Resumen del debate: El PSOE y los 10.000 millones: ¿qué hay de cierto?

Diez mil millones y la duda de si el saqueo fue aún mayor​

La cifra circula como un rumor que nadie termina de desmentir: 10.000 millones de euros presuntamente desviados. Diez ceros detrás de un uno. La discusión no se detiene en si es mucho o poco, sino en si se queda corta. Porque el punto de partida es una red ferroviaria que mueve del orden de 7.000 millones al año y un mecanismo de mordida que, aplicado con constancia, ya justificaría por sí solo buena parte del botín.

La aritmética del tres por ciento

El ejercicio más repetido parte de una base sencilla: si el coste anual de la red de ferrocarriles ronda los 7.000 millones y se le aplica la comisión habitual del tres por ciento durante ocho años, la cuenta arroja unos 1.700 millones. El problema es que esa cifra, comparada con el volumen del desfalco que se atribuye, se antoja ridícula. De ahí la conclusión que se impone: o el porcentaje era mayor, o el perímetro abarcaba mucho más que las vías.

Y es que los trenes son solo una parte. Carreteras, puentes y el resto de infraestructura del Ministerio de Transportes —el que más presupuesto maneja de todo el Gobierno— completan un cuadro en el que los 10.000 millones dejan de parecer una exageración para convertirse en un suelo. Hay quien va más allá y sostiene que esa cifra debería multiplicarse por años, hasta rozar los 90.000 millones, aunque ese salto no pasa de ser una intuición sin respaldo contable.

Alta velocidad: la gallina de los huevos de oro

El AVE aparece en la conversación como el gran sumidero. No solo por lo que cuesta construirlo, sino por el mantenimiento de una red con demasiadas estaciones que rompen la promesa de los 300 kilómetros por hora. La comparación que se hace es elocuente: España sostiene una infraestructura de alta velocidad cuyo coste de explotación se asemeja al de varios portaaviones nucleares. Un lujo que, según esta lectura, no genera retorno suficiente y que se ha convertido en el vehículo perfecto para inflar presupuestos.

A eso se suma el reguero de dinero europeo y los créditos adicionales. Según un participante, el Gobierno habría prorrogado presupuestos con casi 100.000 millones extra, de los que al departamento correspondiente apenas habría llegado un 2% adicional. La sospecha, nunca demostrada, es que el resto se diluye en una maraña de compromisos y endeudamiento.

Lo que el cálculo no cierra

La comparación con Andalucía sirve de recordatorio amargo: allí, según un comentario, se habló de 3.500 millones y la cosa quedó en unos 600. La distancia entre lo que se sospecha y lo que se acaba acreditando es el gran agujero de todo este asunto. Nadie discute que el dinero público se ha gestionado con una laxitud que roza lo delictivo; la pregunta es cuánto de eso es delito probado y cuánto es la niebla que siempre rodea a las cuentas del transporte.

Mientras tanto, el estado de los trenes habla por sí solo. Y el cálculo completo, desglosado partida a partida, deja una diferencia que sorprende a quien se molesta en hacer los números.