Resumen del debate: El plan B de Sáunez para ganar el día 29

El plan B electoral: MiDNI, 7 millones en lectores y un recurso al Supremo​

Hay una cifra que descoloca: más de 7 millones de euros comprometidos en lectores de códigos QR antes de que la Junta Electoral Central diera el sí al uso de MiDNI para identificarse en el 29N. La secuencia la puso sobre la mesa Iustitia Europa al difundir la respuesta del organismo: primero el gasto, después la autorización. El Gobierno de Sánchez ya había comprometido el desembolso cuando la JEC todavía no había levantado la suspensión. Con ese material, la formación acudió al Tribunal Supremo para pedir la suspensión cautelarísima del sistema. El 29N se vota con un DNI digital en el móvil y con un despliegue millonario en lectores. La pregunta ya no es si el sistema es seguro, sino quién controla el sistema que verifica el sistema.

Qué es MiDNI y por qué la JEC cambió de criterio​

El sistema permite identificarse en la mesa con el DNI digital del teléfono. La JEC había suspendido su uso y después lo autorizó tras la respuesta a Iustitia Europa. La formación sostiene que el Ejecutivo comprometió más de 7 millones en lectores QR antes de ese sí. El dato no es menor: se compra la infraestructura antes de que el árbitro electoral valide el procedimiento. En términos de control interno, es como instalar la caja registradora antes de que el inspector firme el acta.

La secuencia temporal —gasto primero, autorización después— es el argumento central del recurso contencioso ante el Supremo. La suspensión cautelarísima está solicitada. A la fecha de esta discusión, no consta resolución. El 29N sigue en el calendario con MiDNI autorizado.

El QR temporal y el fraude que se puede intentar​

El código QR de MiDNI no es una foto fija: cambia y va firmado criptográficamente. Esa es la defensa técnica del sistema. La aplicación regenera el código y permite verificar los datos. El fraude más obvio —el pantallazo con un QR ajeno— choca con esa regeneración. La instrucción que circula entre apoderados es concreta: si te toca presidir una mesa, haz que el votante abra la aplicación y regenere el QR; compara con el que te enseñó; si no coinciden, impide el voto y llama a interventores y policía.

El punto débil no está en el código, sino en el lector. Si se despliegan lectores fraudulentos que dan por buenos DNIs falsos, la verificación criptográfica del móvil no sirve de nada. La comprobación cruzada con un teléfono propio es la única barrera práctica. Y ahí entra el factor humano: el presidente de mesa suplente que no ha instalado la aplicación y no sabe qué está verificando.

Actas, apoderados y el voto por correo​

El acta sigue siendo única y vinculada a cada mesa. La oposición se queda con copia. El trabajo extra está en revisar que cada DNI electrónico utilizado quede registrado como toca. Si el resultado es extraño, la información de las actas debería estar disponible para que cualquier ciudadano —incluido el abstencionista— compruebe que no figura en ninguna. El voto por correo añade otra capa: custodia y cuantía final.

La desconfianza no es nueva. Hay quien recuerda que las elecciones se vienen impugnando desde 2019 sin consecuencias. Y hay quien señala que el patrón se repite fuera de España. El argumento de fondo: si el sistema lo controlan los mismos que compiten, la verificación es un acto de fe.

El precedente de Valladolid y la prevaricación​

En paralelo al debate del QR, aparece otro frente: las papeletas de Valladolid con el nombre de un candidato tachado. La ley considera nula cualquier papeleta con tachaduras. Si se validan, hay quien ve prevaricación en la Junta Electoral. Es el mismo patrón: la norma dice una cosa y el árbitro interpreta otra. La suma de ambos episodios —QR autorizado tras el gasto, papeletas tachadas posiblemente válidas— alimenta la tesis de que el 29N se juega con reglas elásticas.

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El Supremo tiene la pelota. La suspensión cautelarísima está pedida. Si no llega, el 29N se vota con MiDNI y con 7 millones en lectores. Si llega, el plan B se queda sin infraestructura a pocas semanas. ¿Alguien cree que el gasto se hizo sin saber que la autorización iba a llegar?