Resumen del debate: Líderes de la UE cargan contra Sánchez: «Son capaces de sustituir a la población para seguir en el Gobierno»

Dieciocho países de la UE cargan contra la regularización de Sánchez​

La política migratoria española ha dejado de ser un asunto interno. Dieciocho países europeos han expresado formalmente su malestar por la regularización masiva de inmigrantes ilegales aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, y varios líderes han elevado el tono hasta acusar al Ejecutivo de buscar un rédito electoral con la operación. La primera ministra de Dinamarca ha pedido a Bruselas que examine las consecuencias de esa regularización, mientras Austria y la República Checa se suman a las críticas. El detonante inmediato: la presión migratoria sobre Ceuta.

Qué dice Bruselas y qué piden los socios​

Ursula von der Leyen ha trasladado a Sánchez el hartazgo de una parte de la Unión Europea. La Comisión Europea recibe la petición danesa de evaluar qué efectos tiene una regularización de este calibre sobre el conjunto del espacio Schengen, y varios Estados miembros van más allá: reclaman que se contemple la suspensión del derecho al asilo en situaciones de crisis como la de Ceuta. El argumento que circula entre los críticos es que una regularización amplia actúa como factor de atracción y empuja nuevas llegadas.

El choque tiene una lectura económica que conviene no perder de vista. España figura entre los países con mayor gasto relativo en el Ingreso Mínimo Vital, por encima de Francia y Alemania según los datos que se manejan en el entorno del debate, y la mitad de los perceptores de esa prestación son de nacionalidad marroquí. La tasa de actividad de las mujeres marroquíes en edad laboral se sitúa en torno al 30%, una de las más bajas del entorno. Son cifras que dibujan un problema de integración laboral, no solo de control de fronteras.

La acusación de sustitución electoral​

El titular más incendiario lo firma el líder de Vox, Santiago Abascal, que ha llegado a describir a Sánchez como el candidato de Marruecos en España. La formulación que ha hecho fortuna en medios y redes es otra: que el Gobierno sería capaz de sustituir población para mantenerse en el poder. Un diputado socialista habría reconocido, según las informaciones publicadas, que detrás de la regularización late el objetivo de modificar el censo electoral. Conviene tratar esa afirmación con la cautela que exige: es una acusación política, no un hecho probado, y el PSOE no la ha asumido como propia.

Hay quien sostiene que el cálculo es más prosaico: pasaportes españoles que abren la puerta a la movilidad europea y que, de paso, engordan el censo. En contra pesa el argumento de que la regularización responde a razones humanitarias y de economía sumergida. El FMI, según las lecturas que se citan, certifica que la economía española crece a golpe de impuestos, inmigración y gasto público, con el castigo implícito al que trabaja.

El malestar que no cesa​

La paradoja que recorre el asunto es difícil de digerir: durante años se ha señalado a gobiernos como el húngaro por frenar la inmigración, y ahora el reproche se dirige al que la regulariza en masa. La presión en los países de destino debe de ser grande cuando prefieren romper la baraja antes que seguir mirando hacia otro lado. El resultado, por ahora, es un Sánchez cada vez más solo en el Consejo Europeo y una política migratoria que ha dejado de ser doméstica.

Queda por ver si Bruselas abre expediente o si todo se queda en un tirón de orejas. Con estos mimbres, lo probable es que la regularización acabe condicionada por la negociación europea. Aunque nunca conviene fiarse de los pronósticos en esta materia.