Sánchez, en Harvard: «lawfare» como respuesta a la corrupción
La pregunta era concreta: corrupción en el Gobierno. La respuesta del presidente, en un acto en Harvard, fue otra: un alegato sobre el
lawfare y una lista de causas que, según su versión, son procesos judiciales convertidos en arma política. El intercambio cruzó el Atlántico en horas y abrió una discusión que va del gesto del mandatario a los casos que, según un comentario del foro, no mencionó.
Qué es el lawfare y por qué se usa como escudo
En el fondo del asunto está una palabra que se ha vuelto comodín:
lawfare, la tesis de que los tribunales se usan para desgastar a un adversario político. Aplicada a los procesos que afectan al entorno presidencial —la esposa del presidente, su hermano, el exfiscal general—, la etiqueta funciona como respuesta automática: no hay irregularidad, hay persecución.
Hay quien sostiene que esa lectura es una forma elegante de no contestar.
No todos los casos son iguales, y meterlos en el mismo saco tiene coste: si todo es lawfare, nada es corrupción y la palabra se vacía.
El caso que no salió en la respuesta
La paradoja más repetida es la selección. En el relato del presidente aparecen las causas que le interesan; en la conversación pública pesa más otra: la que un participante del foro califica como el caso más gordo, la de Ábalos, Koldo y Aldama, investigada en los tribunales y con nombres propios en el debate mediático. Los señalados como lawfare por unos son, para otros, la prueba de que el criterio se aplica según convenga.
Todo apunta a que el asunto seguirá dirimiéndose en los juzgados más que en los atriles. Conviene no dar por cerrado el guion.