Resumen del debate: Más de 14.000 personas que cobran la Renta de Garantía de Ingresos en Cataluña están ilocalizables

Cataluña no encuentra a 14.219 perceptores de la Renta Garantizada​

La Generalidad clasificó como ilocalizables 14.219 expedientes de la Renta Garantizada de Ciudadanía a lo largo de 2025. De ellos, 4.386 tenían como titular a una persona con NIE: el 30,9% del total. El dato no es una estimación de campaña ni una filtración interesada; sale de una respuesta oficial firmada por el director general de Prestaciones Sociales, Valentí Arroyo Peña, a una solicitud amparada en la Ley de Transparencia. La paradoja es de manual: una administración que paga no sabe a dónde mandar la carta.

Qué significa exactamente «ilocalizable»​

Aquí conviene frenar el titular fácil. Ilocalizable no equivale a desaparecido ni a fraude consumado. En las rentas mínimas, el término suele describir un expediente en el que no se ha podido notificar una revisión, un requerimiento o una resolución. La noticia no detalla cuántos de esos 14.219 siguieron cobrando sin que nadie diera con ellos, y ese es justo el dato que convertiría el asunto en escándalo o en simple atasco burocrático.

Tampoco son 14.219 personas cobrando a la vez. Es el acumulado de todo un año. La última nómina disponible, a 31 de julio de 2026, contabilizaba 35.184 titulares de la RGC, una foto fija de un día. Por la prestación pasa mucha más gente a lo largo de doce meses, así que comparar ambas cifras como si fueran el mismo universo infla la proporción hasta deformarla.

El NIE en el 30,9% de los expedientes​

El desglose por documentación es el que ha encendido la conversación: 4.386 de los 14.219 expedientes ilocalizables correspondían a titulares con NIE. Hay quien lee ahí la prueba de un uso irregular de la ayuda; en contra pesa que un NIE no implica nacionalidad extranjera ni residencia fuera de España, y que la propia estadística mezcla titulares con responsables de la ayuda y con el conjunto de beneficiarios, que incluye a los miembros de la unidad familiar.

La respuesta oficial distingue esas tres categorías, y esa distinción se pierde en cuanto el dato circula por redes. El resultado es un debate sobre extranjeros montado sobre una cifra que no mide lo que muchos creen que mide.

4,6 millones en pagos indebidos​

El documento recoge además 474 liquidaciones por pagos indebidos, por un importe acumulado de 4.637.898,88 euros. Es la parte del expediente que sí tiene nombre y apellidos contables: dinero abonado que la administración considera que no debía haberse pagado y que trata de recuperar. La cifra, casi 4,64 millones, da la medida real del agujero detectado, muy lejos de los titulares que sugieren un desvío masivo.

La pregunta que sobrevuela todo el asunto es de gestión, no de ideología: si el sistema es capaz de detectar el pago indebido, ¿por qué no es capaz de localizar al titular antes de pagarle?

La carta que no llega​

El núcleo del problema es administrativo y algo esperpéntico. Notificar exige dirección; sin dirección, el procedimiento se atasca, y el atasco se resuelve con suspensiones, requerimientos por edictos o expedientes que se apilan. La Generalidad sabe cuántos son y cuánto suman, pero no dónde enviar la carta.

Con esos mimbres, la discusión pública se parte entre quienes ven un fallo de control del gasto y quienes recuerdan que localizar a un perceptor vulnerable —cambio de domicilio, realojo, situación irregular— es endiabladamente difícil incluso con voluntad. ¿Cuántos de esos 14.219 expedientes acabarán en un cobro efectivo y cuántos en un archivo sin retorno?