Resumen del debate: Los profesores madrileños se quejan de que 4200 euros al mes es poco

Docentes de Madrid: de 2.582 a 4.200 euros brutos y una huelga en el aire​

La Comunidad de Madrid ha rechazado por «inasumible» la subida salarial que reclama el profesorado madrileño. ¿Cuánto cobran? Entre 2.500 y 4.200 euros brutos al mes, según la horquilla que la propia administración ha puesto sobre la mesa para justificar el no. El problema es que una horquilla no es una nómina: el techo de 4.200 euros lo tocan unos pocos, y la mayoría del colectivo vive en la mitad baja de ese intervalo.

¿Cuánto cobra un profesor de secundaria en Madrid?​

En la puerta de entrada, bastante menos de lo que sugiere el titular. Un maestro de Infantil o Primaria arranca con 2.582 euros brutos al mes, unos 36.155 al año. Un profesor de secundaria, con 2.925 brutos, roza los 40.947 anuales. Son cifras de partida, sin antigüedad y sin complementos.

El escalón siguiente se paga con tiempo. Con trienios y complementos, el maestro sube a 3.021 euros brutos —42.289 al año— y el docente de secundaria a 3.352, algo más de 46.900. Para llegar al famoso 4.200 hay que sumar años, cargos y evaluaciones: cada trienio aporta unos 50 euros y cada sexenio cerca de 100, de modo que el perfil que alcanza el techo es un jefe de estudios con diez trienios y cinco sexenios a la espalda. Alguien que lleva media vida en el aula.

Del bruto al neto: 4.200 euros son 2.570 en catorce pagas​

La conversión desmonta buena parte del relato. Esos 4.200 euros brutos mensuales equivalen a 3.000 euros en doce pagas y a unos 2.570 en catorce. Aplicando una retención aproximada del 20%, el neto del techo se queda en torno a 2.900 euros; el de un profesor de secundaria recién llegado, en unos 2.340.

La horquilla neta que manejan quienes están delante de la pizarra es más estrecha de lo que sugiere el escaparate: se arranca alrededor de 2.100 euros netos en Madrid y lo habitual es no pasar nunca de 2.500. Superar esa barrera exige muchos años de servicio y, a menudo, un cargo. El desglose fino —trienios, sexenios, complementos por responsabilidad— se puede reconstruir línea a línea, y ahí la cifra cambia de signo.

21 horas semanales, 171 días de clase y tres meses de vacaciones​

El otro frente es la jornada. Los 4.200 euros, cuando llegan, se cobran por 21 horas lectivas a la semana, y los centros abren 171 días al año, seis horas al día. Sobre el papel, un chollo.

Del otro lado, la jornada lectiva no es la jornada laboral: correcciones, reuniones, guardias y atención a familias no computan en esas 21 horas, y la carga burocrática ha crecido. También se ha vuelto más duro el patio. El docente de secundaria hace cada vez más de educador y menos de transmisor de contenidos, una función que muchos consideran que corresponde a las familias. Y el desgaste emocional se ha convertido, para una parte del sector, en el primer motivo de baja por delante del sueldo.

Más de un 20% de poder adquisitivo perdido y un calendario electoral​

La cifra que explica la protesta no es la nómina actual, sino su evolución. El poder adquisitivo del colectivo ha caído más de un 20%, y con ese punto de partida cualquier negociación se vuelve cuesta arriba: sin subida, la alternativa es trabajar igual por menos.

Sobre el calendario planea además una lectura política. Hay quien sostiene que el pulso no va tanto de cuentas como de elecciones, y que la rigidez de ambas partes responde al marco de la campaña más que a la negociación sectorial. De ahí que se den por hechas las huelgas, con un detalle incómodo para quien las convoca: cada día de paro también es un ahorro para la administración.

¿Ganan más que un ingeniero o un auditor de una big four?​

Es la comparación que más ha circulado, y conviene acotarla. Con el techo de la horquilla, un docente veterano con cargo puede superar la retribución de un ingeniero con experiencia o de un auditor de una big four sin vida fuera del despacho. Con la base, no: 2.582 brutos no compiten con esos perfiles. Pocos gremios con jornada y vacaciones parecidas despiertan esta animadversión.

El contraste interesante está dentro del propio sistema. En la universidad pública, un ayudante doctor ronda los 1.700 euros al mes y un contratado doctor los 1.900, con doctorado y acreditación en la mano. En determinados tramos, la escala premia más al maestro de colegio que al profesor contratado doctor, y ese escalón invertido explica buena parte del malestar en la enseñanza superior, donde los sexenios y las agencias de evaluación se perciben como un filtro discrecional.

En el extremo más radical del argumentario, hay quien plantea que la docencia tal como se conoce está condenada: un asistente de inteligencia artificial disponible 24 horas cubriría buena parte de la transmisión de contenidos. La objeción es obvia para cualquiera que haya dado clase —el contenido es la parte fácil—, pero la pregunta sobre para qué se paga a un docente planea sobre todo el conflicto.

Queda un consuelo para la Consejería: si el sueldo es tan bueno, la jornada tan corta y las vacaciones tan largas, la próxima convocatoria de oposiciones debería resolver el relevo generacional por sí sola. Nadie ha explicado todavía por qué no lo hace.