Resumen del debate: Nuevo impuesto al patrimonio de los ultrarricos

Colau grava el millón y deja fuera al asalariado con piso​

Un patrimonio de un millón de euros ya no es lo que era. Con ese umbral arranca la propuesta fiscal que la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, presentó en un desayuno informativo en el Hotel Ritz de Madrid: un impuesto anual del **2% sobre los patrimonios que superen el millón de euros** y del **3% a partir de los 50 millones**. La medida, bautizada como *Tax the rich*, se suma al gravamen del 10% para propietarios de cuatro o más viviendas que especulen con el alquiler, anunciado a finales de octubre.

El paquete incluye además una subida del tipo efectivo sobre los beneficios de grandes empresas y banca —hoy entre el 7% y el 9%, frente al cerca del 20% que soportan las pymes, según los datos que maneja la coalición— y una revisión de las desgravaciones a los grandes grupos. Con todo ello, el cálculo que Colau pone sobre la mesa supera los **10.000 millones de euros** destinados a reforzar servicios públicos y pensiones.

De dónde sale el dinero y a quién se le pide​

El argumento de partida es una foto de la riqueza española: el **1% de la población acumula el 26% del patrimonio del país** y los cien españoles más ricos habrían incrementado su fortuna un **16% en el último año**. Sobre esa base, la propuesta se presenta como una cuestión de prioridades: «Hay que dejar de proteger a las grandes fortunas para proteger la vida de la gente», defendió la exalcaldesa de Barcelona.

El destino declarado de la recaudación es doble: servicios públicos y pensiones. En este segundo capítulo, Colau se comprometió a subir las prestaciones más bajas para ajustarlas a la inflación, recordando que **dos millones de pensionistas cobran 900 euros al mes**, la mayoría mujeres, y que la cuantía mínima debería equipararse al SMI, que en 2027 podría alcanzar los 1.286 euros mensuales.

El umbral del millón y la trampa de la etiqueta​

La primera objeción que aparece es semántica: llamar *ultrarrico* a quien tiene un millón de euros. En zonas con precios de vivienda disparados, un piso en propiedad más un plan de pensiones decente pueden rozar ese umbral sin que su dueño se sienta precisamente parte de la élite económica. La etiqueta hace un trabajo político que el número, por sí solo, no sostiene.

La segunda objeción es de comportamiento. Con un tipo anual del 2% sobre el patrimonio, la pregunta inevitable es cuánto tarda el capital en buscar otra jurisdicción. Hay quien recuerda el caso francés y el goteo de fortunas hacia Bélgica tras la aplicación de un impuesto similar. Y hay quien apunta que los patrimonios realmente grandes rara vez están a nombre de su beneficiario último, lo que convierte el gravamen en una medida más fotogénica que efectiva.

El espejo nórdico que no siempre refleja lo que parece​

El modelo escandinavo suele aparecer como horizonte. Pero el espejo tiene grietas: en Suecia ni los socialdemócratas quieren recuperar el impuesto sobre el patrimonio, y en Dinamarca la izquierda ha anunciado una bajada del impuesto de Sociedades del 22% al 19%. El mito de la fiscalidad nórdica funciona mejor como eslogan que como programa.

Queda el flanco del gasto. Sin una auditoría al milímetro de en qué se emplea cada euro recaudado, la promesa de reforzar servicios públicos se queda en eso, promesa. La desconfianza no es ideológica: es aritmética. Y con estos mimbres, la pregunta no es si el impuesto es justo, sino si alguien con dos millones va a esperar sentado a comprobarlo.