Resumen del debate: Controles policiales masivos para evitar que Quiles entre en Barcelona

La UAB blinda sus accesos para frenar a Vito Quiles​

La escena tiene algo de paradoja administrativa. La Universidad Autónoma de Barcelona, un recinto público, amanece con controles policiales en sus accesos por carretera. El motivo: impedir la entrada de Vito Quiles, una figura mediática vinculada a la extrema derecha, que había anunciado su presencia. Los Mossos registran coches y autobuses. El dispositivo, según un cálculo que circula en redes, supera en despliegue al que se montó en Ceuta durante la crisis migratoria. La comparación es hiperbólica, pero el hecho es que un solo individuo ha movilizado un operativo que normalmente se reserva para amenazas de otra escala.

Quiles reacciona con un mensaje en el que denuncia la limitación de su derecho de circulación y convoca a sus seguidores en el Ikea de Sabadell. La cosa no queda ahí: el pulso se traslada a las redes, donde se suceden los vídeos de cargas policiales contra quienes se manifiestan en su contra. La Universidad, por su parte, no emite un comunicado que aclare el fundamento jurídico de la medida. El rectorado se limita a cumplir la orden de Interior, según las informaciones disponibles.

¿Qué hay detrás del dispositivo policial en la UAB?​

El operativo no es una respuesta espontánea. Según los mensajes que se cruzan, la orden parte de Interior y se ejecuta con la aquiescencia del rectorado. La justificación oficial no trasciende. En medios afines se habla de garantizar la seguridad y evitar altercados. En otros círculos se apunta a una decisión política: impedir que Quiles obtenga la imagen de entrar en un campus público desafiando a las autoridades. El resultado, en cualquier caso, es un despliegue que incluye identificación de vehículos y control de pasajeros. Un despliegue que, según algunos de los presentes, recuerda más a un estado de excepción que a una jornada universitaria.

La paradoja es que Quiles no ha sido acusado formalmente de ningún delito. No hay orden de detención contra él. Su presencia, por tanto, no constituye una infracción. La medida se basa en la prevención de disturbios, un concepto jurídico indeterminado que permite un margen amplio de actuación. Los críticos sostienen que ese margen se está usando para criminalizar una opinión. Los defensores argumentan que la libertad de expresión no ampara la provocación sistemática. El debate está servido.

El pulso se traslada al Ikea de Sabadell​

Quiles no se queda de brazos cruzados. Ante el bloqueo, convoca a sus seguidores en un punto alternativo: el Ikea de Sabadell. La elección no es casual. Un espacio privado, con aparcamiento amplio y fácil acceso, que permite una concentración sin necesidad de autorización previa. Allí acuden, según los vídeos, un número reducido de personas. Las cifras que se manejan hablan de cinco simpatizantes frente a un despliegue de seguridad desproporcionado. La imagen del líder rodeado de cámaras y de agentes, pero con un puñado de fieles, se convierte en el símbolo del ridículo.

Mientras tanto, en la UAB, las cargas policiales se suceden contra los manifestantes que se oponen a la presencia de Quiles. Los vídeos muestran forcejeos y detenciones. La universidad, que debería ser un espacio de debate, se convierte en un campo de batalla. La pregunta que flota en el aire es quién gana con este espectáculo. Quiles, desde luego, obtiene la notoriedad que busca. Las autoridades, por su parte, exhiben firmeza. Pero el coste en términos de imagen pública y de derechos fundamentales es difícil de calcular.

¿Es proporcionada la respuesta policial?​

La proporcionalidad es el principio que debe regir cualquier actuación administrativa. En este caso, el despliegue para impedir la entrada de una sola persona a un recinto público plantea dudas razonables. No se trata de un evento multitudinario ni de una amenaza violenta. Se trata de un individuo con una cámara y un discurso provocador. La respuesta, sin embargo, ha sido la de un dispositivo de seguridad propio de una cumbre internacional. El resultado es una suerte de efecto Streisand: cuanto más se intenta silenciar a alguien, más se amplifica su mensaje.

Hay quien sostiene que la medida era necesaria para evitar altercados. Los incidentes en otras universidades, con enfrentamientos entre grupos ideológicos, sirven de precedente. Pero la prevención no puede convertirse en censura preventiva. La línea es difusa y, en este caso, parece haberse cruzado. La Universidad Autónoma de Barcelona, una institución que se precia de su tradición democrática, ha quedado retratada en una posición incómoda. Su rectorado ha actuado como brazo ejecutor de una orden política, según las versiones que circulan, sin ofrecer una explicación pública convincente.

El coste económico y reputacional de un circo​

Más allá del debate ideológico, hay una cuestión que afecta al bolsillo de los contribuyentes. El despliegue policial tiene un coste. Horas extra de agentes, vehículos, medios materiales. Un gasto que, en un contexto de ajuste presupuestario, resulta difícil de justificar ante la opinión pública. La pregunta que muchos se hacen es si era necesario movilizar a decenas de efectivos para controlar a un solo hombre. La respuesta, desde un punto de vista económico, es que no. Desde un punto de vista político, la respuesta es más compleja.

La imagen de la UAB blindada ha dado la vuelta a las redes. Los memes se suceden. La comparación con regímenes autoritarios se ha convertido en un lugar común. La ironía se ha apoderado del asunto. Y en medio del ruido, una evidencia: la libertad de circulación de un ciudadano ha sido limitada sin una orden judicial. Eso, en un Estado de Derecho, debería ser noticia. La pregunta es si alguien se atreve a responder por qué se hizo.