Resumen del debate: Ojo Hacienda va a usar un software israelí de élite con IA para espiar redes sociales

Hacienda ficha un software israelí de análisis forense digital​

La Agencia Tributaria ha incorporado Pathfinder, una herramienta de análisis forense digital desarrollada por la firma israelí Cellebrite, según informa Expansión. El software, empleado originalmente por unidades policiales israelíes como Lahav 433 y el servicio de seguridad interior Shin Bet, permite procesar grandes volúmenes de datos, cruzar información entre investigaciones y analizar publicaciones en redes sociales. La noticia ha generado preocupación entre contribuyentes que ya venían alertando de un endurecimiento del Fisco.

Qué es Pathfinder y para qué lo quiere Hacienda​

Pathfinder no es un programa de gestión tributaria al uso. Es una herramienta de análisis forense digital que, tras el volcado de información extraída de dispositivos y plataformas, aplica algoritmos de inteligencia artificial para establecer patrones y detectar anomalías. Hacienda ha adquirido licencias para cuatro aplicaciones concretas, según el medio económico. Con ellas, el Fisco podría establecer relaciones personales y societarias entre contribuyentes, detectar jergas específicas y clasificar grandes cantidades de documentos.

El potencial que más inquieta es el cruce de datos. La herramienta permite cotejar información entre distintas investigaciones, lo que en la práctica supone que una inspección abierta por un asunto menor puede convertirse en la puerta de entrada a un rastreo mucho más amplio. Las redes sociales son uno de los frentes donde esta tecnología podría operar con más facilidad, analizando publicaciones de los contribuyentes.

El origen del software que ahora vigila a los contribuyentes​

Cellebrite no nació para perseguir fraudes fiscales. Sus primeros clientes fueron la unidad policial israelí Lahav 433, el servicio de seguridad interior Shin Bet y la unidad de tácticas especiales conocida como Los Gedeonitas. Es decir, un software diseñado para entornos de seguridad nacional, no para administraciones tributarias. Ese detalle, que Expansión subraya, es el que ha encendido todas las alarmas.

La pregunta que sobrevuela es hasta dónde puede llegar Hacienda con una herramienta así. En el ámbito tributario, el cruce de datos entre investigaciones y el análisis de redes sociales abre un abanico que hasta ahora parecía reservado a servicios de inteligencia. La frontera entre perseguir el fraude y espiar al contribuyente se vuelve, cuando menos, difusa.

El malestar de los contribuyentes: inspecciones que cambian de acusación​

Mientras unos debaten sobre el potencial técnico, otros han puesto sobre la mesa experiencias propias. Un contribuyente relata que recibió una propuesta de liquidación por una herencia en la que se apreciaba una presunta donación. Aportó documentación bancaria que demostraba que no había transferencias entre herederos. La respuesta de Hacienda fue cambiar el motivo: ahora apreciaban un exceso de adjudicación. El caso ilustra una práctica que algunos describen como «acusar de A, demostrar que no, y condenar por B».

Ese tipo de situaciones alimenta la sensación de que el Fisco actúa con una lógica más recaudatoria que garantista. La incorporación de Pathfinder añade una capa tecnológica a ese malestar. Ya no se trata solo de interpretaciones legales discutibles, sino de la capacidad de procesar información masiva con algoritmos de IA.

La doble vara de medir que denuncian los críticos​

Una de las corrientes más repetidas sostiene que la Agencia Tributaria no aplica el mismo celo a todos. Se argumenta que mientras se estrecha el cerco sobre el contribuyente medio, casos como el del hermano del presidente del Gobierno o el de Begoña Gómez avanzan con lentitud. La jueza que investiga el incremento patrimonial del hermano de Sánchez ha tenido que reclamar a Hacienda que justifique su control sobre las acciones, algo que el Fisco no habría hecho.

En paralelo, se señala que Hacienda no contempla personarse en la causa de las joyas de Zapatero y que la AEAT abrió y suspendió de inmediato las inspecciones al expresidente para blindar la prescripción tributaria, según Gestha. La sensación de doble rasero se refuerza con el cese del inspector que investigaba la trama de Zapatero, sustituido por quien habría hecho la vista gorda con su testaferro.

El precedente del fraude en hidrocarburos​

La paradoja la resume un comentario recurrente: la AEAT lleva años gastando millones en herramientas de análisis estadístico, cuadros de mando y alarmas por áreas geográficas, sector y tamaño de empresa. Y sin embargo, se le escapó un fraude en hidrocarburos que, según un cálculo que circula, rondaría o superaría los 1.000 millones de euros. La tecnología, por sí sola, no garantiza resultados. Depende de quién la use y con qué prioridades.

Ese argumento introduce un matiz importante. No es lo mismo tener capacidad de procesar datos que tener voluntad de perseguir según qué delitos. La IA puede detectar patrones, pero la decisión de a quién se investiga sigue siendo humana. Y ahí es donde entran las suspicacias sobre listas blancas y trato preferente.

El control del individuo: de la ciencia ficción a la rutina​

Más allá del caso concreto, hay una preocupación de fondo que trasciende a Hacienda. La generalización de la IA podría facilitar el control del individuo por parte del Estado a niveles que hace una década parecían de ciencia ficción. El reconocimiento facial en estaciones de tren y aeropuertos, con la excusa de la seguridad antiterrorista, permitiría saber en tiempo real la ubicación exacta de cada persona. Luego llegarían los edificios oficiales, las calles principales, la vida cotidiana.

Ese escenario no es una predicción aislada. Es la dirección en la que apuntan las herramientas que se están adoptando. Pathfinder es solo una pieza. La pregunta no es si la tecnología puede hacerlo, sino quién decidirá los límites. Y esa respuesta, hoy, no está escrita.

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Al final, el dato que descoloca no es que Hacienda tenga un software israelí. Es que lo tenga antes de que exista un debate público sobre sus límites.