La liberalización del sector se apoya en la teoría, internacionalmente aplicada, de que la división vertical de actividades y su posterior reglamentación específica pueden conseguir introducir la competencia y aumentar la eficiencia conjunta del sector eléctrico. La división resultante fue de generación, transporte, distribución y comercialización.
En
1997, durante el
primer Gobierno de Aznar, se promulgó la
Ley 54/1997 de 27 de noviembre del Sector Eléctrico3 (como
transposición de la
Directiva 96/92/CE de 19 de diciembre de 19964), que liberalizaba el mercado eléctrico en España. Dicha ley sufrió posteriormente diversas modificaciones en virtud de la Ley 53/2002 de 30 de diciembre, de la Ley 24/2005 de 18 de noviembre y de la Ley 17/2007 de 4 de julio. Ha sido derogada mediante la nueva ley del Sector Eléctrico 24/2013 aprobada en diciembre de 2013 que, no obstante, mantiene la estructura básica del sector.
Esta nueva regulación permitió la entrada de nuevos agentes en el mercado eléctrico, tradicionalmente oligopolístico, como las comercializadores independientes o las
cooperativas de energías renovables.
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Durante el Franquismo, el mercado eléctrico en España funcionaba como, por ejemplo, en Estados Unidos, y el precio de la electricidad para los consumidores era incomparablemente menor que el actual. Entonces, la electricidad costaba en España (descontando la inflación) como la cuarta parte que ahora.
Las redes eléctricas de distribución se habían ido construyendo poco a poco por parte de compañías eléctricas privadas. Esto hacía que la red de distribución en, pongamos, Galicia, fuera propiedad de cierta compañía, la compañía que la había construido, y la red el Cataluña fuera propiedad de otra compañía.
Aunque ninguna Ley impedía que otra compañía desplegase otra red de distribución paralela donde ya existía otra de otra compañía, en la práctica solo podía vender electricidad en Galicia la compañía propietaria de la red de distribución gallega (En USA hay muchos lugares con muchas redes paralelas)
También existía la posibilidad, por supuesto, que una compañía interesada en ofertar electricidad en Galicia, llegase a un acuerdo con la propietaria de la red gallega para alquilar su red. Sin embargo, ninguna Ley hacía obligatorios estos acuerdos.
Con la entrada de España en Europa, se vio, o ellos vieron, que este sistema de territorio fragmentado en redes privadas por territorios, no facilitaba la plena competencia porque creaba algo parecido a monopolios por regiones.
Para resolver esto, crearon la llamada 'liberalización', que no tiene ninguna relación con una privatización de activos antes de propiedad estatal.
La 'liberalización' a grandes rasgos, consistió en obligar a las compañías a dividirse en compañías separadas para el sector de la generación (centrales y pantanos), distribución (redes de largas distancias y urbanas) y comercialización (trato con los clientes finales)
Cualquier compañía de distribución estaría obligada por Ley a transportar la electricidad de cualquier generador hacia cualquier comercializador, a cambio de unos precios de transporte tasados por Ley. Esto permitía que cualquier compañía pudiese ofrecer electricidad a los hogares o industria en cualquier región, independientemente de quien fuera el dueño de la red.
Esta 'liberalización' incluía el pago, durante unos años, de unas compensaciones para adaptarse a la liberalización. Estas compensaciones han sido vendidas por la prensa demagógica como un regalo de los contribuyentes o de los usuarios, a las eléctricas pero no es así.
La red de transporte nacional sería desde la liberalización gestionada por una empresa estatal (REE) que cobraría a los operadores, generadores y comercializadores, por transportar su electricidad por "su" red. El problema es que la red de REE no era "su" red, sino la fusión de un conjunto de redes regionales que en su día habían construido distintas compañías privadas.
De modo que para que saliese adelante la 'liberalización' el Estado, REE, tuvo que comprar a esas compañías sus redes y esas 'compensaciones de adaptación a la liberalización' son el pago, a plazos, de esa compra. Aunque el Estado se hizo con la propiedad de esas redes (las expropió a un justiprecio) no fueron pagadas por los contribuyentes sino por los consumidores que vieron repercutido en su recibo la carga correspondiente.
Una vez que los políticos corruptos (valga la redundancia) descubrieron lo fácil que era cargar un impuesto políticamente invisible en el recibo de la luz, se dedicaron a cargar docenas y docenas de impuestos en el recibo de la luz (Minería, renovables, etc, etc. La inefable Cristina Narbona intentó colar el coste de las desaladoras)
El resultado es de todos conocido: la electricidad ha multiplicado por 4 su precio desde que el sector fue 'liberalizado', en el sentido en que fue puesto bajo las garras del Estado.
