Resumen del debate: ¿Por qué se habla del 36 y no del golpe del 34 del PSOE y UGT?

Octubre del 34: el alzamiento que la memoria no conmemora​

Un gobierno de la CEDA, unas bases revolucionarias aprobadas por el PSOE y una huelga general que prendió en Asturias y en Cataluña. Ese es el punto de partida de una discusión que lleva años enquistada: por qué el relato público dedica miles de páginas al alzamiento militar de julio del 36 y apenas un pie de página al intento de derribar la República por la vía armada dos años antes. La pregunta no es inocente. Detrás hay una pelea por el calendario de la culpa.

Qué pasó en octubre de 1934​

El detonante fue la entrada de la CEDA en el Gobierno. La respuesta fue una huelga revolucionaria convocada por UGT y PSOE, con la Generalitat de Cataluña declarando el Estat Català bajo la presidencia de Lluís Companys. En Asturias el levantamiento fue armado y focalizado; en el resto del país hubo manifestaciones y paros que no cuajaron o fueron desarticulados. Hay quien sostiene que la comparación con el 36 es tramposa: un golpe militar a nivel nacional contra un gobierno legítimo no se mide con el mismo rasero que una huelga revolucionaria. Otros responden que la intención de derrocar al ejecutivo estaba escrita en las bases aprobadas por el PSOE, y que la hoja de ruta revolucionaria no era un rumor.

El argumento de la defensa propia​

La tesis más incómoda del debate es la que sitúa el arranque de la violencia antes de julio del 36. Hay quien afirma que varios cientos de líderes derechistas fueron asesinados entre febrero y el alzamiento militar, con apoyo gubernamental en algunos casos o directamente por la guardia de asalto. Si eso se sostiene, la derecha habría actuado en defensa propia. Es una afirmación que se lanza con cifras gruesas y sin expediente a la vista, y conviene tratarla como lo que es: una hipótesis de parte que exige verificación documental antes de convertirse en relato.

El pucherazo del 36 y otros fantasmas​

Aparece también la sospecha de un fraude electoral en los comicios del 36, con el argumento de que la derecha habría ganado en las urnas. Es la pieza que falta para cerrar el círculo: si el Frente Popular llegó al poder con trampa, todo lo que vino después cambia de color. La discusión se completa con el golpe de Estado de Sanjurjo del 10 de agosto de 1932, que casi nadie recuerda, y con el argumento de que la República no se votó en referéndum. Son municiones para una misma trinchera: la legitimidad del régimen del 31.

La ley de memoria como campo de batalla​

El ruido de fondo es legislativo. Hay quien defiende ampliar la ley de memoria histórica hasta 1934 e ilegalizar a los partidos que participaron en el alzamiento armado contra la República. La simetría se vuelve entonces el argumento central: si se condena un golpe, se condenan todos. La objeción es que no todas las violencias son equivalentes, y que buscar paralelismos entre una intentona revolucionaria y un golpe militar que abrió tres años de guerra es confundir el mapa con el terreno.

La pregunta que queda flotando no es histórica, sino política: quién controla el calendario de las conmemoraciones. Y ese calendario, de momento, tiene una sola fecha subrayada.