NOTICIA: Mario, profesor de matemáticas, detenido por agresión sensual a menores, etc.

Nueve víctimas y dos colegios: el caso del profesor de matemáticas​

Un profesor de matemáticas de 37 años, con destino en el colegio Humanitas de El Cañaveral (Vicálvaro, Madrid), está detenido e investigado por presuntas agresiones sexuales a menores, varios de ellos alumnos del propio centro. La fachada no podía ser más anodina: presidente de la comunidad de vecinos, quince años de relación con su pareja, entrenador de porteros del Atlético de Madrid. Ninguna de esas capas avisó de nada.

Qué delitos se le atribuyen al detenido​

La investigación le imputa tres delitos continuados de agresión sexual completa a menores de 16 años y otros tres delitos de agresión sexual contra víctimas distintas. A eso se suman, siempre según las fuentes policiales citadas, prostitución infantil, pornografía infantil y child grooming: contactar con menores en plataformas de juego online para acabar exigiéndoles imágenes de contenido sexual.

Ya han prestado declaración nueve víctimas. La cifra no es definitiva. Fuentes de la investigación anuncian que crecerá, porque hay varios casos más abiertos. En el domicilio se intervinieron teléfonos móviles, ordenadores portátiles y elementos de almacenamiento. Ningún juez ha fijado todavía responsabilidades penales: esto es, a la fecha, una investigación en curso.

Por qué se habla de un colegio religioso cuando es concertado​

El docente había ejercido en el colegio Las Mercedarias de Don Juan de Alarcón, en la calle Valverde, donde también se abrieron pesquisas. De allí pasó al Humanitas, en su propio barrio. Los vecinos lo describen como el presidente perfecto, siempre pendiente de todo. Su pareja, con la que convivía, no figura en la investigación: «Él no sabía nada de todo esto», dicen los allegados.

El primer impulso de buena parte del relato mediático fue etiquetar el caso como religioso. Los centros de origen conventual funcionan hoy mayoritariamente como fundaciones concertadas gestionadas por personal laico, y ese enfoque duró poco. El detalle con recorrido legal es otro: quien trabaja con menores debe aportar el certificado del Registro Central de Delincuentes Sexuales, una exigencia que se remonta a 2016 y que no distingue entre enseñanza pública y concertada.

El 47% de los abusos reconocidos por la Iglesia ocurrió en sus aulas​

Los números de la Conferencia Episcopal Española funcionan como contrapunto y como contexto. Reconoce de forma oficial 728 casos —más de mil en rectificaciones posteriores— frente a la estimación estatal de 440.000 víctimas obtenida por encuestas a población adulta. El 47% de los abusos reconocidos se produjo en colegios, institutos o aulas dependientes de la Iglesia; el 52% de los acusados eran sacerdotes, y los informes citados describen traslados y encubrimientos de la jerarquía.

Con ese marco, la tentación de cerrar el asunto en la sacristía es fuerte. Los casos que se mencionan al margen lo desmienten: el exdirigente de las Juventudes Socialistas de Elche Alejandro Díaz, investigado antes en dos causas —absuelto en una, archivada la otra—; el diputado socialista Juan Luis Cepa, investigado por una presunta agresión sexual a un menor; un concejal del PSOE de Torrejón de Ardoz detenido por pornografía infantil; y el exentrenador de hockey Horacio «Chacho» Asensio, detenido en Mar del Plata por presuntos abusos a jugadoras menores. El abuso infantil no tiene carné ideológico ni confesional. Lo que tiene es acceso.

¿Por qué la orientación sexual del acusado no explica el abuso?​

Porque ninguno de los delitos que se le atribuyen se define por ella. El atestado recoge agresiones, prostitución, pornografía y grooming; la orientación del detenido no aparece como elemento investigado en ningún informe citado. Aun así, cierta corriente de opinión derivó hacia la equiparación entre homosexualidad y pederastia, apoyándose en un informe de 1977 y en porcentajes que no vienen con fuente verificable.

Ese salto tiene un problema de fondo y otro de forma. De fondo, confunde una conducta delictiva —el abuso de un menor, que se sostiene sobre una asimetría de poder— con la vida sexual entre adultos. De forma, convierte un caso individual en una etiqueta colectiva sin pasar por ningún tribunal. El mismo razonamiento que pedía no reducir el fenómeno a los curas acaba reduciéndolo a otra cosa.

El caso sigue abierto, con nueve víctimas declarando y un peritaje de dispositivos por delante. Si la cifra crece como apuntan las fuentes policiales, el foco volverá a los colegios y a los protocolos de selección de personal. Y volverá, casi seguro, a la misma pregunta incómoda: cuántos filtros tenía delante y cuántos funcionaron.