Resumen del debate: Retiran 188.000 toneladas de aceite para frenar el precio: ¿te cuadra?

España almacena 188.000 toneladas de aceite para sostener el precio​

Un 12% de la cosecha de aceite de oliva queda fuera del mercado por orden ministerial. No se destruye: se guarda en las almazaras hasta septiembre de 2027 y no se puede vender hasta que el Ministerio lo autorice. Es la primera vez que se activa este mecanismo en España, y llega justo cuando el precio en origen del virgen extra se ha desplomado hasta unos 3,03 euros el kilo, un euro menos que hace un año.

La orden es la APA/1145/2026, del 30 de octubre, y la resolución que fija el porcentaje se publicó en el BOE el viernes 6 de noviembre. Afecta a unas 188.000 toneladas que permanecerán inmovilizadas desde el 1 de noviembre. El detonante es una cosecha récord: 1,6 millones de toneladas, un 23% más que el año anterior, más 357.000 toneladas de stock previo. Casi dos millones de toneladas sobre la mesa y un precio que, según los productores, no cubre costes.

Quién pidió la retirada y con qué argumento​

No fue una ocurrencia del ministro Luis Planas. La medida la venían reclamando desde hace años las organizaciones agrarias mayoritarias —ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias—, que la presentan como un estabilizador: evitar los dientes de sierra de un año a 9 euros el litro en el supermercado y al siguiente con el olivarico vendiendo a pérdidas. El marco legal existe: el artículo 167 bis del Reglamento 1308/2013 de la UE, desarrollado por un real decreto español de 2021, permite retirar producción cuando se supera el 120% de la media de las últimas seis campañas. El requisito se cumple.

El problema es que el mecanismo, pensado para catástrofes o excedentes puntuales, se activa aquí con una cosecha buena, no con una mala. Y eso cambia la lectura: lo que se estabiliza no es la escasez, es la bajada.

Los que se oponen: competencia, envasadores y consumo​

La CNMC ha sido la más contundente: sostiene que retirar oferta encarece el producto para el consumidor y reduce la variedad disponible. Los envasadores —Anierac, Asoliva, Infaoliva— añaden un agravio comparativo: la medida solo se aplica a España, primer productor mundial, mientras la competencia internacional no carga con ese stock inmovilizado. Y desde el consumo, FACUA lo resumió en redes con una frase que se ha convertido en el eslogan de la crítica: el Gobierno impidiendo que bajen los precios del aceite.

Hay una paradoja que recorre todo el asunto. Durante dos años, con el litro por las nubes, nadie pidió estabilizar nada. Ahora que tocaba respirar, aparece la mano que ordena guardar.

El aceite no caduca, pero se enrancia​

Aquí aparece el flanco técnico que la orden no resuelve del todo. El aceite de oliva no tiene fecha de caducidad, sino de consumo preferente; aguanta bien, pero no indefinidamente. Guardar 188.000 toneladas hasta 2027 implica asumir una merma de calidad y un coste de almacenamiento que alguien pagará. ¿Quién? La orden no lo detalla con claridad, y ese silencio alimenta la desconfianza.

El precedente histórico tampoco es nuevo: el almacenamiento regulador ya se usó en España en otras campañas, y mecanismos similares existen para el plátano de Canarias o el grano. La novedad es aplicarlo al aceite con este volumen y en plena caída de precios.

Qué pasa con la próxima cosecha​

La duda que queda flotando es la del año que viene. Si vuelve a haber cosechón, ¿se sigue almacenando? ¿Hasta cuándo? ¿Y si el stock retenido sale de golpe al mercado en 2027 y hunde el precio justo cuando el productor necesite vender? El mecanismo estabiliza hoy y puede desestabilizar mañana. Nadie en la orden lo responde.

Mientras tanto, el consumidor paga la parte que le toca: la bajada que le correspondía después de dos años de precios de oro se queda, de momento, en la almazara.