no trae los papeles
La casuística es tan amplia como esperpéntica. En Correos, alguien acude a recoger un paquete de un hijo y no lleva autorización; cuando se pide el DNI, responde “¿para qué?”. Otro llega a una administración con una idea fija: “mi abogado me dijo que viniera aquí”, sin papeles, sin número, sin cita. No faltan los que tratan de negociar qué requisitos son prescindibles. Y, al final, el funcionario repite la única frase que le queda: “Esta es la normativa para todo el mundo”.
La otra cara: el funcionario en el punto de mira
La cuestión tiene otra cara. Quien atiende al público cobra por ello, y quejarse de la atención al cliente cuando ese es el trabajo es cuando menos discutible. Además, el ciudadano que paga impuestos financia ese mostrador. Pero también hay quien sostiene que pagar no excusa al funcionario de hacer bien su trabajo, y que la burocracia española convierte lo simple en un laberinto. Entre el usuario que llega sin papeles y el empleado público que se esconde tras la norma, la relación está rota.
Así que la pregunta es casi filosófica: ¿hay que ser tonto para ir a un servicio público sin los requisitos y encima protestar? O, al revés, ¿hay que serlo para soportar un sistema que lo pone todo difícil? Quizás la estupidez se reparte de forma más equitativa de lo que parece.