Anónimo222
Madmaxista
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El Gobierno instaurará un impuesto a los residuos para evitar las sanciones europeas
Tras la fuerte presión recibida, el Gobierno cede; acepta la idea de instaurar un impuesto sobre el vertido y la incineración de los residuos (municipales, industriales...) en toda España para evitar las sanciones de la UE. La descarga de residuos estará gravada con una tasa en estas instalaciones finalistas, para penalizar su generación, fomentar el reaprovechamiento de los materiales y prevenir el tratamiento finalista. Es la manera de evitar que estas instalaciones se colmaten y abrir las puertas a la posibilidad de que se puedan cumplir los objetivos europeos sobre reducción y recuperación de desechos municipales. La UE estableció como meta lograr que para el 2020 al menos un 50% de los residuos municipales se prepararan para ser reutilizados o reciclados. Y ante el previsible incumplimiento de esta meta, se agrava el riesgo de nuevos expedientes de la UE contra España.
Con el nuevo impuesto se quiere evitar también el turismo de los residuos. Hay comunidades autónomas que han establecido estas tasas o cánones disuasorios para obligar a los ayuntamientos a recuperar materiales; pero si otras comunidades no hacen lo mismo se acrecienta el riesgo de que continúe la “exportación” de desechos a comunidades limítrofes para ahorrarse el pago del gravamen.
El Ministerio para la Transición Ecológica da este paso cuando todo indica que España se va a incumplir los objetivos previstos en la Ley de Residuos del 2011, lo que abre el riesgo de nuevos procedimiento de infracción por parte de la UE. La ley de Residuos del 2011 (época socialista) establecía que antes de 2020, la cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados a la preparación para la reutilización y el reciclado (fraciones de papel, metales, vidrio, plástico, biorresiduos u otras fracciones reciclables) "deberá alcanzar, en conjunto, como mínimo el 50% en peso".
No obstante, no se pusieron los medios para lograr esa meta. "Acogemos muy favorablemente esta iniciativa, que ha tenido que salvar muchos obstáculos; el primero, el del Ministerio de Hacienda que no lo veía", dice Carlos Arribas, experto de Ecologistas en Acción. "Hacienda no veía la necesidad de que estuviera en una norma estatal unificadora".
En el 2016, el porcentaje de reciclado de residuos municipales (incluido el compostaje) notificado por España a Eurostat era del 30 %, mientras que su tasa de vertido era del 57 %.
En el año 2017, mientras que la media de los países europeos de residuos municipales reciclados se situaba en el 46,5%, en España este porcentaje se quedaba en el 33,5%.
No están disponibles aún los datos de 2020 pero todo conduce a pensar que se incumplirá ese objetivo pues en el año 2018 no rebasaría el 35%
Sobre la base de estos datos, en el año 2018 la UE consideró que "España está en riesgo de no alcanzar el objetivo para 2020,consistente en la preparación de hasta un 50 % de residuos municipales para la reutilización y el reciclado"
Para remontar esta situación, el Ministerio para la Transición Ecológica mantiene abierto hasta el 11 de enero, el periodo de audiencia e información pública para regular este nuevo impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos y la incineración de residuos, que se integrará en el anteproyecto de Ley de Residuos que se está tramitando actualmente.
La propuesta nace de "las numerosas observaciones recibidas en la fase de consulta pública del mencionado Anteproyecto de Ley, realizada en junio", dice el Ministerio. Muchas otras alegaciones han pedido también la introducción del sistema depósito, devolución y retorno (SDDR) de envases al comercio para ampliar las tasas recuperación de envases.
Entre las alegaciones se solicitaba la inclusión de un impuesto que gravase el vertido y la incineración de residuos, por ser las optaciones no prioritarias desde el punto de vista de la jerarquía de residuos frente a las alternativas de gestión más deseables, como son la preparación para la reutilización o el reciclado.
El nuevo impuesto, de carácter indirecto, recae sobre los residuos destinados a depósito en vertederos o incineración. El tipo impositivo variará en función de la clase de residuo y de la tipología del vertedero (si es un vertedero de residuos no peligrosos, de residuos peligrosos o de residuos inertes...) o de la instalación de incineración (si sirven solo para eliminarlos o si es para producir energía eléctrica). El impuesto gravará en mayor medida el depósito en vertedero frente a la incineración, en línea con la jerarquía en materia de gestión de residuos.
Además, se atribuye a las comunidades autónomas la recaudación obtenida con este impuesto. Las comunidades disponen de competencia en materia de gestión de residuos y por lo tanto tendrán capacidad para determinar, en su caso, que el importe recaudado pueda destinarse a la financiación y mejora de los sistemas de recogida y tratamiento de los residuos y a otras actuaciones ambientales.
