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Madmaxista
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Sánchez impulsa una renta básica mensual un 40% más elevada que la propuesta por la AIReF
Sánchez impulsa una renta básica mensual un 40% más elevada que la propuesta por la AIReF
El Gobierno, a pesar de estar en funciones, mantiene su actividad de cara al momento de la formación de un nuevo Ejecutivo que podría llegar en septiembre para poner en marcha cuanto antes las principales medidas con las que se presentó Pedro Sánchez a las pasadas elecciones generales. Una de estas medidas, focalizada en la reducción de la pobreza en España, consta en la introducción de un ingreso mínimo vital para los hogares en una situación marginal, y se trata de uno de estos proyectos que el Ejecutivo socialista ha continuado dando forma en los últimos meses.
Una medida, sin embargo, que ya fue solicitada por los sindicatos en 2017 en el Congreso , y que, según señaló la AIReF durante la presentación del estudio Los Programas de Rentas Mínimas en España documento elaborado a petición del propio Consejo de Ministros supondría entre 7.200 millones y 9.800 millones de euros anuales. Pero en este mismo estudio la autoridad fiscal elabora dos alternativas a la propuesta sindical, que tal y como señalan fuentes de Moncloa a elEconomista, "se aproximan al planteamiento del Gobierno" que pretende ejecutar en la nueva legislatura.
Sin embargo, y aunque estas mismas fuentes reconocen haber mantenido encuentros con la AIReF para el diseño de la medida, la propuesta del Ejecutivo guarda algunas diferencias con esta propuesta y también con la Iniciativa Legislativa Popular de CCOO y CGT. La más importante es la del nivel de las cuantía previstas en la cobertura de los hogares que el Gobierno del PSOE plantea en un 40% más que la versión de la AIReF. Concretamente, si la alternativa del organismo auditor partía de una base 426 euros mensuales ampliables con una dotación de hasta 1.680 euros al año por hijo a cargo para un máximo de tres, el planteamiento del Ejecutivo partiría de un suelo de 600 euros al mes que llegaría hasta los 1.800 euros en los casos más extremos.
De este modo, esta tendría dos ramas: la primera de ellas, una ayuda para los hogares con pobreza infantil severa, donde se encuadrarían las ayudas de entre 600 y 1.800 euros, mientras que para los hogares en situación de alta pobreza las cifras serían entre 600 y 1.200 euros.
Capacidad financiera de los hogares
En este sentido, una de las peculiaridades de la versión del Gobierno de esta medida es el hecho de que se focaliza en la capacidad financiera de los hogares y no de los individuos, a diferencia de lo que plantea la ILP de los sindicatos. Por ello se asemeja más a lo esbozado por la AIReF sobre este aspecto, tanto en cuanto si el nivel de renta de la unidad familiar es insuficiente se podría percibir el ingreso mínimo vital incluso dentro del hogar beneficiario alguno de sus miembros se encuentra desempeñando un trabajo. Siendo esta una de las principales reclamaciones del organismo dirigido por José Luis Escrivá ya que, según la AIReF, el requisito de vincular esta ayuda a la coyuntura de paro de larga duración es contraproducente al reducir los incentivos para la búsqueda de empleo, objetivo de estos programas.
Lo que el Gobierno no confirma aún es el coste global que tendría la aplicación de este plan integral contra la pobreza, si bien podría situarse en esa franja de entre 7.000 millones y 10.000 millones que calcula la AIReF, e incluso por encima en función de las cuantía y el número de beneficiarios cubiertos.
Con todo ello, el objetivo de la administración es atender estas situaciones de riesgo de exclusión social, con especial atención a los hogares con niños, para en un horizonte de cuatro años "llevar a cabo un despliegue que reduzca en un 100 por cien los casos de pobreza extrema" en nuestro país, explican estas mismas fuentes.
Ayudas regionales y locales
Además, el otro aspecto que distancia la propuesta del Gobierno y la de AIReF, es que en este último caso se propone que la aplicación de la renta mínima sirva para eliminar otras ayudas similares en el nivel autonómico y local, algo que según el organismo en cuestión podría reducir la factura fiscal del subsidio en unos 2.000 millones de euros al año, al estar centralizada la gestión del mismo. "El Gobierno no está por la eliminación del resto de ayudas", apuntan a elEconomista.
Sin embargo, resulta ineludible reconocer la labor del Gobierno socialista en este campo desde que Pedro Sánchez alcanzase la presidencia en junio del pasado año. En primera instancia, el Ejecutivo incluyó en el macrodecreto de incremento de las pensiones aprobado en diciembre de 2018 la ampliación de manera indefinida del subsidio extraordinario por desempleo que tenía un carácter temporal (180 días), siendo renovado semestralmente hasta que la tasa de desempleo se situara por debajo del 15%, con una cuantía de 430 euros mensuales y que se desvinculó de la evolución del mercado laboral.
En marzo se decidió el incremento de la asignación económica por hijo a cargo, que pasa a 341 euros anuales, con carácter general, y que aumenta hasta 588 euros en el caso de personas con menores ingresos. También se regló que los parados mayores de 52 años accedan al subsidio por desempleo, reservado a los mayores de 55 años.
