jurbu
Madmaxista
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⚡⚡(HILO OFICIAL) : CRISIS DEL cobi19 ☣SARS-CoV2☣
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Cave canum
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Calviño es una pija que de socialista yo creo que tiene poco. Por vía marital señoritos extremeños con muchos familiares asesinados por los rojelios. Yo creo que Sánchez la puso por las tonterías del Ivancito al ser hija de José María Calviño. Con independencia de que valga, estoy segura que Iván Redondo la propuso por el golpe de efecto famoseo
Trovador
Madmaxista
La maniobra de Sánchez para aplicar sus decretos sin el visto bueno del Congreso
Si el Gobierno pospone la votación de sus medidas económicas a cuando ya no estén en vigor, el Congreso perderá su capacidad para tumbarlas. Un hecho sin precedentes en democracia
La oposición recela de Pedro Sánchez y temen que maniobre para esquivar el visto bueno del Parlamento a sus últimas medidas. El presidente de Gobierno ha congelado su relación con el resto de líderes políticos y centra el debate en el seno de Gobierno, donde intenta frenar la influencia de Pablo Iglesias.
Los recelos crecen en el resto de partidos, que adelantan que Sánchez continuará en el camino de la "unilateralidad" y que intentará posponer la convalidación en el Congreso de los últimos decretos ley, que han sido aprobados por el Gobierno sin negociación previa y por sorpresa, con la crítica de empresarios y formaciones, incluso aquellas como el PNV que le han brindado hasta ahora su apoyo. La situación planteada carece de precedentes parlamentarios y supondría de facto vetar la capacidad del Congreso de derogar las medidas del Gobierno.
Los reales decretos leyes son de aplicación inmediata y entran en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. El decreto aprobado el viernes prohibía a las empresas despedir a ningún trabajador durante la crisis, mientras este domingo decretaban el cese de la actividad no esencial sólo unos días después de negarse a endurecer el confinamiento.
[Sánchez congela las relaciones con la oposición]
Ambas medidas ya se están aplicando pese a no contar con el apoyo de la mayoría parlamentaria y su periodo de vigencia va ligado al estado de alarma. Ahora el Gobierno tiene el plazo de 30 días para ratificarlas en el Congreso de los Diputados, donde tendrán que contar con una mayoría simple. Unos números que a día de hoy no tienen. Su no convalidación supondría su derogación, según la Constitución. Un extremo que Sánchez no estaría dispuesto a permitir.
Tanto PP como Ciudadanos, que la semana pasada sí aprobaron los decretos de estado de alarma, han adelantado que esta vez no apoyarán sus medidas. Pablo Casado se expresó con dureza el lunes y tildó estas medidas como un "trágala", mientras el entorno de Inés Arrimadas aseguran que tampoco lo apoyarán a menos que Sánchez se avenga a negociar, algo que de momento de no se ha producido.
La relación de Sánchez con el resto de formaciones está paralizada en medio de la crisis. Sólo los días siguientes a la declaración del estado de alarma el presidente mantuvo algún contacto con el resto de líderes políticos, y de eso hace dos semanas. En la oposición le describen como un presidente sin iniciativa, al que son los propios dirigentes de la oposición quienes le lanzan sus propuestas sin obtener siquiera respuesta, tal como ocurrió este jueves con Arrimadas, que le envió un documento de medidas del que no obtuvo contestación.
[Voces del PSOE reprochan a Sánchez no haber creado una mesa nacional para gestionar la crisis]
Tanto Cs y PP sospechan que en esta ocasión Sánchez ni siquiera aspira ya a contar con el apoyo de una mayoría parlamentaria, y creen que tratará de esquivar la ratificación del Congreso a sus medidas económicas. Una opción que adquiere fuerza debido a los plazos que manejan en el ejecutivo.
Un hecho sin precedentes
La particularidad de los reales decretos leyes aprobados en los últimos días es que su fecha de aplicación es limitada: mientras la prohibición de los despidos se mantendrá durante el estado de alarma, el cese de la actividad económica no esencial culmina el 9 de abril, en lo que ha sido denominado por el Gobierno como "una extensión de la Semana Santa".
El Gobierno tiene hasta finales de abril para convalidar estos decretos, aunque para esa fecha las normas a debatir ya no estarán en vigor, ni tampoco podrán anularse sus efectos: "El resultado negativo en la votación de convalidación produce la inmediata cesación de los efectos del decreto-ley y su desaparición del ordenamiento, pero no la anulación de los efectos producidos durante su vigencia", señala la sinopsis recogida en el Congreso de los Diputados sobre el artículo 86 de la Constitución que regula los reales decretos.
