Resumen del debate: Sánchez y la vivienda: ¿se ríe de los votantes de izquierdas?

El decreto de vivienda de Sánchez abre una vía para desahuciar a inquilinos vulnerables de Muface​

¿Qué se esconde detrás del nuevo decreto de vivienda del Gobierno? Según las informaciones publicadas, el Ejecutivo ha incluido en el llamado «decreto Maricarmen» una vía para desahuciar a inquilinos vulnerables de los pisos de Muface. Óscar López, ministro del ramo, habría pedido el desahucio de un inquilino de Muface vecino de Maricarmen, y también se le atribuye el intento de desahuciar a un anciano de 74 años con un 33% de discapacidad pese a pagar la renta todos los meses. La paradoja es que la familia de Begoña Gómez realquilaba 14 habitaciones del ático de 850 euros de Muface, según The Objective. El matrimonio acumula seis pisos y dos plazas de garaje, según La Razón.

El «holding» inmobiliario y la doble vara de medir​

La noticia ha caído como un jarro de agua fría entre los votantes de izquierdas. Mientras el Gobierno se llena la boca hablando de la «vivienda como derecho», el «holding» inmobiliario de Begoña Gómez y Sánchez —seis pisos y dos plazas de garaje— sigue su curso. Y no es un caso aislado: Izquierda Unida, socio preferente del Ejecutivo, también privilegia a cooperativas que, según fuentes municipales, «venden los pisos a los suyos y después los venden a precios astronómicos, haciendo negocio con la vivienda».

El relato oficial se agrieta. La figura del vulnerable desaparece cuando el inquilino ocupa una vivienda pública gestionada por Muface. Ahí no hay moratoria ni escudo social: hay desahucio. La pregunta es incómoda: ¿por qué el escudo social no protege a los inquilinos de Muface? La respuesta, según un participante del debate, es que las viviendas de Muface son viviendas públicas y, por lo tanto, los socialistas las consideran propias. Se las alquilan a los suyos por debajo de precio de mercado para que hagan negocios, incluyendo el realquiler.

La huelga de sindicatos y el miedo a la ultraderecha​

El trilero despista con el miedo de la ultraderecha. Mientras los sindicatos convocan huelga, el Gobierno agita el espantajo del «vienen los ultras» para tapar el agujero. La estrategia no es nueva: sustituir el debate sobre la vivienda por el debate sobre el miedo. Pero los números cantan. El diputado Joaquín Martínez (PSOE), conocido como el «Señor Lobo» de Cajamurcia, «se dedicaba a los desahucios antes del Congreso», según El Español. La hemeroteca es pertinente.

El «fondo buitre» y la comisión del 3%​

El Gobierno vendió un edificio del Estado a un «fondo buitre» con una presunta comisión del 3%, según The Objective. La operación, si se confirma, sería la puntilla para un Ejecutivo que presume de controlar el mercado inmobiliario. La vivienda pública se vende, se realquila y se desahucia. El círculo se cierra.

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Con estos mimbres, la huelga de sindicatos y el malestar de los votantes de izquierdas no son una anomalía. Son la consecuencia lógica de un decreto que protege a los de siempre y desahucia a los vulnerables. La pregunta ya no es si Sánchez se mea en los votantes de izquierdas. La pregunta es cuántos votantes de izquierdas siguen creyendo que el trilero no les está tomando el pelo.