MonteKarmelo
Madmaxista
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El Gobierno utiliza un avanzado ‘software’ para interceptar llamadas que Aznar no se atrevió a legalizar.
Madrid.- El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero utiliza desde 2004 un software fabricado por Ericsson capaz de pinchar todos los teléfonos de España al mismo tiempo. El programa permite a la Policía rastrear a una velocidad inédita hasta ahora todo tipo de llamadas. Los agentes tienen acceso a las conversaciones en tiempo real, pero también a datos tan sensibles como la identidad de los comunicantes, el lugar desde donde llaman, la operadora que utiliza e incluso el tipo de contrato que tienen.
El Sistema Integral de Interceptación de Comunicaciones Electrónicas (Sitel) consigue esta revolución gracias a estar incardinado en el mismo proveedor de redes de comunicaciones en el que se apoyan las operadoras telefónicas. “Sitel es la propia centralita”, asegura un experto conocedor de la aplicación que prefiere permanecer en el anonimato.
El Gobierno de José María Aznar pagó 36 millones de euros a Ericsson por el software. Un año y medio después, la compañía entregó el programa al Ministerio del Interior, que se convirtió en propietario. Sin embargo, el PP no lo puso en marcha por no encontrar una cobertura legal adecuada —que regulara la privacidad y la protección de datos en este nuevo marco tecnológico—. Los informes de los ministerios de Justicia y Defensa y del Consejo General del Poder Judicial en 2001 y 2002 ponían demasiadas pegas.
Cuando el Ejecutivo socialista llegó al poder, no dudó en trabajar con el innovador software, que proporcionaba descomunales ventajas respecto a lo anterior. Hoy operan tres Centros de Interceptación de la red Sitel en España, uno en manos de la Policía Nacional, otro en la Guardia Civil y un tercero en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), informan a LA GACETA fuentes del Ministerio del Interior.
¿Un asunto técnico?
Conocedor de los informes judiciales negativos, el PSOE decidió enfocar la cuestión como un asunto meramente técnico, por lo que encargó el desarrollo legal al Ministerio de Industria, ignorando los nuevos problemas sobre privacidad y conservación de datos personales. Utilizó el mismo texto abandonado por el Gobierno Aznar y lo incluyó disimulado en el capítulo segundo del título V del Reglamento de la Ley General de Telecomunicaciones, del 15 de abril de 2005 (RD 424/2005).
Para entonces, Sitel ya llevaba un año funcionando sin marco legal. Así lo denunció el teniente fiscal de Madrid, Pedro Martínez, en un informe que elevó ante el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, en junio de 2006. Martínez advertía que Sitel había sido utilizado sin cobertura jurídica y que el Reglamento aprobado en 2005 no tenía rango normativo suficiente, ya que la Constitución exige que estos asuntos sean regulados por ley orgánica. Los mismos argumentos fueron utilizados por la Asociación de Internautas en el recurso que interpuso el 29 de junio de 2005 ante el Tribunal Supremo contra el citado Reglamento. El alto tribunal sentenció el 5 de octubre de 2008 que un reglamento no es suficiente para regular el secreto de las comunicaciones, aunque no aclaró si es necesario alcanzar el rango de ley orgánica. Sí deja la puerta abierta a todo el que se sienta perjudicado por una interceptación a que pueda recurrir ante el Tribunal Constitucional.
La existencia de Sitel cambia el chip sobre el funcionamiento de las escuchas que realiza la Policía. Antes, el juez ordenaba pinchar un teléfono y, acto seguido, los agentes se ponían a trabajar (ver gráfico). Aportaban al magistrado la conversación grabada y éste decidía qué parte tenía interés —y por lo tanto se incluía en el sumario—, y qué parte no lo tenía —y por lo tanto debía ser destruida—. Como entonces las conversaciones se grababan en cintas de casette, no había problemas a la hora de destruir el material. Sin embargo, ahora, con Sitel, no resulta tan sencillo. Los agentes aportan un CD, que luego destruyen si así lo exige el juez, quien no tiene por qué saber que esa grabación permanece en el servidor.
El martes 1 de septiembre, el portavoz de PP, Esteban González Pons, explicó los tres tipos de delito que a su entender debería analizar el juez y que se derivarían del procedimiento explicado. Uno, cuando los policías pinchan un teléfono sin permiso judicial. Dos, cuando lo hacen con permiso judicial, pero no se destruye el material. Y tres, cuando, además de almacenar la conversación, se filtra a los medios. Tras aparecer en El País y la Ser conversaciones de dirigentes del PP, el partido interpuso una denuncia por “revelación de secretos” e “interceptación ilegal de las comunicaciones con revelación”.
