Resumen del debate: Esta es la verdadera historia del ático de Ayuso que circula por Internet y diversos foros. ¿Que opinas?

El ático de Ayuso: 6,3 millones sin concurso ni Consejo​

Una sociedad mercantil que depende de la Comunidad de Madrid pagó 6,3 millones de euros más 378.000 en impuestos por un ático de 309 metros cuadrados y terraza en Chamberí. El precio no es lo raro. Lo raro es cómo se cerró: con un poder notarial que autorizaba a comprar sin limitación alguna, sin concurso público, sin memoria justificativa y sin pasar por el Consejo de Administración de la propia empresa. El relato periodístico que ha destapado el caso sostiene que el inmueble no era para la sociedad, sino que estaba destinado a la presidenta madrileña.

¿Es normal que una empresa pública compre un ático sin concurso?​

No, y ahí empieza el lío. Planifica Madrid es la heredera de Arpegio y, antes, de Obras de Madrid: una sociedad que depende por completo de la Comunidad. La compra se hizo fuera de concurso. La vendedora era, según esas informaciones, Astrid Gil-Casares, economista y exmujer de Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, que llevaba tiempo queriendo deshacerse del piso. El ático estaba tasado en 6.242.884 euros y su valor catastral es de 2.548.859. Sobre la mesa había, según ese mismo relato, una oferta de 7 millones. Se cerró en 6,3. Los 700.000 euros de diferencia coinciden con lo que la empresa del socio de la inmobiliaria debía a Madrid Network.

Residencial sobre el papel, oficina sobre la mesa​

El inmueble está declarado como uso residencial, pero la operación lo quería colocar como despacho. La normativa madrileña de 1997 prohíbe oficinas por encima de la planta primera, así que la figura exigía una firma amable: la del director técnico de la propia arrendadora. Frente a esa tesis, hay quien sostiene que en España cualquier vivienda puede destinar hasta un 30% de su superficie a despacho o teletrabajo. El resto del debate no es jurídico, es de calendario. La Comunidad se lo alquila a sí misma por 3.000 euros al mes, con 15 meses gratis y con el primer euro apuntado en contabilidad en noviembre de 2027, después de las elecciones de mayo. El contrato total suma 315.000 euros, por debajo del umbral de 500.000 que obligaría a aprobarlo en Consejo de Gobierno.

Quién ordena la compra y quién firma​

Dos nombres sostienen la estructura. Pedro Corbalán, consejero delegado de Planifica Madrid, con un sueldo de 113.995 euros, y Miguel Ángel García, consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo, con 124.851. El primero viene de los consorcios urbanísticos de Arpegio y arrastra un currículum con parada en Guadarrama, donde su etapa al frente de la sociedad municipal de vivienda terminó en choque frontal con la alcaldesa. El segundo es el hombre que, según quienes le conocen, nunca sabe decir que no a un jefe. La orden, según el relato, fue verbal.

Del estallido de julio a la venta de urgencia​

El caso salta en julio. A partir de ahí, prisa: el ático se empaqueta con unas oficinas de la Gran Vía y se pone a la venta con un destino noble, para las víctimas de los incendios. En la dirección nacional del partido, según las versiones que corren, el ruido no gusta. Y aparece la pregunta incómoda: alguien de dentro avisó, porque solo cuatro personas conocían la operación.

La discusión de fondo: ¿impresentable o ilegal?​

Aquí el relato se parte en dos. Un bloque subraya el beneficio: si la Comunidad compra y luego revende, el patrimonio sale ganando y no habría nada que reclamar. Otro responde que el problema no es el saldo, sino el procedimiento: sin concurso, sin consejo y sin papel. Sobrevolando todo, la sospecha de siempre: que el mismo mecanismo funciona igual en rojo y en azul, y solo se ve cuando alguien lo filtra. La comparación más repetida no es con un adversario, es con el espejo.

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Nadie ha explicado todavía de qué partida salió el dinero ni quién autorizó un poder para comprar sin límites. Y esa, más que el precio, es la pregunta que sigue sin respuesta.