Si el Gobierno somete a votación sus medidas económicas cuando ya no estén en vigor, el Congreso perderá su capacidad para tumbarlas
Aunque Sánchez baraja convocar un Pleno la próxima semana para prolongar de nuevo el estado de alarma, tal como adelantó LPO, desde Presidencia del Congreso señalan que no tiene por qué llevar estos decretos a la próxima sesión, ya que el plazo máximo no se ve alterado por el contenido de la norma; es decir, que el Gobierno sigue disponiendo de un mes para someterlo a votación aunque la aplicación de la norma expire antes.
De esta manera, Sánchez podría conseguir su propósito por la vía de los hechos, aplicando directamente las medidas y sometiéndola a votación sólo cuando la oposición no pueda tumbarlas. Hasta el momento sólo hay tres predecentes de decretos tumbados por el Congreso: en 1979, durante el Gobierno de Adolfo Suárez, cuando decayó la convalidación de las Juntas de Acuartelamiento, un organismo militar creado en 1956, durante el franquismo, y prorrogado después por Francisco Franco.
El segundo tuvo lugar en 2006 y fue fruto de un error, cuando 30 diputados socialistas votaron contra la subida de impuestos al tabaco de José Luis Rodríguez Zapatero. El Consejo de Ministros tuvo que reunirse al día siguiente para volver a aprobar la medida y poder llevarla de nuevo al Congreso, lo que retrasó su aplicación.
[Nadia Calviño, obligada a dar explicaciones a la CEOE por la medida que se resistía a aprobar]
El último caso se produjo en 2017, con el decreto sobre los estibadores del Gobierno de Mariano Rajoy, una norma que se vio obligado a modificar en un nuevo decreto después de que el Parlamento lo tumbara. Si por entonces el Ejecutivo volvió a redactar la norma para que pudiera ser efectiva su aplicación, no está claro cuál sería el procedimiento si las medidas de Sánchez decaen en el Congreso una vez que haya terminado su periodo de aplicación.
Esta situación sin precedentes podría servir a Sánchez para evitar ver comprometida su acción de Gobierno en un momento de debilidad, cuando está siendo cuestionado por la gestión de la crisis y cuando se enfrenta a turbulencias dentro del propio Gobierno de coalición.
La maniobra de Sánchez para aplicar sus decretos sin el visto bueno del Congreso
Si el Gobierno pospone la votación de sus medidas económicas a cuando ya no estén en vigor, el Congreso perderá su capacidad para tumbarlas. Un hecho sin precedentes en democracia
La oposición recela de Pedro Sánchez y temen que maniobre para esquivar el visto bueno del Parlamento a sus últimas medidas. El presidente de Gobierno ha congelado su relación con el resto de líderes políticos y centra el debate en el seno de Gobierno, donde intenta frenar la influencia de Pablo Iglesias.
Los recelos crecen en el resto de partidos, que adelantan que Sánchez continuará en el camino de la "unilateralidad" y que intentará posponer la convalidación en el Congreso de los últimos decretos ley, que han sido aprobados por el Gobierno sin negociación previa y por sorpresa, con la crítica de empresarios y formaciones, incluso aquellas como el PNV que le han brindado hasta ahora su apoyo. La situación planteada carece de precedentes parlamentarios y supondría de facto vetar la capacidad del Congreso de derogar las medidas del Gobierno.
Los reales decretos leyes son de aplicación inmediata y entran en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. El decreto aprobado el viernes prohibía a las empresas despedir a ningún trabajador durante la crisis, mientras este domingo decretaban el cese de la actividad no esencial sólo unos días después de negarse a endurecer el confinamiento.
[Sánchez congela las relaciones con la oposición]
Ambas medidas ya se están aplicando pese a no contar con el apoyo de la mayoría parlamentaria y su periodo de vigencia va ligado al estado de alarma. Ahora el Gobierno tiene el plazo de 30 días para ratificarlas en el Congreso de los Diputados, donde tendrán que contar con una mayoría simple. Unos números que a día de hoy no tienen. Su no convalidación supondría su derogación, según la Constitución. Un extremo que Sánchez no estaría dispuesto a permitir.
Tanto PP como Ciudadanos, que la semana pasada sí aprobaron los decretos de estado de alarma, han adelantado que esta vez no apoyarán sus medidas. Pablo Casado se expresó con dureza el lunes y tildó estas medidas como un "trágala", mientras el entorno de Inés Arrimadas aseguran que tampoco lo apoyarán a menos que Sánchez se avenga a negociar, algo que de momento de no se ha producido.
La relación de Sánchez con el resto de formaciones está paralizada en medio de la crisis. Sólo los días siguientes a la declaración del estado de alarma el presidente mantuvo algún contacto con el resto de líderes políticos, y de eso hace dos semanas. En la oposición le describen como un presidente sin iniciativa, al que son los propios dirigentes de la oposición quienes le lanzan sus propuestas sin obtener siquiera respuesta, tal como ocurrió este jueves con Arrimadas, que le envió un documento de medidas del que no obtuvo contestación.
