La inversión volverá bajar en el Presupuestos de 2012 para atajar el déficit.
La consejera de Hacienda estudia eliminar los planes de pensiones en empresas públicas.
Lourdes Lucio Sevilla 14 MAY 2012 - 22:10 CET
¿De dónde van a recortar 2.700 millones de euros? Esta pregunta se le ha formulado una y otra vez a todos los socialistas con algún nivel de responsabilidad desde que el pasado mes de abril, una vez celebradas las elecciones andaluzas, el Gobierno anunciara que reduciría el Presupuesto actual en 2.696 millones de euros, lo que supone un 8,4% menos de los 32.020 millones de euros aprobados por el Parlamento a finales de diciembre pasado.
Hasta ahora no ha habido contestación. Hoy parece que sí. La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, tiene previsto explicar cómo y dónde van a recortar las cuentas andaluzas, tras la reunión del Consejo de Gobierno, la segunda que mantendrá el Ejecutivo de coalición de PSOE e Izquierda Unida.
Los socialistas insisten en que no tocarán lo que ellos mismos consideran líneas rojas como son los derechos educativos, sanitarios y el empleo público. Pero sigue siendo un enigma la “cuadratura del círculo”, como ayer lo llamó la presidenta del PSOE, Rosa Torres, el diseño que prepara la Consejería de Hacienda para mantener la promesa de los socios del Gobierno de que hay un modelo diferente de gestión en tiempos de crisis diferentes de los Gobiernos de derechas.
A la espera de conocer los detalles del plan de ajuste, que ya remitió Martínez Aguayo a finales del pasado mes al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, fuentes del Gobierno andaluz aseguraron que una de las vías de ahorro previstas afectará muy posiblemente a los complementos salariales que perciben los empleados públicos, una medida que tendrá carácter temporal, según insisten. La inversión volverá a caer y no se descarta que Aguayo anuncie su previsión de obtener más ingresos aumentando los impuestos o creando nuevas figuras impositivas. El Gobierno andaluz quería contar con un amplio consenso sindical y de su socio a este paquete de medidas, por lo que ayer por la tarde se mantuvieron muchos contactos a múltiples bandas.
La idea del Gobierno de coalición es evitar a toda costa los despidos en la Administración, pero para conseguirlo uno de los caminos en estudio es el de reducir los pluses que perciben los trabajadores públicos manteniendo las retribuciones básicas. Según datos de noviembre de 2010, en Andalucía hay 266.999 personas con nómina de la Junta entre funcionarios, personal laboral y empleados públicos. El aumento de la jornada laboral en 37,5 horas aprobado por el Gobierno central, que es de obligado cumplimiento para las comunidades, obligaría a prescindir de muchos trabajadores. En el caso de Educación esta medida, unida al horario de clases de los profesores y al aumento del número de estudiantes por aula implicaría la salida de la Junta de 7.499 interinos. Eso si se aplica a rajatabla y no hay medidas paliativas.
Aguayo concretará hoy la línea que ya apuntó la consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, el pasado domingo en una entrevista a EL PAÍS, en la que afirmó: “Queremos mantener el empleo público a toda costa y antes que acometer cualquier despido, siempre será mejor abordar algunas retribuciones no básicas o la jornada laboral, con carácter temporal y a través del diálogo con los sindicatos”.
Las centrales sindicales conocen esta intención del Gobierno andaluz a través de contactos “informales” con la propia Díaz y la consejera de Hacienda, según fuentes del Ejecutivo. Pero tanto desde la Junta como desde los sindicatos se le niega a estas conversaciones carácter formal y muchos menos de negociación.
En este sentido, desde UGT negaron de manera tajante que haya abierto un proceso de entendimiento con la Junta en este aspecto. Las centrales sindicales no quieren hacerse responsables de los recortes presupuestarios del Gobierno andaluz y esperarán a que pase el Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo jueves para abrir, llegado el caso, las diferentes mesas de negociaciones en cada área de la Administración. Estos contactos también se han mantenido con Comisiones Obreras y sindicatos de la función pública como CSIF y Ustea.
Entre las medidas que estudia la Junta se barajan la eliminación de determinados planes de pensiones que tienen algunas plantillas de empresas públicas e incluso la eliminación de determinados complementos especiales que perciben los trabajadores que pasan a la jubilación.
El Gobierno de coalición va intentar apuntar en el debe del Gobierno de Mariano Rajoy estos recortes. Aseguran que se trata de un “imposición” por el cumplimiento del déficit.
En el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el pasado 6 de marzo, semanas antes de las elecciones autonómicas, Andalucía fue la única comunidad autónoma que votó en contra de fijar un déficit para este año del 1,5% del PIB. Pero ese voto de rechazo para nada significa que no esté dispuesta a cumplir con ese mandato, como ha dejado siempre claro el presidente de la Junta, José Antonio Griñán. También el vicepresidente andaluz y coordinador de IU, Diego Valderas, ha dicho que lo acatará “por imperativo legal”.
