Resumen del debate: Pregunta: Si gobierna PPVOX seguirán arrestando a gente por tuits ofensivos, canciones, delitos de repruebo, etc...?

PP y VOX ante los delitos de odio: ¿derogar o mantener las leyes?​

La pregunta que abre el asunto es incómoda y va al hueso: si el PP y VOX llegan al Gobierno, ¿seguirán produciéndose detenciones por tuits ofensivos, canciones o delitos de odio, o esas leyes se quedarán intactas? El planteamiento inicial lo formula con retintín: si la derecha gana, ¿habrá libertad de expresión o la ultraderecha arrestará a gente por chistes, mensajes antifeministas y propaganda franquista? Y añade la coletilla que muchos esperan: ¿quitarán el Ministerio de Igualdad, al que llaman «feminazi», o lo dejarán y no harán nada?

La respuesta que domina en la conversación es la más cínica y, a la vez, la más coherente con la experiencia reciente. PP y VOX no son lo mismo que el PSOE, pero tampoco lo contrario: se sostiene que todo seguirá igual. El argumento de fondo es que las herramientas de represión del discurso no se tocan porque sirven a quien gobierna, y que la maquinaria administrativa sobrevive a los cambios de color.

Hay quien recuerda que las medidas de corte izquierdista ya se derogaron en su día con una mayoría absoluta, y que lo lógico es que se repita el guion. Frente a eso, la desconfianza se dirige al líder del PP: se le acusa de no obligar a reprimir las críticas, sino de mandar a la cárcel por ellas. La ironía sobre su historial sanitario y su celo regulatorio —una ley autonómica que el Constitucional tumbó— sirve para dudar de que sea el paladín de la libertad de expresión que algunos esperan.

El diagnóstico más duro no habla de derogar, sino de administrar el miedo. Una corriente propone enfocar durante un año a los críticos para que sepan qué es vivir con miedo y luego suprimir el chiringuito: derogar el artículo del Código Penal, eliminar el organismo y dejar sin subvenciones a quienes viven de ello. Es la versión radical del argumento: no basta con no aplicar la ley, hay que desmontarla.

La sospecha de fondo es que la censura no empieza con el PP o con VOX, sino que ya está en marcha. Se apunta a una comunidad autónoma donde se habría restablecido una censura de corte franquista como último ejemplo de que la libertad de expresión se recorta desde el poder, sea cual sea el color. La pregunta inicial, entonces, se invierte: el problema no es lo que harían, sino lo que ya hacen.

Queda la duda de si el Ministerio de Igualdad desaparece o se queda. Nadie lo asegura. La conversación termina donde empezó: con la sensación de que el relato de la libertad de expresión es un adorno electoral y que las estructuras de control tienen más continuidad que los programas.