Resumen del debate: se pospone verifactu hasta oct 2028

Verifactu se pospone a octubre de 2028​

El sistema que iba a obligar a autónomos y pymes a enviar cada factura a Hacienda en tiempo real no llegará, como pronto, hasta octubre de 2028. La noticia, recibida con alivio en el sector, confirma un patrón que ya se repite: cada vez que el fisco intenta cerrar el cerco digital sobre la facturación, aparece una prórroga. Primero fue un año. Luego dos. Ahora, tres. Y nadie descarta que en 2027 haya una quinta.

Verifactu nació con la promesa de acabar con el fraude del software de doble uso, ese que permite emitir una factura para el cliente y otra distinta para el inspector. La letra pequeña incluía la obligación de remitir los registros a la Agencia Tributaria de forma continua. El calendario inicial hablaba de 2026. Después, de 2027. La última comunicación oficial sitúa el arranque en octubre de 2028.

¿Por qué se retrasa otra vez Verifactu?​

La respuesta oficial apunta a la complejidad técnica y a la necesidad de adaptar los sistemas. La respuesta no oficial, que circula por despachos y asociaciones, es más prosaica: el coste político de apretar a la pyme en año electoral. El Gobierno prefiere no sumar una nueva carga administrativa a un colectivo que ya soporta el SMI, las cuotas y la inflación.

Hay quien sostiene que el retraso es una victoria de los fabricantes de software, que llevan meses vendiendo módulos de adaptación a precios de oro. Otros apuntan a que la propia Agencia Tributaria no tiene infraestructura para digerir millones de facturas diarias. Lo cierto es que el software comprado en 2025 probablemente no valdrá para 2028, lo que obligará a una segunda ronda de compras.

El precedente de las áreas de fumadores​

La comparación más repetida en los mentideros económicos es la de las áreas de fumadores. Primero se obligó a los restaurantes a invertir en espacios separados. Cuando ya habían gastado el dinero, se prohibió fumar en todos ellos. Marca España: primero se pide la inversión, luego se cambia la regla. Con Verifactu puede pasar algo parecido: los que adapten sus sistemas en 2027 verán cómo en 2028 les exigen otra cosa.

El paralelismo no es casual. La técnica legislativa de anunciar una obligación, conceder una prórroga y luego modificar el alcance ya se aplicó con el control horario. Miles de empresas pagaron cuotas mensuales por software que, según los afectados, no vale ni para tomar por culo.

¿Qué pasa con el software comprado en 2025?​

Nada. O casi nada. El comprado en 2025 no servirá para 2028. Es la conclusión que sacan quienes han seguido el expediente. La prórroga no es un perdón: es un aplazamiento. La obligación sigue en el BOE, solo cambia la fecha. Y cuando llegue, los autónomos tendrán que volver a pasar por caja.

Mientras tanto, el debate de fondo sigue abierto. Todos los países tienden al control masivo de las operaciones económicas, recuerda un análisis que circula por los foros. En el País Vasco, el sistema Batuz lleva años funcionando. En España, Verifactu espera su turno. La pregunta no es si llegará, sino cuándo y a qué precio.

La prórroga que nadie descarta​

Con estos antecedentes, lo prudente es no fiarse. En 2027, si el calendario electoral acompaña, es probable que aparezca una nueva excusa para retrasar la entrada en vigor. Los que ya han comprado software se consolarán pensando que les ha salido más barato que a los que esperen a 2028. Los que no, confiarán en que la IA gubernamental acabe haciendo el trabajo sucio. Verifactu o Verifacte, da igual el nombre. El ciberpalillo fiscal acabará llegando.