MonteKarmelo
Madmaxista
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Para demostrar a la banda que cumplía sus ilegales compromisos dentro del 'proceso de paz'
Los representantes del Gobierno en el pasado proceso de paz esgrimieron el caso Faisán -también conocido como del chivatazo-, en las conversaciones con sus interlocutores de ETA para demostrar a la banda su compromiso con la negociación, según consta en las actas de los etarras que obran en poder de las autoridades policiales y judiciales francesas y las Fuerzas de Seguridad y de los servicios de inteligencia españoles.
El asunto, que por entonces ya había devenido en escándalo, es especialmente tratado en el documento que recoge el encuentro de finales de octubre de 2006, en el que uno de los enviados del Ejecutivo responde así a los reproches de los etarras: «En relación a la operación llevada por Marlaska, os diré que por dar el aviso está encausado un alto policía de San Sebastián y casi el jefe de seguridad del PSOE».
El autor de estas palabras trataba de acallar con esta frase los insistentes y agresivos reproches que la banda estaba efectuando contra el Gobierno por el incumplimiento de los compromisos que, según siempre mantuvo la organización terrorista, éste había adquirido como condición para el inicio de las negociaciones.
Zapatero embustero El enviado intentaba hacer ver a los terroristas que, lejos de la impresión que pretendían trasladar, el Ejecutivo había asumido riesgos cuyas consecuencias afectaban tanto a las Fuerzas de Seguridad que están a sus órdenes como al PSOE.
El contexto en el que se mantuvo la citada reunión y en el que se pronuncia la frase referida eran enormemente delicados.
La dirección de la banda terrorista llevaba meses recordándole al Gobierno en público y en privado que no cumplía con su parte en aquellos asuntos con los que sus interlocutores se «comprometieron» -es la palabra literal que ETA emplea en sus actas-, tales como la ausencia de detenciones por parte de la Policía y de la Guardia Civil.
Esa era una de sus principales exigencias en todos los comunicados a pesar de que la primera en explotar todos los acuerdos fue la propia organización terrorista que, desde el principio, mantuvo en activo, entre otras muchas coacciones, las extorsiones a los empresarios y el terrorismo callejero que antes había prometido retirar.
Encuentros secretos
A mediados del mes de agosto, ETA hizo público un comunicado en el que sostenía que el proceso estaba en «crisis» y que los incumplimientos lo estaban poniendo en grave peligro.
Como respuesta, en otoño, el PSE convocó al PNV y a los representantes de la ilegalizada Batasuna para desarrollar las conversaciones de Loyola, cuya función era abordar las exigencias políticas de la banda.
De poco sirvió este planteamiento, porque ETA no perdió ni una sola ocasión de recordar que ese no era el único flanco pendiente, y en los encuentros secretos con los enviados directos del Gobierno -iniciados por el ex fiscal y ex ministro Javier Moscoso y por el presidente del Partido Socialista de Euskadi, Jesús Eguiguren, a quienes se unió posteriormente Gómez Benítez, el actual vocal del Consejo General del Poder Judicial- insistió en su recuento de agravios.
Agravios tales como la operación del bar Faisán en Irún, a consecuencia de la cual varios de los suyos resultaron detenidos en Francia y en España, y quedó tocada una parte -aunque gracias al chivatazo, no todo- de su aparato de extorsión.
Según las actas de la banda terrorista, los etarras participantes en la negociación pusieron en duda ante sus interlocutores que la citada operación policial hubiese sido orquestada únicamente por el juez Grande-Marlaska.
Los terroristas estaban convencidos -y así lo dijeron- de que el magistrado instructor de la Audiencia Nacional y el Gobierno central estaban perfectamente coordinados y que el Ejecutivo no solamente había permitido sino auspiciado y organizado ese asunto, cuya investigación había acabado con el procesamiento judicial de 24 personas. Es después de este reproche cuando el enviado del Gobierno da esa respuesta.
