Resumen del debate: Nacionalizan a un mexicano de 93 años por su bisabuelo: ¿cómo lo veis?

Un bisnieto de 1821 obtiene la nacionalidad con 93 años​

¿Puede un bisabuelo nacido en Burgos en 1821 convertir a su descendiente de 93 años en español? Según el caso que ha encendido la polémica, sí. El Gobierno habría nacionalizado a un mexicano nonagenario que no tiene padres ni abuelos españoles, apoyándose en un antepasado que nació en Burgos hace más de dos siglos. La llamada «ley de nietos» no ampara a los bisnietos. Ese es el detalle que chirría.

El beneficiado alegó que su bisabuelo nació en 1821 en Burgos. La norma diseñada para nietos de exiliados se estira hasta límites que nadie previó. Y ahí arranca el runrún: si el criterio es tan elástico, ¿dónde está el límite?

¿Qué es la ley de nietos y a quién ampara?​

La ley de nietos nació para reparar el vínculo de descendientes de españoles que perdieron o no pudieron conservar la nacionalidad. Su marco natural son hijos y nietos. Los bisnietos quedan fuera. El caso del mexicano de 93 años se sostiene sobre un bisabuelo nacido en Burgos en 1821, dos siglos atrás, y sobre una interpretación que muchos consideran forzada.

Hay quien sostiene que cada nacionalización de este tipo es una puerta abierta a la siguiente. En contra pesa el argumento de que se trata de casos individuales y que la administración aplica la ley. El problema es que la ley, tal como está redactada, deja resquicios.

El pucherazo que se teme y que nadie prueba​

El temor que recorre el asunto no es solo jurídico. Es electoral. Se argumenta que nacionalizar a miles de personas abre la puerta a votos cautivos, a votos que alguien deposita por quien no puede o no sabe. Un nonagenario no va a votar. Pero alguien podría hacerlo por él. Ese es el escenario que se describe, sin prueba alguna que lo respalde.

Sobre el 23 de julio de 2023 circula un testimonio: una empleada de mantenimiento relata que un cargo de Correos le habría ordenado tirar a un contenedor varias cajas de la empresa el día después de las elecciones. Sospecha que contenían votos por correo. Reconoce que no pudo comprobar su contenido ni obtener pruebas documentales. Es un testimonio, no una sentencia.

La propuesta que sobrevuela: suspender el censo​

La reacción más dura pasa por suspender la inscripción de todos los nuevos españoles hasta verificar cuántos cumplían las condiciones. La idea tiene defensores y detractores. Los primeros creen que el fraude es estructural y que hay que cortarlo en seco. Los segundos ven en esa medida una vulneración de derechos para miles de personas que sí cumplen los requisitos.

El cálculo completo, con el número de nacionalizaciones y su posible impacto en el censo, es la pieza que falta. Sin él, todo son conjeturas.

El trasfondo económico: sanidad y pensiones​

Más allá del voto, late el debate económico. Hay quien sostiene que la nacionalización se busca para acceder a la sanidad pública y a las pensiones. Se menciona el caso de un cubano de 76 años que habría pedido una pensión no contributiva. Es un ejemplo, no una tendencia demostrada.

La pregunta que queda en el aire es cuánto cuesta este goteo. Nadie lo ha cuantificado. Y sin cifras, la discusión se queda en el terreno de la sospecha.

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Al final, la nacionalización de un mexicano de 93 años es la anécdota. Lo que de verdad importa es el resquicio legal que la permite. Y ese resquicio, de momento, sigue abierto.