Resumen del debate: Estamos asistiendo a una auténtica persecución contra los trabajadores de RENFE y Adif

El operario del AVE se niega a declarar y el sindicato denuncia la filtración​

El Ministerio de Transportes ha confirmado a RTVE que el operario que dio la orden de «marcha normal» al AVE que chocó contra el Iryo se ha negado a declarar. La negativa llega después de que el sindicato de Circulación Ferroviaria de Adif haya anunciado que denunciará la filtración de los audios del accidente de Urda. En el contexto del siniestro, la filtración de las conversaciones entre el centro de control y los maquinistas ha convertido a los trabajadores ferroviarios en el foco del relato público mientras las responsabilidades sobre el sistema de seguridad siguen sin depurar.

Quién es el operario que dio la orden y por qué no declara​

El operario que autorizó la «marcha normal» del AVE siniestrado es un trabajador de Adif cuya identidad no ha trascendido. Según la información confirmada por el Ministerio de Transportes a RTVE, se ha acogido a su derecho a no declarar. No es una figura menor: fue quien dio la instrucción al maquinista del tren que después colisionó contra el Iryo. La decisión de guardar silencio se produce en un clima en el que los audios de las comunicaciones han circulado por medios y redes antes de que la investigación haya concluido.

Hay quien sostiene que esa negativa es la reacción lógica de un trabajador señalado antes de que se determine su responsabilidad. En contra pesa el argumento de que la instrucción de «marcha normal» con el sistema de seguridad caído es el eslabón central de la cadena de errores. La cadena de errores, según las informaciones publicadas, incluye una avería técnica previa y varias decisiones humanas. El sindicato de Circulación Ferroviaria de Adif ha anunciado que denunciará la filtración de los audios, lo que sitúa el foco en quién filtró y con qué interés.

La filtración de los audios: delito o cortina de humo​

La filtración de las conversaciones entre el centro de control y los maquinistas es, según la responsable de RTVE citada en el material, ilegal. Raquel Ayllón ha señalado que si los trenes se pararon fue porque el sistema de seguridad no estaba funcionando, y que no se conocen todos los testimonios ni lo que veían los compañeros. La denuncia sindical apunta en la misma dirección: los audios no deberían haber salido. El problema es que la filtración ya ha cumplido su función de señalar a un trabajador concreto mientras el debate sobre el sistema de seguridad se diluye.

El sindicato no pide que no se investigue. Pide que se investiguen todas las responsabilidades. La diferencia es importante: una cosa es depurar el error humano y otra convertir a un operario en el chivo expiatorio de un fallo estructural. La comisión de accidentes ya había pedido en 2024 reforzar los protocolos ante posibles fallos humanos tras un suceso similar al de Urda, según ha publicado Ignacio Escolar. Ese dato desmonta la tesis del error aislado.

El relato de la persecución y la doble moral​

La percepción de que existe una persecución contra los trabajadores de Renfe y Adif no es unánime, pero tiene recorrido. Hay quien sostiene que el Ministerio de Transportes ha puesto el foco en el eslabón más débil de la cadena para proteger a los responsables políticos y directivos. En contra, el ministro Óscar Puente ha defendido que se trata de un «desgraciado error humano», según recoge el material. La doble moral que se atribuye a los guardianes de las esencias también ha entrado en la conversación: los mismos que exigen transparencia sobre los audios han callado ante filtraciones anteriores.

El cálculo político es evidente. Un operario que se niega a declarar es un titular incómodo para el Gobierno. Un sindicato que denuncia la filtración es un titular aún más incómodo. Y una comisión que ya advirtió en 2024 de que había que reforzar los protocolos es el titular que nadie quiere dar. La pregunta no es si hubo error humano. La pregunta es por qué el sistema de seguridad no estaba operativo y quién decidió que podía circular igualmente.

Qué puede pasar ahora con la investigación del accidente de Urda​

La negativa a declarar no cierra la investigación, pero la complica. El operario tendrá que comparecer ante un juez si es citado, y la denuncia sindical por la filtración puede abrir un frente judicial paralelo. Mientras tanto, el relato público ya ha dictado sentencia: el trabajador es culpable y el sistema es víctima de un error humano. Esa narrativa conviene a muchos. No conviene a los maquinistas que se juegan la vida en cada trayecto ni a los operarios que reciben órdenes con sistemas de seguridad caídos.

La predicción con reservas es esta: si la investigación no llega a los responsables de la licitación y del mantenimiento del sistema de seguridad, la persecución contra los trabajadores ferroviarios no habrá terminado con este caso. Habrá otro. Y otro. Hasta que alguien decida que el eslabón más débil no es el que hay que señalar, sino el que hay que proteger.