Pudo tratarse de una treta para zafarse de la presión que estaban ejerciendo los etarras. Pero lo cierto es que en el mejor de los casos, el representante gubernamental permite que los terroristas pongan el caso encima de la mesa y lo empleen como una de las garantías de la continuidad de la negociación ya iniciada.
Y en el peor de los casos, el acta refleja que el enviado del Gobierno da por hecho sin sombra de duda («por dar el aviso») que el chivatazo existió -un extremo que siempre ha sido cuestionado o negado directamente por los responsables del Ministerio del Interior- y quiere hacer ver a su interlocutor que el Ejecutivo no tuvo relación con las detenciones, sino que fueron iniciativa exclusiva del magistrado Grande-Marlaska, de modo que, al ser investigada la delación, se estaba poniendo en un aprieto a algunos agentes de la Policía y al jefe se seguridad del PSOE.
«Ausencia de negociaciones»
>En julio de 2006, 'Gara' publicó que el Gobierno español estaba incumpliendo pactos a los que había llegado con ETA como no detener a ningún miembro de la banda.
>Según el diario proetarra, en febrero de 2006, y en el marco de un acuerdo más amplio, ETA se comprometió a «no realizar acciones contra personas, ni bienes» y el Gobierno a «respetar las decisiones de los vascos».
>Además, las partes marcaron ciertas «garantías» que el Gobierno debía cumplir. Y entre ellas, 'Gara' citaba la «ausencia de detenciones, la disminución de la presencia policial y la legalización de la izquierda 'abertzale'»
Garzón no ha investigado todavía el acta
Según las investigaciones abiertas en la Audiencia Nacional, el chivatazo se produjo el 4 de mayo, mes y medio después de que ETA declarase el alto el fuego permanente, y obligó al juez Grande Marlaska a retrasar más de dos meses una operación contra una parte del aparato de extorsión de ETA que tuvo que efectuarse en dos partes y por la que resultó detenido, entre otros, el propietario del bar Faisán en Irún, Joseba Elosua, quien venía utilizando su negocio desde hacía décadas como punto de conexión con la banda terrorista.
Ese día, poco después de las 11.00 horas, alguien entregó un teléfono móvil a Elosua. Otra persona le llamó a ese móvil para advertirle de que no efectuase uno de los traslados que tenía previsto acometer.
Se supo de la existencia de esa llamada y de que la había efectuado un policía, porque Elosua se lo contó a su yerno durante un viaje en coche a Francia. «Dice que no hable por el teléfono del bar y con esa gente menos... Que lo tengo machacado... 'Oye tú, que esto no vas a decir que te he llamado yo, ¿eh?'. Es para no fastidiar todo el proceso», le confesó Elosua a su acompañante.
En septiembre, el juez Garzón que, a su regreso de Estados Unidos había asumido todas las investigaciones, recibió un informe de la Guardia Civil en el que se analizaban las llamadas telefónicas habidas en el entorno del bar durante aquellas horas y en el que constaba el contacto telefónico realizado por el jefe de Seguridad del PSOE, antiguo responsable policial, desde la Sede de Ferraz al jefe de la brigada de San Sebastián que se encontraba en el operativo contra el aparato de extorsión.
A esa situación se refiere el enviado del Gobierno en su conversación con el etarra.
El Gobierno y el PSOE explicaron que la llamada del jefe de seguridad, que se había realizado a las 10.00 horas, tenía como objeto felicitar el cumpleaños a su amigo.
La Guardia Civil fue retirada de la investigación y el equipo policial designado para la continuación de las pesquisas señaló a otros presuntos culpables sin encontrar pruebas para demostrar su vinculación con el caso, por lo que el fiscal pidió el archivo de la causa. Sin embargo, estas actas demuestran que sigue habiendo información que no ha sido investigada judicialmente en España. Están en poder de la juez Levert, pero el juez Baltasar Garzón todavía no ha accedido a ellas.
