Resumen del debate: ¿Se pueden organizar los ciudadanos de Madrid para desalojar a los ocupas de la Puerta del Sol?

Multas o desalojo: el pulso por la acampada de Sol​

¿Puede un vecino de Madrid organizarse para vaciar por su cuenta una acampada en la Puerta del Sol? La respuesta corta es no, y el planteamiento que circula estos días lo deja claro desde la primera línea: se pide que sean los propios ciudadanos quienes entren en el centro de la acampada a forzar la salida de quienes la ocupan, ante la inacción del Gobierno central y del Ayuntamiento. El diagnóstico que se repite es que la Policía Municipal tiene herramientas de sobra —ordenanzas que sancionan acampar, beber y orinar en la vía pública— y no las usa. La pregunta, en realidad, es otra: por qué no se aplican.

Qué dice la normativa municipal sobre acampar en Sol​

La acampada en espacio público es sancionable. También lo es el consumo de alcohol en la calle y hacer las necesidades en la vía. Sobre el papel, basta con que la Policía Municipal levante acta. El argumento que se sostiene es que no hace falta ni una porra ni pelotas de goma: bastaría con un perro detector de drogas y un par de PDA para teclear propuestas de sanción una detrás de otra. Si el acampado se niega a identificarse, la multa sube. La presión administrativa, sostienen, vacía antes que la fuerza.

El problema es la cadena de mando. Las propuestas de sanción pasan después por el área correspondiente, y ahí entra la política. Hay quien apunta directamente a que el delegado municipal del ramo condiciona la instrucción de los expedientes. Sin ese paso, la multa se queda en papel mojado.

Por qué no se desaloja: cálculo electoral y coste judicial​

La hipótesis más repetida es la del calendario. Un desalojo por la fuerza a pocas semanas de una cita electoral es un regalo para la oposición y un problema de imagen para quien lo ordena. La segunda hipótesis es jurídica: nadie quiere asumir el coste de un procedimiento contencioso si los antidisturbios cargan y hay heridos o detenidos. La Policía Municipal tiene unidades antidisturbios, se argumenta, y si la orden llegara ya habrían actuado.

Frente a eso, la vía intermedia: dejar que el campamento se apague solo. El frío, la lluvia y la falta de resultados desgastan más que cualquier porra. Es la tesis de quien sostiene que lo mejor es no hacer nada y esperar a que se aburran.

El desgaste de la acampada: quién se queda y quién se va​

La composición del campamento ha cambiado. Los perfiles más visibles en los primeros días, los que hablaban ante las cámaras, ya no están. Se ha quedado el núcleo que cree en lo que hace, y ese núcleo, se apunta, es mayoritariamente crítico con el PSOE. El cálculo político que se hace es incómodo para la izquierda: la acampada no le suma, le resta, porque los partidos de izquierda se están acuchillando entre ellos y el Gobierno aprueba decretos saltándose la ley sin que la protesta cambie nada.

Hay un dato de contexto que se repite: en 25 años no se ha visto una movilización ciudadana masiva en Madrid contra grupos que hacen cosas mucho más graves. Eso, para algunos, explica por qué esta acampada no encuentra respuesta institucional: no hay presión social suficiente para forzarla.

Multar a los acampados: la vía que sí existe​

Existe una tercera vía, la administrativa pura. Una ordenanza que prohíba acampar en espacios públicos ya está en vigor, y conlleva multa cuantiosa. Aplicarla caso por caso, sin desalojo, es la propuesta más repetida: sancionar a cada uno, con perro y PDA, hasta que el campamento se vacíe por agotamiento económico. No requiere porras ni pelotas de goma. Requiere, eso sí, voluntad política para instruir los expedientes.

El cierre es el de siempre: si el Ayuntamiento quisiera, ya lo habría hecho. Y si no lo hace, alguien tendrá que explicar por qué.