[Voces del PSOE reprochan a Sánchez no haber creado una mesa nacional para gestionar la crisis]
Tanto Cs y PP sospechan que en esta ocasión Sánchez ni siquiera aspira ya a contar con el apoyo de una mayoría parlamentaria, y creen que tratará de esquivar la ratificación del Congreso a sus medidas económicas. Una opción que adquiere fuerza debido a los plazos que manejan en el ejecutivo.
Un hecho sin precedentes
La particularidad de los reales decretos leyes aprobados en los últimos días es que su fecha de aplicación es limitada: mientras la prohibición de los despidos se mantendrá durante el estado de alarma, el cese de la actividad económica no esencial culmina el 9 de abril, en lo que ha sido denominado por el Gobierno como "una extensión de la Semana Santa".
El Gobierno tiene hasta finales de abril para convalidar estos decretos, aunque para esa fecha las normas a debatir ya no estarán en vigor, ni tampoco podrán anularse sus efectos: "El resultado negativo en la votación de convalidación produce la inmediata cesación de los efectos del decreto-ley y su desaparición del ordenamiento, pero no la anulación de los efectos producidos durante su vigencia", señala la sinopsis recogida en el Congreso de los Diputados sobre el artículo 86 de la Constitución que regula los reales decretos.
Si el Gobierno somete a votación sus medidas económicas cuando ya no estén en vigor, el Congreso perderá su capacidad para tumbarlas
Aunque Sánchez baraja convocar un Pleno la próxima semana para prolongar de nuevo el estado de alarma, tal como adelantó LPO, desde Presidencia del Congreso señalan que no tiene por qué llevar estos decretos a la próxima sesión, ya que el plazo máximo no se ve alterado por el contenido de la norma; es decir, que el Gobierno sigue disponiendo de un mes para someterlo a votación aunque la aplicación de la norma expire antes.
De esta manera, Sánchez podría conseguir su propósito por la vía de los hechos, aplicando directamente las medidas y sometiéndola a votación sólo cuando la oposición no pueda tumbarlas. Hasta el momento sólo hay tres predecentes de decretos tumbados por el Congreso: en 1979, durante el Gobierno de Adolfo Suárez, cuando decayó la convalidación de las Juntas de Acuartelamiento, un organismo militar creado en 1956, durante el franquismo, y prorrogado después por Francisco Franco.
El segundo tuvo lugar en 2006 y fue fruto de un error, cuando 30 diputados socialistas votaron contra la subida de impuestos al tabaco de José Luis Rodríguez Zapatero. El Consejo de Ministros tuvo que reunirse al día siguiente para volver a aprobar la medida y poder llevarla de nuevo al Congreso, lo que retrasó su aplicación.
[Nadia Calviño, obligada a dar explicaciones a la CEOE por la medida que se resistía a aprobar]
El último caso se produjo en 2017, con el decreto sobre los estibadores del Gobierno de Mariano Rajoy, una norma que se vio obligado a modificar en un nuevo decreto después de que el Parlamento lo tumbara. Si por entonces el Ejecutivo volvió a redactar la norma para que pudiera ser efectiva su aplicación, no está claro cuál sería el procedimiento si las medidas de Sánchez decaen en el Congreso una vez que haya terminado su periodo de aplicación.
Esta situación sin precedentes podría servir a Sánchez para evitar ver comprometida su acción de Gobierno en un momento de debilidad, cuando está siendo cuestionado por la gestión de la crisis y cuando se enfrenta a turbulencias dentro del propio Gobierno de coalición.
La maniobra de Sánchez para aplicar sus decretos sin el visto bueno del Congreso
GOL
Tud Amun
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Dula
Madmaxista
A perro flaco todo son pulgas... que se aguante el sepulturero.
cruel e inhumano
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Sería supermagufísisimo
Sánchez ordenando de madrugada la vuelta de Franco al Valle, y poniéndole plañíderas pelomorado en turnos pidiendo perdón y rezando padres nuestros 24h * 365 días
romlo
Himbersor
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Menos mal que se le va poniendo coto a las mentiras del pro chino ese, Gracias.
MalosTiemposXaLaLirika
Tribulando
Por 3 sobre los oficiales como adelanté el otro día. Esa era la proporción que me adelantaba mi ojo de matemático y mi confianza en la función exponencial a pelito
sintripulacion
Madmaxista
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Intentando salvar en el último momento el pellejo...
El titánic se hunde.
estiercol inmobiliario
Será en Octubre
Van a destruir el mundo, pero no en una guerra...en su implosión como país.
