Resumen del debate: PPVOX cobrando por entrar a la playa en Almería

El peaje de Cabo de Gata: 6 euros por coche, no por la playa​

Un vídeo viral ha puesto esta semana a la Junta de Andalucía en el punto de mira: el gobierno de PP y Vox cobra, supuestamente, por entrar a las playas de Genoveses y Mónsul en Almería. El dato tiene base, pero el matiz lo cambia todo: la tasa de 6 euros es solo para vehículos de motor. Quien llega a pie, en bici, en barco o a caballo entra gratis. El propio recibo que se muestra en la grabación indica “control de acceso y ordenación del tráfico de vehículos a motor”.

De la Agenda 2030 al peseterismo rancio​

El vídeo, impulsado por un canal afín a la llamada “disidencia anti Agenda 2030”, lo vendió como la privatización encubierta del litoral. Los hechos son más viejos y menos conspirativos: el acceso rodado a estas calas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar ya estaba regulado en 2015, mucho antes de que Vox tuviera concejales. La carretera, además, cruza una finca privada cuyos propietarios —herederos de Doña Paquita, la terrateniente que en los años 70 se negó a dejar urbanizar el paraíso— pactaron con Medio Ambiente la gestión de los aparcamientos. Vamos, que el “gorrilla” del vídeo es un empleado de la gestión ambiental.

Seis euros: ¿protección o impuesto al dominguero?​

A favor del peaje pesa el recuerdo del caos precontrol: cientos de coches atascados en una pista estrecha, neveras y acampadas sobre un entorno protegido. Quienes conocen la zona desde hace años defienden que los 6 euros por coche han devuelto la tranquilidad y que el precio es incluso barato. En contra, hay un argumento que ningún defensor ha sabido rebatir: pagar no convierte al visitante en ecologista. Los críticos añaden que el parque no ofrece ni sombra, ni fuente de agua potable, ni baños, y que el autobús no cubre la demanda. En otros parques naturales, recuerdan, el cupo se gestiona con cita previa sin cobrar.

La playa es libre, el parking no​

La Ley de Costas es clara: el uso común del dominio público marítimo-terrestre —pasear, bañarse, estar— es libre y gratuito. Pero aparcar el coche no es un uso común, y el suelo de los aparcamientos no es todo dominio público. Por ahí se cuela la legalidad del cobro. La polémica se ha enredado aún más con el proyecto de rehabilitar unas antiguas cuadras de cortijo junto a Genoveses para convertirlas en hotel. Unos lo ven como la gota que colma un parque ya saturado; otros, como una obra menor que ni siquiera se divisa desde el sendero.

La conversación pública se atasca justo ahí: en la letra pequeña que el vídeo viral no enseñó. Falta por saber si existe cupo de vehículos, si el dinero recaudado se reinvierte en el parque y si este modelo acabará extendiéndose a otras playas. De momento, lo único demostrado es que el titular “cobran por la playa” es, como mínimo, un atajo tramposo.