Resumen del debate: La trampa del "doble padrón": así es como algunas familias ingresan casi 3.000 euros al mes con el Ingreso Mínimo Vital

Doble padrón e IMV: el supuesto que dispara la ayuda hasta 2.700 euros​

El Ingreso Mínimo Vital llega a 905.792 hogares y beneficia a 2.761.686 personas, con una nómina mensual de 479,3 millones de euros y una prestación media de 501,5 euros por hogar, según los datos del INSS de septiembre que recoge el planteamiento del asunto. Detrás de esas cifras hay una red de apoyo esencial para miles de familias. Y, también, un supuesto que algunos intentarían aprovechar: el llamado «doble padrón».

La mecánica es simple de enunciar y difícil de probar. Una pareja con hijos que convive en la misma vivienda figura empadronada en domicilios distintos y solicita prestaciones como si fueran dos unidades de convivencia independientes. El analista económico Manuel Llamas puso cifras al supuesto en un vídeo: una madre con tres menores en un domicilio percibiría unos 1.600 euros mensuales; el padre, con el cuarto menor en otro, unos 1.100. Total: 2.700 euros al mes. Conviene subrayarlo: es un ejemplo, no una irregularidad acreditada ni una cantidad que se obtenga de forma automática.

Qué dice la norma y dónde está el resquicio​

El empadronamiento separado no otorga por sí solo el derecho a cobrar dos prestaciones. La Administración debe valorar la convivencia efectiva, la composición real de la unidad familiar y el resto de requisitos. El problema es que la comprobación llega, en muchas ocasiones, _a posteriori_. El control existe; la agilidad, no tanta.

Ahí es donde el debate se parte. Hay quien sostiene que el fraude es residual y que convertirlo en la imagen de todos los beneficiarios es una maniobra política. Enfrente, la tesis de que el sistema está mal diseñado y premia la picaresca. La cuestión de fondo no es si existe el doble padrón, sino cuánto pesa frente al total y cómo se refuerza la verificación sin castigar a quien de verdad lo necesita.

El cálculo que desmonta el «es una miseria»​

El gasto del IMV se despacha a veces con un «son cuatro perras». Los números dicen otra cosa. La nómina mensual ronda los 479,3 millones de euros; anualizada, la cifra se acerca a los 5.000 millones. Un cálculo que circula en el análisis lo compara con los 725.001 millones de gasto total de las administraciones públicas: el IMV sería una porción pequeña del pastel. Cierto. Pero pequeño no es sinónimo de irrelevante.

Otra cuenta, esta más doméstica: si esos 5.000 millones se detrajeran de la carga tributaria de los 20 millones de declarantes del IRPF, tocarían a unos 250 euros por declarante. En una familia con dos sueldos, 500 euros anuales. Da para una hipoteca, para un seguro médico o para un televisor. Según se mire.

El argumento que no se sostiene: «trabajar es de tontos»​

La conversación deriva pronto hacia el agravio comparativo. Se argumenta que quien trabaja y cotiza queda por detrás de quien cobra la ayuda sin haber aportado. Es la versión económica del «trabajar es de tontos», que diría algún tertuliano de barra de bar. La realidad es más gris: la prestación media por hogar es de 501,5 euros mensuales. Nadie se hace rico con eso. Otra cosa es el caso concreto del doble padrón, que dispara la cifra hasta esos 2.700 euros del ejemplo.

También se cuela en la conversación la sospecha sobre el origen de la práctica. Hay quien la atribuye a colectivos concretos, sin aportar prueba alguna. Ese tipo de generalización no se sostiene: el fraude, cuando existe, tiene nacionalidad, pero no una sola. Y la norma se aplica igual a todos.

El coste real: más que la nómina​

El desembolso directo no es el único gasto. La tramitación, la revisión de expedientes, los recursos y la asistencia jurídica gratuita cuando un solicitante denegado acude a la vía contencioso-administrativa suman una factura que no aparece en el titular. Cada expediente que acaba en los tribunales cuesta dinero público, tanto si la razón asiste al solicitante como si no.

El sistema, además, genera incentivos perversos. Se ha señalado que los servicios sociales llegan a orientar sobre cómo declarar una familia monoparental para maximizar la ayuda. Si eso ocurre, el problema no es el ciudadano que busca el hueco: es la administración que lo señala con el dedo mientras lo deja abierto.

La pregunta que queda sin respuesta​

¿Cuántos casos de doble padrón hay realmente? No hay una cifra pública que lo cuantifique. El supuesto está descrito, el mecanismo es verosímil y la ley permite perseguirlo. Pero sin datos, el debate se mueve entre la anécdota y la sospecha. Y ahí, precisamente ahí, es donde el análisis se atasca: no sabemos si hablamos de un fenómeno marginal o de una grieta estructural. Lo que sí sabemos es que el IMV mueve casi 480 millones al mes y que cada rendija del sistema se paga con dinero de todos.