Resumen del debate: Curso 26/27: empiezan las reagrupaciones escolares

Reagrupaciones familiares y el coste del curso 26/27​

¿Cuánto cuesta realmente a las arcas públicas la llegada de familiares migrantes en edad escolar? La pregunta recorre los foros económicos desde hace semanas, y la respuesta que circula en el debate público no cuadra con la que dan los presupuestos. El curso 2026/27 arranca con un aumento de las reagrupaciones familiares, un fenómeno que algunos analistas vinculan al endurecimiento de las políticas migratorias en otros países europeos y que otros atribuyen al tirón del mercado laboral español en sectores como la hostelería y la construcción.

Lo que está sobre la mesa no es solo un debate identitario. Es una discusión sobre quién paga la factura de la escuela, la sanidad y las pensiones en un país con una pirámide demográfica invertida. Y como suele ocurrir, los datos que se manejan en los foros no siempre coinciden con los que publican los organismos oficiales.

¿Qué son las reagrupaciones familiares y por qué se disparan en 2026?​

La reagrupación familiar es el derecho reconocido en la Ley de Extranjería que permite a un residente legal traer a su cónyuge, hijos menores o ascendientes dependientes. En 2026, el volumen de solicitudes ha crecido respecto a años anteriores, según los datos que manejan los propios afectados en foros de extranjería. El fenómeno no es nuevo: ya en 2023 se registró un repunte tras la pandemia, pero el curso 26/27 concentra un número inusualmente alto de incorporaciones al sistema educativo.

La razón que se apunta en los debates es doble. Por un lado, el endurecimiento de las políticas migratorias en países como Francia o Alemania habría desviado flujos hacia España. Por otro, el mercado laboral español —con una tasa de empleo récord en sectores de baja cualificación— actúa como imán para trabajadores que ya residen legalmente y traen a sus familias.

El coste real: lo que dicen los números frente a lo que se percibe​

Aquí empieza el problema. Los cálculos que circulan en los foros económicos hablan de un coste medio por alumno de entre 4.000 y 6.000 euros anuales en la escuela pública, una cifra que incluye personal, infraestructura y materiales. Si se multiplica por los miles de nuevos estudiantes que se incorporan, el resultado es una factura que algunos califican de «inasumible» y otros de «inversión necesaria».

Pero el dato clave que se repite en el debate es otro: el gasto sanitario de los mayores reagrupados. La atención a personas ancianas con enfermedades crónicas es el capítulo que más preocupa a los analistas, porque su impacto no es anual sino acumulativo. Un solo paciente con demencia o insuficiencia renal puede costar al sistema más de 30.000 euros al año, según estimaciones que manejan los propios profesionales sanitarios en foros especializados.

La contradicción es evidente. Mientras unos sostienen que los migrantes sostienen el sistema de pensiones con sus cotizaciones, otros argumentan que la reagrupación de familiares no cotizantes drena los recursos públicos. Ambos datos pueden ser ciertos al mismo tiempo, y ahí está el nudo del debate.

El impacto en la escuela: aulas saturadas y recursos limitados​

El curso 26/27 arranca con un aumento de la ratio alumno-profesor en varias comunidades autónomas. Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana son las regiones que más presión registran, según los datos que se comparten en el foro. La incorporación tardía de alumnos que no hablan español añade una dificultad extra: los programas de inmersión lingüística requieren profesores de apoyo que no siempre están disponibles.

En el debate se menciona el caso de colegios públicos en zonas como Leganés o Vallecas donde la proporción de alumnos migrantes supera el 40%. No es un fenómeno exclusivo de España: en Francia, las zonas de educación prioritaria concentran porcentajes similares. La diferencia es que allí el debate político lo asume; aquí, a menudo, se niega.

Las pensiones: el argumento que se desmonta solo​

Durante años se repitió que los migrantes venían a pagar las pensiones de los españoles. Ese argumento, que fue bandera del discurso oficial, se ha ido desmontando con los datos. La mayoría de los reagrupados en edad avanzada no han cotizado en España y, por tanto, no generan derechos de pensión contributiva. Otra cosa son las pensiones no contributivas y las ayudas sociales, cuyo acceso depende de los convenios bilaterales y de la residencia efectiva.

El resultado es una paradoja: el sistema recibe cotizaciones de trabajadores jóvenes migrantes, pero asume el coste sanitario y social de sus familiares mayores. El saldo neto es positivo en algunos estudios y negativo en otros, dependiendo de si se incluyen los costes indirectos (educación, sanidad, vivienda) o solo los ingresos por cotizaciones.

¿Qué pasará en el curso 26/27?​

La respuesta honesta es que nadie lo sabe con certeza. Las proyecciones demográficas apuntan a que la presión sobre el sistema educativo y sanitario seguirá creciendo en los próximos años, independientemente de las políticas migratorias. La razón es simple: la población española envejece, y los nacimientos no compensan las defunciones.

Lo que sí se puede afirmar es que el debate sobre las reagrupaciones familiares no va a desaparecer. Forma parte de una discusión más amplia sobre el modelo de Estado del bienestar y sobre quién tiene derecho a acceder a él. Y como ocurre con casi todo en economía, la respuesta depende de qué se mida y cómo se mida.

Al final, la pregunta que sobrevuela el curso 26/27 no es cuántos alumnos nuevos llegan, sino cuántos profesores, médicos y camas adicionales se han presupuestado para atenderlos. La respuesta, por ahora, es la de siempre: menos de los necesarios.