Tras la fuerte presión recibida, el Gobierno cede; acepta la idea de instaurar un impuesto sobre el vertido y la incineración de los residuos (municipales, industriales...) en toda España para evitar las sanciones de la UE. La descarga de residuos estará gravada con una tasa en estas instalaciones finalistas, para penalizar su generación, fomentar el reaprovechamiento de los materiales y prevenir el tratamiento finalista. Es la manera de evitar que estas instalaciones se colmaten y abrir las puertas a la posibilidad de que se puedan cumplir los objetivos europeos sobre reducción y recuperación de desechos municipales. La UE estableció como meta lograr que para el 2020 al menos un 50% de los residuos municipales se prepararan para ser reutilizados o reciclados. Y ante el previsible incumplimiento de esta meta, se agrava el riesgo de nuevos expedientes de la UE contra España.
Con el nuevo impuesto se quiere evitar también el turismo de los residuos. Hay comunidades autónomas que han establecido estas tasas o cánones disuasorios para obligar a los ayuntamientos a recuperar materiales; pero si otras comunidades no hacen lo mismo se acrecienta el riesgo de que continúe la “exportación” de desechos a comunidades limítrofes para ahorrarse el pago del gravamen.
El Ministerio para la Transición Ecológica da este paso cuando todo indica que España se va a incumplir los objetivos previstos en la Ley de Residuos del 2011, lo que abre el riesgo de nuevos procedimiento de infracción por parte de la UE. La ley de Residuos del 2011 (época socialista) establecía que antes de 2020, la cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados a la preparación para la reutilización y el reciclado (fraciones de papel, metales, vidrio, plástico, biorresiduos u otras fracciones reciclables) "deberá alcanzar, en conjunto, como mínimo el 50% en peso".
No obstante, no se pusieron los medios para lograr esa meta. "Acogemos muy favorablemente esta iniciativa, que ha tenido que salvar muchos obstáculos; el primero, el del Ministerio de Hacienda que no lo veía", dice Carlos Arribas, experto de Ecologistas en Acción. "Hacienda no veía la necesidad de que estuviera en una norma estatal unificadora".
En el 2016, el porcentaje de reciclado de residuos municipales (incluido el compostaje) notificado por España a Eurostat era del 30 %, mientras que su tasa de vertido era del 57 %.
En el año 2017, mientras que la media de los países europeos de residuos municipales reciclados se situaba en el 46,5%, en España este porcentaje se quedaba en el 33,5%.
No están disponibles aún los datos de 2020 pero todo conduce a pensar que se incumplirá ese objetivo pues en el año 2018 no rebasaría el 35%
Sobre la base de estos datos, en el año 2018 la UE consideró que "España está en riesgo de no alcanzar el objetivo para 2020,consistente en la preparación de hasta un 50 % de residuos municipales para la reutilización y el reciclado"
Para remontar esta situación, el Ministerio para la Transición Ecológica mantiene abierto hasta el 11 de enero, el periodo de audiencia e información pública para regular este nuevo impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos y la incineración de residuos, que se integrará en el anteproyecto de Ley de Residuos que se está tramitando actualmente.
La propuesta nace de "las numerosas observaciones recibidas en la fase de consulta pública del mencionado Anteproyecto de Ley, realizada en junio", dice el Ministerio. Muchas otras alegaciones han pedido también la introducción del sistema depósito, devolución y retorno (SDDR) de envases al comercio para ampliar las tasas recuperación de envases.
Entre las alegaciones se solicitaba la inclusión de un impuesto que gravase el vertido y la incineración de residuos, por ser las optaciones no prioritarias desde el punto de vista de la jerarquía de residuos frente a las alternativas de gestión más deseables, como son la preparación para la reutilización o el reciclado.
El nuevo impuesto, de carácter indirecto, recae sobre los residuos destinados a depósito en vertederos o incineración. El tipo impositivo variará en función de la clase de residuo y de la tipología del vertedero (si es un vertedero de residuos no peligrosos, de residuos peligrosos o de residuos inertes...) o de la instalación de incineración (si sirven solo para eliminarlos o si es para producir energía eléctrica). El impuesto gravará en mayor medida el depósito en vertedero frente a la incineración, en línea con la jerarquía en materia de gestión de residuos.
Además, se atribuye a las comunidades autónomas la recaudación obtenida con este impuesto. Las comunidades disponen de competencia en materia de gestión de residuos y por lo tanto tendrán capacidad para determinar, en su caso, que el importe recaudado pueda destinarse a la financiación y mejora de los sistemas de recogida y tratamiento de los residuos y a otras actuaciones ambientales.