ELMUNDO.es Especial: ETA: treguas y negociaciones
e-pesimo Auxiliar 1: GOBIERNO SOCIALISTA, PRESUNTO DELINCUENTE: El Gobierno SE ATRIBUYÓ LA AUTORÍA del 'chivatazo' como un mérito en la negociación con ETA
Los representantes del Gobierno en el pasado proceso de paz esgrimieron el caso Faisán -también conocido como del chivatazo-, en las conversaciones con sus interlocutores de ETA para demostrar a la banda su compromiso con la negociación, según consta en las actas de los etarras que obran en poder de las autoridades policiales y judiciales francesas y las Fuerzas de Seguridad y de los servicios de inteligencia españoles.
El asunto, que por entonces ya había devenido en escándalo, es especialmente tratado en el documento que recoge el encuentro de finales de octubre de 2006, en el que uno de los enviados del Ejecutivo responde así a los reproches de los etarras: «En relación a la operación llevada por Marlaska, os diré que por dar el aviso está encausado un alto policía de San Sebastián y casi el jefe de seguridad del PSOE».
El autor de estas palabras trataba de acallar con esta frase los insistentes y agresivos reproches que la banda estaba efectuando contra el Gobierno por el incumplimiento de los compromisos que, según siempre mantuvo la organización terrorista, éste había adquirido como condición para el inicio de las negociaciones.
Zapatero embustero El enviado intentaba hacer ver a los terroristas que, lejos de la impresión que pretendían trasladar, el Ejecutivo había asumido riesgos cuyas consecuencias afectaban tanto a las Fuerzas de Seguridad que están a sus órdenes como al PSOE.
El contexto en el que se mantuvo la citada reunión y en el que se pronuncia la frase referida eran enormemente delicados.
La dirección de la banda terrorista llevaba meses recordándole al Gobierno en público y en privado que no cumplía con su parte en aquellos asuntos con los que sus interlocutores se «comprometieron» -es la palabra literal que ETA emplea en sus actas-, tales como la ausencia de detenciones por parte de la Policía y de la Guardia Civil.
Esa era una de sus principales exigencias en todos los comunicados a pesar de que la primera en explotar todos los acuerdos fue la propia organización terrorista que, desde el principio, mantuvo en activo, entre otras muchas coacciones, las extorsiones a los empresarios y el terrorismo callejero que antes había prometido retirar.
Encuentros secretos
A mediados del mes de agosto, ETA hizo público un comunicado en el que sostenía que el proceso estaba en «crisis» y que los incumplimientos lo estaban poniendo en grave peligro.
Como respuesta, en otoño, el PSE convocó al PNV y a los representantes de la ilegalizada Batasuna para desarrollar las conversaciones de Loyola, cuya función era abordar las exigencias políticas de la banda.
De poco sirvió este planteamiento, porque ETA no perdió ni una sola ocasión de recordar que ese no era el único flanco pendiente, y en los encuentros secretos con los enviados directos del Gobierno -iniciados por el ex fiscal y ex ministro Javier Moscoso y por el presidente del Partido Socialista de Euskadi, Jesús Eguiguren, a quienes se unió posteriormente Gómez Benítez, el actual vocal del Consejo General del Poder Judicial- insistió en su recuento de agravios.
Agravios tales como la operación del bar Faisán en Irún, a consecuencia de la cual varios de los suyos resultaron detenidos en Francia y en España, y quedó tocada una parte -aunque gracias al chivatazo, no todo- de su aparato de extorsión.
Según las actas de la banda terrorista, los etarras participantes en la negociación pusieron en duda ante sus interlocutores que la citada operación policial hubiese sido orquestada únicamente por el juez Grande-Marlaska.
Los terroristas estaban convencidos -y así lo dijeron- de que el magistrado instructor de la Audiencia Nacional y el Gobierno central estaban perfectamente coordinados y que el Ejecutivo no solamente había permitido sino auspiciado y organizado ese asunto, cuya investigación había acabado con el procesamiento judicial de 24 personas. Es después de este reproche cuando el enviado del Gobierno da esa respuesta.
Pudo tratarse de una treta para zafarse de la presión que estaban ejerciendo los etarras. Pero lo cierto es que en el mejor de los casos, el representante gubernamental permite que los terroristas pongan el caso encima de la mesa y lo empleen como una de las garantías de la continuidad de la negociación ya iniciada.
