Resumen del debate: Nacionalizaciones y fraude de ley: ¿qué está pasando?

Un tuit pone el foco en las nacionalizaciones por descendencia​

¿Cuántas nacionalizaciones españolas se pueden acumular a partir de un solo antepasado que emigró en 1880? La pregunta, que suena a ejercicio teórico, es la que lanzó un mensaje difundido en redes: «Su bisabuelo se fue de España en 1880 y han nacionalizado a 29 miembros de su familia. FRAUDE DE LEY COMO LA COPA DE UN PINO». El texto, atribuido a una cuenta pública, no aporta expediente, apellidos ni resolución, pero basta para reabrir un asunto recurrente: hasta dónde alcanza el derecho de sangre cuando se encadena generación tras generación fuera del país.

La discusión derivó rápido hacia el marco legal. Hay quien sostiene que el próximo gobierno debería «revisar y revocar las nacionalidades fraudulentas» y que tendría cuatro años para hacerlo. Otros responden que el problema no es la norma, sino su control: si los consulados y embajadas han hecho la vista gorda, el reproche debería caer sobre quien instruye los expedientes, no sobre el solicitante que cumple los requisitos escritos.

Qué exige la ley para nacionalizarse por descendencia​

El régimen de nacionalidad por opción y por carta de naturaleza permite a descendientes de españoles solicitar la nacionalidad sin renunciar necesariamente a la anterior, siempre que acrediten el vínculo. La clave está en la prueba: partidas de nacimiento, certificados literales y, en algunos supuestos, la inscripción del progenitor en el registro consular. Cuando el antepasado salió del país en 1880, la cadena documental puede abarcar cinco generaciones.

De ahí que el caso de los 29 familiares resulte, como mínimo, llamativo. No se discute que exista un derecho; se discute si el volumen de concesiones responde a un goteo legítimo o a una interpretación laxa de los requisitos. La cifra, repetida sin desglose, funciona como titular pero no como prueba: no hay en el material ningún expediente concreto, ninguna resolución administrativa ni ningún informe que cuantifique cuántas solicitudes se han denegado por fraude.

El precedente que nadie quiere comparar: los sefardíes​

La comparación más incómoda apareció pronto. «Los del pueblo elegido llevan más de 500 años fuera y con el certificado de un rabino en el que pone que su familia fue expulsada de España les dan la nacionalidad española», señala un mensaje que apunta directamente a la ley impulsada durante el gobierno de Mariano Rajoy. Esa vía, cerrada en su versión original, exigía acreditar la condición de sefardí y la vinculación con España, y fue objeto de críticas por la dificultad de verificar ambos extremos.

El paralelismo sirve para algo más que para el sarcasmo: muestra que el problema no es exclusivo de una comunidad ni de una norma concreta. Cualquier régimen de nacionalidad basado en la ascendencia arrastra el mismo talón de Aquiles, la verificación documental, y el mismo incentivo perverso, la posibilidad de encadenar solicitudes familiares.

Los datos que se citan y los que faltan​

En la discusión se cruzan cifras de distinto origen. Se menciona que más del 1% de la población de Honduras reside en España, y lo mismo para Nicaragua. También se alude a los ocho millones de venezolanos que habrían salido de su país, un dato que se usa para rebatir la generalización por casos delictivos. Y se apunta a la estadística del Instituto Nacional de Estadística sobre cotización a la Seguridad Social, según la cual los venezolanos serían el colectivo que más cotiza.

Ninguna de esas cifras resuelve la pregunta de fondo, que es administrativa: cuántas nacionalizaciones se conceden, cuántas se revisan y cuántas se revocan. Sin ese desglose, hablar de fraude de ley es hacerlo en el aire.

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La ironía final la firmaría cualquier funcionario: revisar y revocar 29 nacionalidades exige un expediente por cada una, con audiencia y recursos. Cuatro años dan para mucho, pero no para hacerlo sin papeles.