Sánchez impulsa una renta básica mensual un 40% más elevada que la propuesta por la AIReF
- Propone propone pagas de entre 600 euros y 1.800 euros
- Su coste podría ser de una franja entre 7.000 millones y 10.000 millones
El Gobierno, a pesar de estar en funciones, mantiene su actividad de cara al momento de la formación de un nuevo Ejecutivo que podría llegar en septiembre para poner en marcha cuanto antes las principales medidas con las que se presentó Pedro Sánchez a las pasadas elecciones generales. Una de estas medidas, focalizada en la reducción de la pobreza en España, consta en la introducción de un ingreso mínimo vital para los hogares en una situación marginal, y se trata de uno de estos proyectos que el Ejecutivo socialista ha continuado dando forma en los últimos meses.
Una medida, sin embargo, que ya fue solicitada por los sindicatos en 2017 en el Congreso , y que, según señaló la AIReF durante la presentación del estudio Los Programas de Rentas Mínimas en España documento elaborado a petición del propio Consejo de Ministros supondría entre 7.200 millones y 9.800 millones de euros anuales. Pero en este mismo estudio la autoridad fiscal elabora dos alternativas a la propuesta sindical, que tal y como señalan fuentes de Moncloa a elEconomista, "se aproximan al planteamiento del Gobierno" que pretende ejecutar en la nueva legislatura.
Sin embargo, y aunque estas mismas fuentes reconocen haber mantenido encuentros con la AIReF para el diseño de la medida, la propuesta del Ejecutivo guarda algunas diferencias con esta propuesta y también con la Iniciativa Legislativa Popular de CCOO y CGT. La más importante es la del nivel de las cuantía previstas en la cobertura de los hogares que el Gobierno del PSOE plantea en un 40% más que la versión de la AIReF. Concretamente, si la alternativa del organismo auditor partía de una base 426 euros mensuales ampliables con una dotación de hasta 1.680 euros al año por hijo a cargo para un máximo de tres, el planteamiento del Ejecutivo partiría de un suelo de 600 euros al mes que llegaría hasta los 1.800 euros en los casos más extremos.
De este modo, esta tendría dos ramas: la primera de ellas, una ayuda para los hogares con pobreza infantil severa, donde se encuadrarían las ayudas de entre 600 y 1.800 euros, mientras que para los hogares en situación de alta pobreza las cifras serían entre 600 y 1.200 euros.
Capacidad financiera de los hogares
En este sentido, una de las peculiaridades de la versión del Gobierno de esta medida es el hecho de que se focaliza en la capacidad financiera de los hogares y no de los individuos, a diferencia de lo que plantea la ILP de los sindicatos. Por ello se asemeja más a lo esbozado por la AIReF sobre este aspecto, tanto en cuanto si el nivel de renta de la unidad familiar es insuficiente se podría percibir el ingreso mínimo vital incluso dentro del hogar beneficiario alguno de sus miembros se encuentra desempeñando un trabajo. Siendo esta una de las principales reclamaciones del organismo dirigido por José Luis Escrivá ya que, según la AIReF, el requisito de vincular esta ayuda a la coyuntura de paro de larga duración es contraproducente al reducir los incentivos para la búsqueda de empleo, objetivo de estos programas.
Lo que el Gobierno no confirma aún es el coste global que tendría la aplicación de este plan integral contra la pobreza, si bien podría situarse en esa franja de entre 7.000 millones y 10.000 millones que calcula la AIReF, e incluso por encima en función de las cuantía y el número de beneficiarios cubiertos.
Con todo ello, el objetivo de la administración es atender estas situaciones de riesgo de exclusión social, con especial atención a los hogares con niños, para en un horizonte de cuatro años "llevar a cabo un despliegue que reduzca en un 100 por cien los casos de pobreza extrema" en nuestro país, explican estas mismas fuentes.
Ayudas regionales y locales
Además, el otro aspecto que distancia la propuesta del Gobierno y la de AIReF, es que en este último caso se propone que la aplicación de la renta mínima sirva para eliminar otras ayudas similares en el nivel autonómico y local, algo que según el organismo en cuestión podría reducir la factura fiscal del subsidio en unos 2.000 millones de euros al año, al estar centralizada la gestión del mismo. "El Gobierno no está por la eliminación del resto de ayudas", apuntan a elEconomista.
Sin embargo, resulta ineludible reconocer la labor del Gobierno socialista en este campo desde que Pedro Sánchez alcanzase la presidencia en junio del pasado año. En primera instancia, el Ejecutivo incluyó en el macrodecreto de incremento de las pensiones aprobado en diciembre de 2018 la ampliación de manera indefinida del subsidio extraordinario por desempleo que tenía un carácter temporal (180 días), siendo renovado semestralmente hasta que la tasa de desempleo se situara por debajo del 15%, con una cuantía de 430 euros mensuales y que se desvinculó de la evolución del mercado laboral.
En marzo se decidió el incremento de la asignación económica por hijo a cargo, que pasa a 341 euros anuales, con carácter general, y que aumenta hasta 588 euros en el caso de personas con menores ingresos. También se regló que los parados mayores de 52 años accedan al subsidio por desempleo, reservado a los mayores de 55 años.