Sitel, el programa que 'escuchó' al PP :: Gaceta.es
Madrid.- El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero utiliza desde 2004 un software fabricado por Ericsson capaz de pinchar todos los teléfonos de España al mismo tiempo. El programa permite a la Policía rastrear a una velocidad inédita hasta ahora todo tipo de llamadas. Los agentes tienen acceso a las conversaciones en tiempo real, pero también a datos tan sensibles como la identidad de los comunicantes, el lugar desde donde llaman, la operadora que utiliza e incluso el tipo de contrato que tienen.
El Sistema Integral de Interceptación de Comunicaciones Electrónicas (Sitel) consigue esta revolución gracias a estar incardinado en el mismo proveedor de redes de comunicaciones en el que se apoyan las operadoras telefónicas. “Sitel es la propia centralita”, asegura un experto conocedor de la aplicación que prefiere permanecer en el anonimato.
El Gobierno de José María Aznar pagó 36 millones de euros a Ericsson por el software. Un año y medio después, la compañía entregó el programa al Ministerio del Interior, que se convirtió en propietario. Sin embargo, el PP no lo puso en marcha por no encontrar una cobertura legal adecuada —que regulara la privacidad y la protección de datos en este nuevo marco tecnológico—. Los informes de los ministerios de Justicia y Defensa y del Consejo General del Poder Judicial en 2001 y 2002 ponían demasiadas pegas.
Cuando el Ejecutivo socialista llegó al poder, no dudó en trabajar con el innovador software, que proporcionaba descomunales ventajas respecto a lo anterior. Hoy operan tres Centros de Interceptación de la red Sitel en España, uno en manos de la Policía Nacional, otro en la Guardia Civil y un tercero en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), informan a LA GACETA fuentes del Ministerio del Interior.
¿Un asunto técnico?
Conocedor de los informes judiciales negativos, el PSOE decidió enfocar la cuestión como un asunto meramente técnico, por lo que encargó el desarrollo legal al Ministerio de Industria, ignorando los nuevos problemas sobre privacidad y conservación de datos personales. Utilizó el mismo texto abandonado por el Gobierno Aznar y lo incluyó disimulado en el capítulo segundo del título V del Reglamento de la Ley General de Telecomunicaciones, del 15 de abril de 2005 (RD 424/2005).
Para entonces, Sitel ya llevaba un año funcionando sin marco legal. Así lo denunció el teniente fiscal de Madrid, Pedro Martínez, en un informe que elevó ante el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, en junio de 2006. Martínez advertía que Sitel había sido utilizado sin cobertura jurídica y que el Reglamento aprobado en 2005 no tenía rango normativo suficiente, ya que la Constitución exige que estos asuntos sean regulados por ley orgánica. Los mismos argumentos fueron utilizados por la Asociación de Internautas en el recurso que interpuso el 29 de junio de 2005 ante el Tribunal Supremo contra el citado Reglamento. El alto tribunal sentenció el 5 de octubre de 2008 que un reglamento no es suficiente para regular el secreto de las comunicaciones, aunque no aclaró si es necesario alcanzar el rango de ley orgánica. Sí deja la puerta abierta a todo el que se sienta perjudicado por una interceptación a que pueda recurrir ante el Tribunal Constitucional.
La existencia de Sitel cambia el chip sobre el funcionamiento de las escuchas que realiza la Policía. Antes, el juez ordenaba pinchar un teléfono y, acto seguido, los agentes se ponían a trabajar (ver gráfico). Aportaban al magistrado la conversación grabada y éste decidía qué parte tenía interés —y por lo tanto se incluía en el sumario—, y qué parte no lo tenía —y por lo tanto debía ser destruida—. Como entonces las conversaciones se grababan en cintas de casette, no había problemas a la hora de destruir el material. Sin embargo, ahora, con Sitel, no resulta tan sencillo. Los agentes aportan un CD, que luego destruyen si así lo exige el juez, quien no tiene por qué saber que esa grabación permanece en el servidor.
El martes 1 de septiembre, el portavoz de PP, Esteban González Pons, explicó los tres tipos de delito que a su entender debería analizar el juez y que se derivarían del procedimiento explicado. Uno, cuando los policías pinchan un teléfono sin permiso judicial. Dos, cuando lo hacen con permiso judicial, pero no se destruye el material. Y tres, cuando, además de almacenar la conversación, se filtra a los medios. Tras aparecer en El País y la Ser conversaciones de dirigentes del PP, el partido interpuso una denuncia por “revelación de secretos” e “interceptación ilegal de las comunicaciones con revelación”.
Sitel, el programa que 'escuchó' al PP :: Gaceta.es