Y en el peor de los casos, el acta refleja que el enviado del Gobierno da por hecho sin sombra de duda («por dar el aviso») que el chivatazo existió -un extremo que siempre ha sido cuestionado o negado directamente por los responsables del Ministerio del Interior- y quiere hacer ver a su interlocutor que el Ejecutivo no tuvo relación con las detenciones, sino que fueron iniciativa exclusiva del magistrado Grande-Marlaska, de modo que, al ser investigada la delación, se estaba poniendo en un aprieto a algunos agentes de la Policía y al jefe se seguridad del PSOE.
«Ausencia de negociaciones»
>En julio de 2006, 'Gara' publicó que el Gobierno español estaba incumpliendo pactos a los que había llegado con ETA como no detener a ningún miembro de la banda.
>Según el diario proetarra, en febrero de 2006, y en el marco de un acuerdo más amplio, ETA se comprometió a «no realizar acciones contra personas, ni bienes» y el Gobierno a «respetar las decisiones de los vascos».
>Además, las partes marcaron ciertas «garantías» que el Gobierno debía cumplir. Y entre ellas, 'Gara' citaba la «ausencia de detenciones, la disminución de la presencia policial y la legalización de la izquierda 'abertzale'»
Garzón no ha investigado todavía el acta
Según las investigaciones abiertas en la Audiencia Nacional, el chivatazo se produjo el 4 de mayo, mes y medio después de que ETA declarase el alto el fuego permanente, y obligó al juez Grande Marlaska a retrasar más de dos meses una operación contra una parte del aparato de extorsión de ETA que tuvo que efectuarse en dos partes y por la que resultó detenido, entre otros, el propietario del bar Faisán en Irún, Joseba Elosua, quien venía utilizando su negocio desde hacía décadas como punto de conexión con la banda terrorista.
Ese día, poco después de las 11.00 horas, alguien entregó un teléfono móvil a Elosua. Otra persona le llamó a ese móvil para advertirle de que no efectuase uno de los traslados que tenía previsto acometer.
Se supo de la existencia de esa llamada y de que la había efectuado un policía, porque Elosua se lo contó a su yerno durante un viaje en coche a Francia. «Dice que no hable por el teléfono del bar y con esa gente menos... Que lo tengo machacado... 'Oye tú, que esto no vas a decir que te he llamado yo, ¿eh?'. Es para no fastidiar todo el proceso», le confesó Elosua a su acompañante.
En septiembre, el juez Garzón que, a su regreso de Estados Unidos había asumido todas las investigaciones, recibió un informe de la Guardia Civil en el que se analizaban las llamadas telefónicas habidas en el entorno del bar durante aquellas horas y en el que constaba el contacto telefónico realizado por el jefe de Seguridad del PSOE, antiguo responsable policial, desde la Sede de Ferraz al jefe de la brigada de San Sebastián que se encontraba en el operativo contra el aparato de extorsión.
A esa situación se refiere el enviado del Gobierno en su conversación con el etarra.
El Gobierno y el PSOE explicaron que la llamada del jefe de seguridad, que se había realizado a las 10.00 horas, tenía como objeto felicitar el cumpleaños a su amigo.
La Guardia Civil fue retirada de la investigación y el equipo policial designado para la continuación de las pesquisas señaló a otros presuntos culpables sin encontrar pruebas para demostrar su vinculación con el caso, por lo que el fiscal pidió el archivo de la causa. Sin embargo, estas actas demuestran que sigue habiendo información que no ha sido investigada judicialmente en España. Están en poder de la juez Levert, pero el juez Baltasar Garzón todavía no ha accedido a ellas.
ELMUNDO.es Especial: ETA: treguas y negociaciones
e-pesimo Auxiliar 1: GOBIERNO SOCIALISTA, PRESUNTO DELINCUENTE: El Gobierno SE ATRIBUYÓ LA AUTORÍA del 'chivatazo' como un mérito en la negociación con ETA
