Resumen del debate: ¿Por qué la producción eléctrica debería ser un monopolio público?

Monopolio eléctrico público: el pulso que no se cierra​

El planteamiento que abrió esta conversación era tajante: la producción y gestión de toda la electricidad nacional debería recaer en una única compañía cien por cien pública, y las eléctricas privadas tendrían que desaparecer por decreto. Detrás de esa tesis hay un diagnóstico concreto: las empresas que controlan el sector actuarían como un cártel que se beneficia de cada crisis. El detonante inmediato fue un apagón, y la sospecha, según uno de los participantes, de que alguien con intereses en el negocio eléctrico tradicional tenía motivos para sabotear la expansión renovable.

El argumento central no es nuevo. Se apoya en una lectura nostálgica de los grandes monopolios estatales de la segunda mitad del siglo XX, cuando una red de compañías públicas cubría los sectores estratégicos y, según esta corriente, generaba pleno empleo y una clase media con capacidad de compra. La comparación con el presente es brutal: un sueldo actual no da para lo que daba el de un trabajador sin estudios hace sesenta años.

Qué es Red Eléctrica y quién la controla​

Aquí el debate se enreda en los números. Un sector de la discusión sostiene que Red Eléctrica Española es mayoritariamente pública, y desde la trinchera contraria se corrige con datos: solo un 20% de la compañía está en manos del Estado. El resto se reparte entre un paquete menor y una mayoría de capital privado. La conclusión que extrae esa parte es que el control efectivo no es público, aunque la empresa opere una infraestructura crítica.

El matiz importa porque de él depende toda la discusión sobre responsabilidades. Si el Estado solo tiene una quinta parte, ¿a quién se le exige cuentas cuando la red falla? La respuesta que se da desde el lado crítico es que precisamente esa es la trampa: se socializan los fallos y se privatizan los beneficios. Y que la solución no es regular mejor, sino cambiar la propiedad.

El mecanismo de precios que indigna al personal​

Uno de los pasajes más ilustrativos del intercambio es la explicación del sistema marginalista. La idea, resumida de forma coloquial, es que la electricidad producida cada día se paga al precio de la fuente más cara que haya entrado en el mix, aunque esa fuente represente una fracción mínima del total. El ejemplo que se pone es el de una compra en el mercado: si llevas veinte kilos de patatas y cien gramos de gamba roja, pagas las patatas al precio de la gamba.

Ese diseño, defienden los críticos, es el que convierte cada subida del gas en una subida de toda la factura, incluso cuando la mayor parte de la electricidad ya viene de fuentes baratas. Y es también el que hace que las renovables, que deberían abaratar el sistema, acaben cobrando el precio de lo más caro. La paradoja es difícil de defender desde el punto de vista del consumidor.

El contraargumento: lo público también falla​

No todo el mundo compra el relato. Hay quien recuerda que la gestión pública en España tiene un historial que no invita al optimismo: sanidad, educación, dependencia, correos. Y quien advierte de que meter la eléctrica en el mismo saco significaría colocar al frente a personal designado por criterios políticos, con los riesgos de captura que eso conlleva.

También aparece la objeción técnica: la generación eléctrica nunca fue un monopolio público en España, ni siquiera en la época dorada que se evoca. Endesa, se argumenta, fue más un vertedero donde caían eléctricas ruinosas mal gestionadas por burguesías locales que un proyecto planificado de compañía nacional. La nostalgia, en este punto, choca con el archivo.

El trasfondo político que nadie disimula​

La conversación deriva pronto hacia el marco histórico. Unos sitúan el origen de los grandes conglomerados públicos en los gobiernos autoritarios de los años veinte y treinta; otros replican que fueron los gobiernos posteriores quienes los desmantelaron. La discusión sobre quién construyó y quién destruyó el tejido industrial público se convierte en un ajuste de cuentas que tiene más de guerra cultural que de economía.

Lo que sí queda claro es que el modelo energético se ha convertido en un campo de batalla ideológico donde cada apagón reabre la misma pregunta: ¿puede un país permitirse que un sector estratégico esté en manos privadas? La respuesta depende de a quién se le pregunte, y de cuánto haya subido la factura ese mes.

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El punto exacto donde el análisis se atasca es siempre el mismo: nadie discute que la red eléctrica es infraestructura crítica, pero no hay acuerdo sobre si la solución pasa por cambiar la propiedad o por cambiar las reglas. Y mientras tanto, la factura sigue llegando.