Resumen del debate: Se nacionalizan por millones y llegarán a tu centro de salud

El pasaporte que se hereda sin revisar el expediente original​

Un ciudadano mexicano de 93 años obtuvo la nacionalidad española alegando que su bisabuelo nació en Burgos en 1821. Sus padres eran mexicanos de 1902 y 1905. Su abuelo, mexicano de 1857. El antepasado que sirvió de base al expediente murió en 1889, medio siglo antes de que empezara la Guerra Civil. Con ese punto de partida, tres hijos y dos nietos han solicitado ya la nacionalidad al amparo de su expediente.

El caso, documentado por THE OBJECTIVE, no es una excepción aislada: es la mecánica. Fuentes del Consulado de España en México describen un procedimiento en el que, comprobado que el progenitor o el abuelo ya es español, los funcionarios otorgan la ciudadanía a los descendientes sin volver a revisar el expediente matriz. La presunción es que la concesión original se resolvió conforme a derecho. Si no lo fue, el error se propaga.

Qué dice la ley y qué se aplicó en la práctica​

La disposición adicional octava de la Ley 20/2022 limita el ámbito a «hijos y nietos». No menciona bisnietos. Tampoco exige, en teoría, acreditar persecución política o exilio: la instrucción del 25 de octubre de 2022, firmada por la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago, introdujo una interpretación extensiva que separó a los descendientes de exiliados de los nacidos fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela originariamente españoles. En la práctica, esa distinción eliminó la obligación de probar la condición de exiliado para una masa amplia de solicitantes y fijó una presunción general de exilio.

El resultado se mide en las oficinas consulares. Las mismas fuentes sostienen que el 90% de las nacionalizaciones concedidas en la demarcación de México se alinean con esta dinámica. Un funcionario dejó constancia de sus dudas con una nota manuscrita pegada al expediente: «¡Ojo! No le corresponde. Cancelar próximamente». Según las fuentes consultadas, prevaleció una orden expresa del embajador, Juan Duarte, y el entonces cónsul general firmó el expediente.

El efecto dominó que nadie verifica​

El problema no es solo el caso original. Es lo que viene detrás. Cada concesión irregular se convierte en la base documental de la siguiente, y la Administración no reabre el expediente madre. El mecanismo convierte un error administrativo en un derecho adquirido para toda una rama familiar. En el caso documentado, cinco familiares directos han activado la cadena.

Hay quien defiende que el sistema simplemente aplica el principio de confianza legítima: si el Estado concedió la nacionalidad, no corresponde al hijo demostrar que el padre la obtuvo irregularmente. En contra pesa el argumento contrario: la confianza legítima no puede blindar un acto nulo, y menos cuando el propio personal consular advirtió por escrito.

Quién vota con ese pasaporte​

La nacionalidad no es solo un documento de viaje. Otorga derecho de sufragio en las citas electorales españolas. La discusión sobre el voto exterior, y sobre si debería exigirse residencia efectiva o presencia física con DNI, queda atravesada por este tipo de expedientes. Un pasaporte concedido sin verificación plena es, también, un voto potencial.

La comparación con la sanidad pública aparece en la conversación como temor difuso: se argumenta que la extensión de derechos a nuevos nacionalizados tensionará servicios ya saturados. No hay en el material ningún dato que cuantifique ese impacto. Es una preocupación expresada, no un hecho medido.

Lo que queda por resolver​

El expediente de Felipe Salvador Ruiz de Velasco está concedido. Sus familiares han solicitado la suya. No consta en la información disponible que se haya revisado el expediente matriz ni que se haya cancelado la inscripción. La nota manuscrita sigue siendo, por ahora, la única advertencia formal documentada.

Si la interpretación extensiva se mantiene, la cadena seguirá funcionando: cada nuevo español por esta vía abre la puerta a sus descendientes directos. Si se corrige, habrá que decidir qué pasa con los miles de expedientes ya firmados. Ninguna de las dos cosas es barata. Y la factura política de la segunda todavía no la ha calculado nadie.