Resumen del debate: Cobrador de morosos 2.0: ¿publicar datos es legal?

Cobrador de morosos 2.0: deuda, redes y embargos​

Un deudor que fuma puros, bebe y deja a una PYME o a una familia en la mierda. Esa es la escena que dispara el asunto: la tentación de resolver por vía rápida lo que la vía judicial no resuelve. El planteamiento que circula es doble: poner al deudor en redes sociales para presionarle y, de paso, ofrecer un servicio de desalojo de pisos ocupados. Dos negocios que crecen en el mismo caldo de cultivo: la lentitud de los juzgados y la sensación de impunidad.

La conversación se parte rápido. Hay quien defiende que en otro país le romperían toda la cabeza y no pasaría nada. Y hay quien responde con el Código Civil en la mano.

¿Se puede embargar sin ir al juzgado?​

No. Un particular no puede enviar una notificación de embargo preventivo. Ese acto corresponde a un juez, y el juez puede denegarlo si no aprecia riesgo o no lo considera oportuno con las pruebas aportadas. La vía legítima es la que es: demanda, título ejecutivo y, si procede, embargo preventivo sobre bienes concretos.

El ejemplo que se maneja es concreto: notificar un embargo preventivo al registro de la propiedad para que el deudor pague si algún día vende su casa, y otra notificación al notario que custodie la herencia de sus padres, para que pague el día que pretenda heredar. Mandar a un matón no sirve para cobrar. Sirve para tener un problema penal.

El negocio de exponer al deudor en redes​

La presión social como herramienta de cobro tiene un problema jurídico evidente: la Ley Orgánica de Protección de Datos no permite publicar datos personales de un deudor para escarmentarlo. La deuda es un dato personal. Y la imagen del moroso, también.

Eso no significa que el deudor sea intocable. Significa que el cobro se hace por vía ejecutiva, con intereses y costas, no por escrache. La diferencia entre un cobrador y un delincuente es exactamente esa.

Desokupación: el otro filón​

El segundo negocio del paquete es el desalojo exprés de pisos ocupados. Ahí la línea es aún más fina: la ocupación ilegal es un delito leve y la recuperación de la posesión tiene cauce legal. Contratar a un grupo que presione en la puerta puede acabar en denuncia por coacciones.

El mercado existe porque el proceso legal es lento. Y mientras sea lento, habrá quien venda atajos.

La inercia económica y el chivo expiatorio​

En la misma conversación se cuela el caso argentino. Se sostiene que la economía de un país no cambia de golpe porque cambie el gobierno, y se recuerda que en España hubo dos casos de inercia: cuatro años de bonanza heredada antes de arruinarlo todo, y cuatro años de ruina heredada antes de empezar a remontar. La conclusión que se extrae: pedir resultados en tres años es no entender cómo funciona un ajuste.

¿Y todo esto para qué? Para acabar discutiendo si el problema es el deudor, el juez o el que promete solucionarlo por 200 euros.