Resumen del debate: Bizkaia abre por primera vez un centro solo para chicas extranjeras no acompañadas

Bizkaia reorganiza su red de acogida: un centro solo para chicas migrantes​

La Diputación de Bizkaia ha reconvertido un equipamiento en Izurtza en un centro de atención exclusiva para menores migrantes no acompañadas. Es la primera vez que la red foral separa por sexo un recurso de este tipo. La decisión llega con el sistema tensionado: 594 menores tutelados frente a 406 plazas disponibles, según el último balance que el Gobierno foral hizo público en septiembre.

El cambio de perfil no es una impresión. La memoria de la Fiscalía General del Estado, con datos de 2024, advertía de que la entrada de niñas no acompañadas por mar se había triplicado y de que el 20% de los menores bajo tutela autonómica son chicas. El asalto a la frontera de Ceuta a finales de julio dejó en la ciudad autónoma a 1.500 menores, 700 de ellos niñas, muchas por debajo de los 13 años.

Cuántos menores migrantes llegan a Bizkaia y de dónde salen las plazas​

Entre enero y septiembre los servicios sociales forales asumieron 446 menores. La mitad de esos ingresos, 224, se concentraron entre junio y agosto: casi el doble que en el mismo tramo del año anterior. El goteo es mensual y constante, y la red tiene cerca de una veintena de equipamientos repartidos por el territorio.

Para absorber el flujo, la Diputación ha reactivado la situación de excepcionalidad que ya aplicó entre noviembre de 2024 y junio de 2026. Ese marco permite abrir recursos de emergencia y reestructurar los existentes sin pasar por el ritmo ordinario. Con ese paraguas han vuelto a funcionar instalaciones como El Vivero, en Artxanda, y se ha habilitado un nuevo equipamiento en el polígono de Bakiola, en Arrankudiaga-Zollo, con 30 plazas para chicos de 13 a 17 años, gestionado por Agintzari, adonde se ha trasladado a los internos del centro de Arabella.

También se ha transformado la Casa del Mar de Ondarroa en residencia estable. La reapertura de El Vivero, en cambio, no ha sentado igual de bien en su entorno: hay vecinos que temen que dispare la inseguridad, un malestar que la Diputación intenta contener llevando el plan de choque con discreción para preservar la privacidad de los menores.

Qué implica separar por sexo un recurso de acogida​

La decisión abre un flanco incómodo. Una parte del análisis sostiene que la segregación por sexo contradice el discurso habitual contra la separación en las aulas y en otros servicios públicos; en contra pesa el argumento de que un recurso específico permite atender mejor a un colectivo especialmente vulnerable. El Ararteko ya ha criticado el marco de excepcionalidad, que faculta a la Diputación a ofrecer a los menores una asistencia limitada aunque la ley le obligue a que la tutela incluya formación e integración sociolaboral, no solo manutención.

El detalle de cuántas chicas hay en cada centro no está disponible: la Diputación no facilita datos ni por sexo ni por edades. Esa opacidad, defendida como protección de la privacidad, deja sin verificar el alcance real del cambio. El cálculo completo de plazas y traslados, partida a partida, solo se puede reconstruir cruzando las respuestas parlamentarias con las actas municipales.

El coste por plaza y la crítica al modelo de gestión​

El debate sobre el gasto recorre todo el asunto. Hay quien cifra el coste mensual por menor en torno a 8.000 euros y sostiene que buena parte acaba en las entidades que gestionan los recursos, mientras otra corriente defiende que ese dinero sostiene empleo y servicios en municipios pequeños. Lo que no discute nadie es el efecto sobre las cuentas forales: más plazas, más contratos de emergencia y un sistema que lleva dos años funcionando por decreto.

La pregunta de fondo no es cuántos centros se abren, sino cuánto tiempo puede sostenerse un modelo que crece a golpe de excepcionalidad. Con la llegada de menores estabilizada en cifras altas, la predicción razonable es que el marco extraordinario deje de serlo. Nadie ha explicado todavía con qué financiación.