Resumen del debate: La prueba que Moncloa ocultó a la juez: coches fletados por Marruecos participaron en la oleada turística de Ceuta

Las imágenes del CNI sobre Ceuta que nunca llegaron a la juez​

Imágenes satelitales del CNI sobre lo ocurrido en la frontera de Ceuta entre los pasados 30 y 31 de julio no constan en el informe que la Policía Nacional remitió a la Audiencia Nacional. Lo publica Vozpópuli: el Ejecutivo habría retirado esas pruebas del expediente llamado a acreditar el grado de organización de la caravana que llegó a bordo de vehículos de alquiler. La hipótesis que maneja ese informe, según las fuentes policiales citadas, es que ese despliegue resulta «impensable si no es con el concurso de las autoridades» del país vecino. El material no está. La juez no lo ha visto.

¿Qué aportaban las imágenes que no se incluyeron?​

Según la información publicada, las imágenes mostraban la llegada de la caravana en coches de alquiler con un nivel de organización difícil de atribuir a una iniciativa espontánea. De ahí el salto al terreno jurídico: hay quien eleva el caso a la traición a la patria que recogen los artículos 581 a 588 del Código Penal, que castiga favorecer a una potencia extranjera contra la soberanía o la integridad territorial del propio Estado. Es una acusación sin imputación formal conocida ni resolución judicial que la respalde.

Taxis compartidos: ¿prueba o paisaje cotidiano?​

Frente al relato del convoy organizado aparece el testimonio más pedestre: quien cruza esa frontera con frecuencia sostiene que los coches parados junto al paso son los taxis compartidos de siempre, presentes antes y después del episodio. El propio presidente del Gobierno habló de que Ceuta debe asumir «una realidad estructural» con miles de migrantes. Y ahí se atasca el análisis: nadie ha hecho pública la comparación que zanjaría si esos vehículos formaban el convoy o si solo estaban en la foto.

Lo que sigue sin respuesta​

No hay confirmación judicial de la retirada de las imágenes, ni del papel de Rabat, ni del encaje penal del episodio. Queda una pregunta incómoda: si el material existía, ¿por qué no está en manos de quien investiga?