Resumen del debate: Grande Meloni: Desde mañana ya pueden solicitar el permiso de trabajo los extracomunitarios para cubrir los 500.000 puestos hasta 2028

Italia abre el Decreto Flussi 2027 y el cupo no convence a nadie​

El Decreto Flussi 2027 italiano ya tiene calendario. Desde las 9:00 del 23 de octubre de 2026 hasta las 20:00 del 7 de diciembre se pueden presentar las solicitudes de nulla osta al lavoro, el permiso que habilita a un extranjero no comunitario a trabajar legalmente en Italia. El cupo anunciado en el debate: 500.000 puestos hasta 2028. El servicio, según el portal Ali Sportello Unico, funciona 24 horas al día, festivos incluidos. Después habrá una reapertura parcial del 9 al 13 de diciembre solo para completar expedientes ya iniciados.

La letra pequeña es la que ordena el debate. El 55% de las plazas son estacionales, con permisos de hasta nueve meses y retorno obligatorio al país de origen al acabar la campaña. El 45% restante son contratos de larga duración, con una red de seguridad de un año: si se agota sin cotizar ni renovar contrato, el permiso decae y la situación pasa a irregular.

Quién cubre las cuotas y en qué sectores​

Según los perfiles que se citan en el debate, históricamente han copado estos cupos trabajadores de India —muy demandados en agricultura y ganadería del Lazio y el norte—, Marruecos, Albania y Moldavia en construcción, transporte y logística, y Túnez y Egipto en hostelería y turismo. La cercanía geográfica y las redes de contratación en origen explicarían buena parte del reparto.

Un participante sostiene que no vienen noruegos y que, con los salarios y los servicios que ofrece el mercado laboral italiano, el cupo lo cubren trabajadores del sur de Asia y del norte de África, mayoritariamente hombres. La alternativa, se argumenta en el hilo, sería perder población a un ritmo de 300.000 habitantes al año.

El permiso de trabajo frente al decreto de regularización​

Aquí está el nudo del asunto. Una parte del análisis insiste en que el Decreto Flussi no es una regularización: se ofertan puestos concretos para sectores y profesiones determinadas, con contrato en origen, y quien no entra por ahí se queda fuera. La comparación con los procesos de regularización masiva de irregulares —papeleo, arraigo, residencia— sería, según esta lectura, un error de categoría.

La objeción llega desde el otro flanco: un permiso de trabajo es, en la práctica, inmigración por decreto. Quien entra con contrato se queda, trae familia y acaba con pasaporte. El plan, dicen, no tiene fisuras porque no pretende tenerlas.

El debate sobre el coste económico de la mano de obra extranjera​

El tercer frente es el más áspero. Hay quien sostiene que la inmigración no europea arruina a las sociedades que la reciben aunque el trabajador cotice, y quien responde con el argumento opuesto: si ya estaban en el país trabajando, regularizarlos solo añade cotizaciones a la Seguridad Social. En medio, la acusación recurrente de que el sistema incentiva la economía sumergida y la dependencia de ayudas en municipios concretos.

El cálculo completo, con las cifras de cupo por sector y los plazos de renovación desglosados, deja un mapa que no encaja con ninguno de los dos relatos. El cupo está aprobado. La pregunta es cuántos de esos 500.000 contratos seguirán vivos en 2029.