Sesenta y seis toneladas de papel para tramitar la nacionalidad
Solo en Buenos Aires hay
66 toneladas de expedientes acumulados por la aplicación de la ley de nietos. La cifra, que abre esta discusión, no es un chiste: es el peso físico de un embeleco administrativo que convierte cada solicitud de nacionalidad española en un trámite kafkiano. Detrás del número hay una maquinaria consular que, según los propios datos que se manejan, no da abasto.
El dato descoloca porque rompe la escala habitual del papeleo. No hablamos de carpetas ni de cajas: hablamos de toneladas. Y no de un archivo histórico, sino de expedientes vivos, en tramitación, esperando una resolución que depende de una estructura administrativa desbordada.
Qué es la ley de nietos y por qué genera este volumen
La norma permite a descendientes de españoles recuperar la nacionalidad. El problema no es el derecho, sino la gestión. Cada solicitud arrastra documentación de partidas de nacimiento, certificados, traducciones y verificaciones que se acumulan en los consulados. En Buenos Aires, el volumen ha alcanzado tal magnitud que se mide en toneladas.
Hay quien sostiene que el sistema está diseñado para que el cuello de botella sea estructural, no accidental. La consecuencia práctica es que miles de personas quedan en un limbo administrativo mientras el papel se apila.
El negocio de los cónsules y el relato del juego sucio
En el trasfondo aparece una sospecha recurrente: los nombramientos consulares. Se apunta a que determinados puestos en Argentina y Venezuela habrían servido para colocar a funcionarios afines con promesas de ascenso. La acusación circula sin prueba firme, pero el volumen de expedientes le da un terreno abonado.
El cálculo más pesimista apunta a que esos votos podrían gestionarse con criterios de conveniencia. El más benévolo lo atribuye a pura incompetencia. Ninguna de las dos versiones resulta tranquilizadora.
El voto exterior y la sospecha sobre el recuento
La discusión deriva hacia el voto por correo. Se recuerda que se propuso contar ese sufragio por separado para conocer su peso real, y que la propuesta decayó. Para algunos, eso impide auditar cuánto pesa el voto exterior en el resultado final.
La cifra de las 66 toneladas deja de ser una anécdota cuando se cruza con la política electoral. Un archivo de ese tamaño es también un censo potencial.
¿Cuántas de esas toneladas acabarán convertidas en votos y cuántas en papel muerto? Nadie lo ha calculado todavía.