Resumen del debate: Iustitia Europa pide suspender las elecciones del 29N

Iustitia Europa pide al Supremo suspender las elecciones del 29N​

Un partido minoritario quiere parar la votación del 29 de noviembre. Iustitia Europa ha presentado un escrito de urgencia ante el Tribunal Supremo para que suspenda las elecciones generales, apoyándose en las propias alegaciones de la Abogacía del Estado, que admitió que el adelanto electoral hace «materialmente imposible» revisar los expedientes de nacionalizados por la ley de nietos antes de la cita con las urnas. El argumento es de una simetría incómoda: si el Estado dice que no da tiempo a depurar el censo, alguien concluye que entonces no se puede votar.

El escrito sostiene que la votación debe celebrarse «bajo condiciones que garanticen la plena efectividad de la resolución judicial vigente» y que la suspensión temporal «preserva el resultado útil de la tutela cautelar». Traducido: mejor parar ahora que impugnar después.

Qué pide exactamente y a quién afecta​

El foco está en 163.020 electores descendientes de exiliados que accedieron a la nacionalidad —y con ella al derecho al voto— a través de una instrucción que presume esa condición para todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Sobre esa presunción ha puesto el ojo el Supremo, y ahí empieza el embrollo administrativo.

Si el tribunal considera desproporcionada la paralización, la formación propone una medida subsidiaria: el marcado informático de esos electores en el censo cerrado a 1 de agosto de 2026, el que se usará el 29N. Según su planteamiento, la medida no priva a nadie del voto ni altera el calendario, pero permitiría «fiscalizar y depurar de forma quirúrgica» el impacto de esos sufragios si finalmente hay sentencia estimatoria. La votación seguiría en pie; lo que cambiaría es la trazabilidad del escrutinio.

Por qué la Abogacía del Estado dice que no hay margen​

El escrito de la Abogacía del Estado, registrado este jueves, vuelve a pedir al Supremo que levante las medidas cautelares que podrían dejar sin voto a más de 160.000 descendientes de represaliados. Su razonamiento es binario: «O se suspende a todos los españoles inscritos en el CERA —pues los datos que en él se tienen son, globalmente, los de los españoles sin distinción alguna— o no se suspende a ninguno, porque resulta materialmente imposible distinguir a unos de otros en el brevísimo plazo de tiempo del que se dispone».

Los servicios jurídicos del Estado recuerdan además que el censo del 29N es el que se cerró a 1 de agosto, antes de la decisión judicial, y que debe exponerse para consulta el lunes 12 de octubre. Ya en un escrito previo al adelanto electoral habían alegado que no era factible que los 16 consulados que aglutinan el 85% de las inscripciones analizaran los expedientes antes del 1 de enero de 2027, cuando estaba previsto el cierre del censo para el ciclo electoral del próximo año. Reducir ese plazo a días, dicen, «confirma» la imposibilidad material. Y rematan con la ponderación de intereses: ante el riesgo de sacrificar de inmediato un derecho fundamental, debe primar el ejercicio del derecho a participar.

El calendario que nadie quiere mover​

Hay una fecha que aprieta todo: el lunes 12 de octubre, cuando el censo debe estar expuesto para consulta. Cualquier intervención sobre el censo después de ese punto deja de ser una corrección técnica y se convierte en una anomalía difícil de explicar. De ahí la urgencia del escrito y de ahí también que la respuesta del Supremo, si llega, tenga que llegar en horas y no en semanas.

La paradoja es que la propia Administración ha certificado el atasco. Los 16 consulados con el grueso del censo exterior no pueden revisar expedientes individualizados antes del 1 de enero de 2027. El adelanto electoral no creó el problema: lo comprimió hasta hacerlo visible.

Dos lecturas enfrentadas del mismo escrito​

Una corriente de análisis lee la jugada como un intento de reventar el proceso: suspender la votación para no perderla, o al menos para sembrar la duda sobre su legitimidad. Otra sostiene lo contrario, que es precisamente la falta de trazabilidad la que abriría la puerta a una impugnación posterior y que marcar informáticamente a esos 163.020 votantes es la salida menos mala. El coste de cada opción es distinto: suspender afecta a todos los electores; marcar afecta solo al escrutinio de un colectivo concreto.

Queda el escenario que nadie firma pero muchos calculan. Si finalmente no se puede votar con normalidad o el censo queda en entredicho, la impugnación de los resultados deja de ser una hipótesis de tertulia. Y ahí el que gane tendrá que defender su victoria en los tribunales, no en las urnas.

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Con 163.020 votos en el aire y un censo que se publica el 12 de octubre, la pregunta ya no es quién gana el 29N. Es si el 29N se parece en algo a unas elecciones normales.